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Adiós, propiedad privada

Cedice advierte que las leyes de Tierras Urbanas y Propiedad Social vienen a completar la estrategia que el Gobierno puso en marcha en 2005 para acabar con la propiedad privada

Alejandro Hinds R.

Así lo afirmaron los participantes de la charla “¿Qué hacer ante el nuevo marco jurídico en contra de los derechos de propiedad?”, organizada ayer por el Centro de Divulgación del Conocimiento Económico (Cedice)

Isabel Pereira, socióloga y coordinadora del programa País de Propietarios de Cedice, advirtió sobre la existencia de un “círculo de destrucción de la propiedad privada”, que estaría formado por la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario (promulgada en 2005), la Ley de Tierras Urbanas (que espera por la firma del Ejecutivo después de ser aprobada por la Asamblea Nacional) y la Ley de Propiedad Social (todavía en discusión en el Parlamento).

La primera de estas legislaciones, recordó Pereira, fue usada para despojar a los productores del campo de sus tierras y sus consecuencias ya pueden observarse: Venezuela ahora tiene que importar rubros agrícolas que antes producía.

Las otras dos –advirtió– serán utilizadas para repetir lo hecho en las zonas rurales con los terrenos urbanos y las empresas. “Son tres leyes que destruyen la propiedad privada”, reiteró.

La socióloga resaltó que la propiedad privada, además de ser un derecho humano, es una herramienta útil para luchar contra la pobreza. La mejor evidencia –agregó– es que ningún país se ha desarrollado sin ella.

“Todas las naciones que en algún momento de su historia eligieron el camino de suprimirla (como China) ahora están devolviéndose. Venezuela es el único país que actualmente marcha en sentido contrario”.

Por eso considera que la defensa de la propiedad privada no incumbe sólo a quienes tienen muchos bienes, sino que es una obligación de cada uno de los venezolanos.

“Los grandes perdedores con la aplicación de la Ley de Tierras Urbanas, por ejemplo, serán los pobres. Casi 70% de los barrios del país están construidos en terrenos cuya propiedad no está definida. Al defender la propiedad se defiende el trabajo y el patrimonio”.

Garantías derogadas

El abogado Luis Alfonso Herrera, coautor del libro ¿Expropiaciones o vías de hecho?, aseguró que desde 2005 “el gobierno nacional ha aplicado, en diferentes áreas y por diversos mecanismos, una política sistemática de expansión de la propiedad estatal”.

Ésta –explicó– no sólo ha reducido la presencia del sector privado, sino que también ha derogado en la práctica el artículo 115 de la Carta Magna aprobada en 1999.

Herrera precisó que, al colocar a la expropiación como salvaguarda de la propiedad, este artículo otorga seis garantías. Las tres primeras son que haya “una declaratoria general y abstracta en ley formal de utilidad pública o interés social; un decreto de expropiación con precisa indicación de los bienes a expropiar y obligación de notificar a afectados; y razonabilidad (justificación económica y técnica) de ambos documentos”.

La cuarta garantía es la necesidad de que un tribunal dicte “sentencia firme que declare conforme a derecho el trámite de expropiación”. La quinta es “la determinación del precio justo a pagar por los bienes que serán expropiados”.

La última es el “pago oportuno del precio justo, antes del desapoderamiento”. La única excepción –en este caso– será cuando un tribunal dicte una medida cautelar de ocupación previa.

El abogado recordó que el incumplimiento de cualquiera de estas garantías convierte al proceso de expropiación en “algo ilegítimo o una vía de hecho”.

Y eso –agregó– no sólo es lo que ha hecho el gobierno durante los últimos años sino que es lo que podrá seguir realizando con leyes como la de Tierras Urbanas. “Esa legislación viola todas las garantías previstas en la Constitución para el derecho de propiedad”.

Problema político

Víctor Maldonado, director ejecutivo de la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Caracas, indicó que el ataque contra el derecho de propiedad –en su opinión tan importante como cualquier otro– no es un problema económico sino político.

“El presidente Chávez es comunista. Esto cuesta un poco venderlo, pero es así. Y el comunismo monopoliza la propiedad, porque así es más fácil para quienes gobiernan dominar la sociedad”.

Maldonado coincidió con Pereira en que esta arremetida gubernamental no sólo está dirigida a quitarle a quienes tienen mucho: “el gobierno, usando las leyes, va a despojarnos a todos de los derechos ciudadanos”.

Por eso hizo un llamado a quienes creen que podrán seguir disfrutando de sus propiedades porque no son ricos a unirse en la defensa de este derecho: “si no hay propiedad para unos, no habrá para nadie”.

El derecho de propiedad está consagrado tanto en la Declaración Universal de los Derechos Humanos como en la Constitución de Venezuela, pero el gobierno nacional lo ha derogado por la vía de los hechos.

Publicado en Tal Cual el 28/08/2009