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Aló… Fedecámaras

Las declaraciones formuladas por el Presidente de la República a partir del 31 de diciembre pasado, han suscitado serias preocupaciones en una parte importante del país.

ALÓ… FEDECÁMARAS

Por: Eddo Polesel (*)

Las declaraciones formuladas por el Presidente de la República a partir del 31 de diciembre pasado, han suscitado serias preocupaciones en una parte importante del país. Los anuncios sobre una inminente nacionalización -léase estatización- de todo lo que el oficialismo considera “estratégico”, a lo cual agrega el establecimiento de un nuevo orden territorial político-admistrativo basado en la figura de las Comunas, es decir, en una forma de organización social y económica que se basa en la propiedad colectiva y en la eliminación de los tradicionales valores de la familia, han resultado temas lo suficientemente impactantes, como para provocar cierta reacción signada por la preocupación, la incertidumbre y la desconfianza sobre la verdadera intencionalidad gubernamental relacionada con el futuro de la democracia en Venezuela.

Y si a tales anuncios se les añade que todo lo que se ponga en marcha, será complementado con cambios a la forma de propiedad, lo cual, según la lógica oficialista, implica el control de los medios privados e independientes de comunicación para que se supediten a las directrices oficiales y la ideologización de la educación desde el preparatorio hasta la universidad, resulta inevitable, entonces, que las interpretaciones y deducciones que surgen del seno de la ciudadanía, tengan que ver con la convicción de que se está en presencia de la materialización de un Proyecto Político al que se le trata de imponer a la fuerza, basando en la legitimación electoral del pasado 3 de diciembre. Proyecto –o simple propuesta política grupal- cuya más relevante característica es que asume lineamientos que van más allá de un sistema autoritario o de un Capitalismo de Estado -por lo demás, de triste recordación para los venezolanos- a partir del momento que vincula su posible éxito a la existencia de una sociedad colectivizada y sometida a un control progresivo de los medios de producción, es decir, a eso mismo que no le es ajena a la historia de muchos pueblos del mundo, porque les ha significado tener que vivir grandes tragedias, por lo que significa existir subyugadas a un modelo de país de los que hoy, si acaso, hay dos ejemplos en el mundo y rechazados por las naciones civilizadas.

Aun cuando el proceso electoral del 3 de diciembre arrojó el resultado que conocemos, ello no debe implicar –y menos para las organizaciones sociales democráticas- la renuncia a las libertades individuales, que es la característica predominante del venezolano y la condición libertaria herencia de su legado histórico. La democracia no es un eslogan: es una forma de gobierno que permite facilitar la búsqueda de acuerdos o de advenimientos mediante el diálogo social entre las instituciones públicas, y entre ellas con las organizaciones sociales que tienen vigencia en el país; todo en procura del bien común, que es lo que realmente debe perseguir el Gobierno y la sociedad organizada en una democracia.

La democracia no es gobierno del pueblo, sino un Gobierno para el pueblo. Gobernar para el pueblo no significa mandar e imponer una voluntad autocrática, sino actuar administrativamente de manera ética, para lograr el mayor bienestar posible de los gobernados y sin menoscabo de las libertades individuales. Las libertades individuales, las que conocemos y hemos vivido los ciudadanos de los países del mundo occidental, no son un privilegio que otorga el gobernante de turno; ellas son un derecho adquirido por los ciudadanos, a partir de las luchas libradas por los hombres de pensamiento libre en contra de los abusos de poder impuestos por un estatus monárquico, siempre signado por la creencia en la infalibilidad del Emperador, supuesto ungido por la providencia para decidir cuál debía ser el futuro de sus súbditos.

La modernidad política es entendida por los venezolanos como un conjunto de derechos consagrados por la Constitución y las leyes de la República, y la Declaración Universal de los Derechos proclamados por la Resolución de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en 1948 de la cual Venezuela es país miembro fundador. Por lo tanto, mientras que la Constitución de 1999 y este ACUERDO estén vigentes, ningún gobierno, mucho menos aquel que se derive de un voto popular, puede desconocer la existencia de los derechos ciudadanos y/o actuar en contra de esos principios, so pena de ponerse al margen de las naciones que se definen como democráticas.

