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Travesuras de un banco central

Gabriela Calderón de Burgos señala que en dolarización, tener un banco central no solo que es innecesario sino que puede ser altamente peligroso para la estabilidad financiera.

Un banco central, para ser considerado como tal, debe cumplir con dos funciones básicas: tener monopolio de la emisión monetaria y actuar como prestamista de última instancia. Al no desempeñar estas funciones, el nuestro no es verdaderamente un banco central, ni debería serlo en dolarización. El Banco Central del Ecuador (BCE), cuando si lo fue durante 72 años, tuvo un récord penoso.

Consideremos a Panamá, dolarizado desde 1904, solo tuvo banco central durante 7 días en 1941. Sin banco central y con mínimas regulaciones, Panamá ha logrado desarrollar uno de los centros financieros más importantes del hemisferio.

Pero tener un banco central en dolarización no solo que no es necesario sino que es peligroso. A lo largo de la última década, el BCE ha ido adquiriendo poderes que no le corresponden en dolarización, ni contribuyen a la estabilidad del sistema financiero.

Primero se dieron las regulaciones del BCE que lograron concentrar porciones cada vez mayores de la liquidez del sistema financiero en el central. A mediados de 2009 el directorio del BCE obligó a los bancos privados a repatriar la liquidez que mantenían en el extranjero, de tal manera que se llegue a tener un mínimo de 45% de su liquidez en el sistema financiero nacional. En 2012, se incrementó ese requisito a 60%.

Luego, un proyecto de ley mal concebido —el Código Orgánico Monetario y Financiero (COMF)— fue aprobado en septiembre de 2014, concediéndole amplios poderes a la Junta de Regulación Monetaria y Financiera (la “Super Junta”) que es, por su conformación, una dependencia del ejecutivo.

Gracias a este código —que contiene múltiples provisiones que sólo son aplicables en una economía con moneda nacional— el BCE tiene el poder de invertir la Reserva Internacional en activos que solamente el mismo gobierno considera líquidos. Los fondos que conforman la Reserva Internacional no le pertenecen ni al BCE ni al gobierno, sino en gran medida a las instituciones del sistema financiero y de la seguridad social, gobiernos seccionales y otras entidades públicas.

Desde octubre de 2014 hasta la actualidad, la Super Junta ha venido ordenando que el BCE preste crecientes cantidades de dinero al gobierno central. A la fecha los préstamos del BCE al gobierno, realizados por orden de la Super Junta, ascienden a $2.650 millones. Esto ha sido como que hayamos puesto a los ratones a cuidar el queso.

Cuando se pidieron estos nuevos poderes para el BCE se nos dijo que era para velar mejor por la liquidez del sistema financiero. Ahora vemos que el BCE parece estar más preocupado por atender las necesidades de liquidez del gobierno, incluso al costo de arriesgar la estabilidad del sistema financiero.

El gobierno ha intensificado su campaña para que la gente deposite sus dólares en el BCE y utilice el “dinero electrónico”. Sospecho que la campaña tendrá poco éxito por la justificada desconfianza que se ha ganado el gobierno y el BCE en cuanto a su habilidad de cuidar fondos ajenos.

Es tremendamente irresponsable que el BCE se comporte como un banco comercial de encaje fraccional y que lo haga arriesgando fondos que no le pertenecen. Las travesuras del BCE amenazan con crear problemas financieros y monetarios en un sistema dolarizado que no es proclive a estos ni tiene por qué tener un banco central.

Este artículo fue publicado originalmente en El Universo (Ecuador) el 17 de junio de 2016.

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Gabriela Calderón de Burgos es editora de ElCato.org, investigadora del Cato Institute y columnista de El Universo (Ecuador).