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65% de construcciones paralizadas es por la carencia de insumos

Hay 69.000 unidades detenidas y 146.000 sin iniciar. Especialistas advierten sobre impacto negativo de la Ley de Emergencia de Terrenos Urbanos y el proyecto de ley de arrendamiento.

La falta de insumos ha sido la causa para interrumpir la construcción de 65% de las viviendas que están paralizadas, aseguró el presidente de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela, Aquiles Martini, durante una mesa de análisis organizada por Cedice Libertad sobre la Ley de Emergencia para Terrenos Urbanos y el proyecto de ley de arrendamiento.

Martini indicó que las cifras del Banco Central de Venezuela revelan que la producción de todos los insumos de construcción cayó en 2010. La caída fue de 43,1% en maquinarias y equipos; 27,8% en cabillas, 26,6% en arena, granzón, gravas y otras piedras, 26,3% en productos de hierro y acero, 20,3% en materiales a base de yeso y 10,5% en cemento.

Los datos oficiales mostraron que la cantidad de unidades paralizadas en el último trimestre del año pasado ascendió a 69.000, un incremento de 137% con respecto al mismo período en 2009. Y que el número de viviendas sin iniciar ­tienen los permisos, pero aún no hay movimiento de tierras­ sumó 146.000, un alza de 4%.

Las viviendas terminadas, en cambio, bajaron 39% al pasar de 98.300 en 2009 a 59.900 en 2010. Martini advirtió que la caída seguirá este año debido a los efectos negativos que tendrán en el sector la Ley de Emergencia de Terrenos Urbanos promulgada vía habilitante y el proyecto de ley de arrendamientos de viviendas que se discute actualmente en la Asamblea Nacional.

Mercado en extinción. El presidente de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela afirmó que la Ley de Emergencia viola la propiedad privada y la planificación urbana, entre otras irregularidades. Sobre el proyecto para regular el arrendamiento, presentado por la Red de Inquilinos, dijo que suprimirá al mercado. “Con las condiciones propuestas, si una persona alquila una vivienda perderá la propiedad”.

Roberto Orta, presidente de la Asociación de Propietarios de Inmuebles Urbanos, coincidió con Martini. “La aprobación de este proyecto extinguirá el arrendamiento, por la inseguridad jurídica que generará”.

Cuestionó que se proponga la venta forzosa de los edificios para alquiler construidos antes de 1987 y la regulación de los en términos perjudiciales para los dueños.

Orta destacó que el argumento gubernamental de luchar contra el latifundio urbano carece de sustento, porque más de 90% de los propietarios de viviendas alquiladas tienen un solo inmueble. Recordó que 70% de los habitantes de los barrios tienen inquilinos.

EL NACIONAL – VIERNES 18 DE MARZO DE 2011