La sociedad venezolana se merece la atención debida para resolver los problemas que confronta. No necesitamos una vuelta al pasado, sino abrir un futuro de expectativas positivas, lo cual pasa por el ejercicio libre y soberano de los derechos particulares y colectivos que la propia sociedad venezolana se ha dado a lo largo de más de 200 años de lucha, trabajo y práctica perseverante de su amor por la libertad.

Las organizaciones sociales de extracción democrática no son únicamente las que representan intereses económicos, y luchan por mantener vigente el legítimo derecho a desarrollar la actividades que cada quien desee emprender, por lo demás, parte determinante de un régimen de libertades. También están representadas por las que defienden los derechos civiles de representación y de organizarse en forma libre y democráticas para fines lícitos. A todas ellas, hoy les corresponde reaccionar, pronunciarse y actuar democráticamentre en consecuencia, porque lo que está en riesgo de extinción es todo cuanto significa el respeto de la persona, independientemente de su raza, sexo, credo y condición social. No se trata de confrontar por confrontar, sino de evitar lo que irremisiblemente ocurrirá si, con silencio y apatía, permitimos que triunfe una forma de gobierno que, en lugar de corregir las desviaciones en el orden moral, social y económico que hoy exhibe la Nación, echa manos del abuso en la práctica de las actividades políticas para lograr sus objetivos ideológicos, sin reparar, inclusive, en la trascendencia de la participación y del protagonismo individual, un derecho Constitución en tela de juicio.

Tienen que reclamar que el régimen de libertades individuales, económicas, políticas y sociales debe ser garantizado por el Estado Democrático y advertir que de, no hacerlo, significaría dejar de ser expresión de un país verdaderamente democrático. La libertad de expresión y los medios de comunicación social en general, sometidos sólo al imperio de la ley, y no del capricho del gobernante de turno, son, entre otras, fundamento esencial para el equilibrio entre el poder del Estado y los derechos de la sociedad. En forma institucional, tales organizaciones, inclusive, deben rechazar el ambiente de confrontación que prevalece en la acción del Gobierno, y reclamar que, en su lugar, se estimule la concordia y la búsqueda del bien común.

Las organizaciones sociales deben hacer sentir su voz y su peso, a los efectos de que las políticas públicas abandonen el populismo como forma de comprar conciencias, y exigir que la defensa del poder adquisitivo de la población -si es que realmente queremos mejorar sus condiciones de vida- sea una prioridad, unida a la creación de empleo productivo estable y bien remunerado. Porque se trata de problemas que deben ser resueltos por la sociedad venezolana, y al Gobierno le corresponde crear las condiciones favorables para un mejor desempeño de las diversas actividades propias de los particulares, sin menoscabo de las funciones del Estado, las cuales, desde luego, tampoco pueden estar dirigidas a establecer una competencia desleal con las actividades del sector privado mediante el uso discrecional e inadecuado de los fondos públicos. Adicionalmente, deben reclamar con fuerza que la lucha contra la corrupción debe ser dirigida no sólo a condenar los corruptos, sino también a eliminar las causas que la genera; y recordar que la restitución de la tranquilidad en la ciudadanía de los barrios, como de los centros urbanos y del medio rural, es una necesidad impostergable, ya que, definitivamente, no puede seguir existiendo indiferencia e impunidad ante la expansión del delito y de la violencia, cuyos peores resultados están reflejados en el alto número de muertes de personas que se produce a diario en cualquier rincón de la geografía nacional.

Debemos estar claros en que ninguna organización o sector que pretenda salir airoso de lo que está planteado, mediante la práctica del no involucramiento en el debate, o de “pasar agachado” para no comprometerse, está asegurando algún derecho a la salvación. La historia incluye ejemplos muy tajantes al respecto, cuando destaca que la forma de vida bajo gobiernos totalitarios, es igual para todos, incluso para quienes medran de ellos. Al movimiento empresarial organizado venezolano, le corresponde continuar asumiendo su cuota de participación en una lucha que no debe ser planteada ni dirigida en contra de alguien en especial, sino a favor de los derechos individuales que significan la posibilidad de vivir, progresar y actuar de acuerdo a la conciencias de cada quien, siempre sujeto al respeto de la ley, la cual, como lo establece la Declaración de los Derechos Universales en su articulo 7, debe garantizar: “Todos son iguales frente a ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley. Todos tienes derecho a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta Declaración y contra toda provocación a tal discriminación.”

(*) Expresidente de Fedecámaras, Consecomercio y del Consejo de Economía Nacional