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Análisis Costo Beneficio: Anteproyecto de Ley de Comunicación Social

Bajo la crítica al proceso de colegiación actualmente vigente, y condenando en consecuencia el surgimiento de una especie de elitismo sindicalista en la profesión de comunicación social, el editor de medios y ex-diputado, Gastón Guisandes presentó el 13 de agosto, ante la Comisión de Medios de la Asamblea Nacional, el anteproyecto de la Ley de la Comunicación Social con el fin de universalizar a la profesión en Venezuela. El documento, tras su publicación, fue rechazado de manera importante por miembros de la industria de comunicación, alcanzando relevancia importante en el debate público nacional.

De acuerdo a la presidente de la comisión Permanente de Medios de la referida instancia legislativa, Tania Díaz, en respuesta al descontento expresado, declaró que el texto mencionado obedecería exclusivamente como proposición para el debate y que el mismo no cumplía los requisitos para una propuesta formal de ley. Surge, sin embargo, la pregunta ¿Es importante la discusión acerca del funcionamiento que cumple el Colegio Nacional de Periodistas en una país que registró para el año 2013 un total de 287 violaciones a la libertad de expresión y 448 hasta agosto del 2014?

El anteproyecto de ley consiste principalmente en la implementación de un colegio de periodistas paralelo denominado Colegio Nacional del Comunicador Social, el cual se encontraría constituido por Capítulos Regionales por estado. Sería en estos capítulos en los cuales los comunicadores sociales se colegiarían, aunque el documento no especifica los requisitos ni beneficios, imprecisiones que se extienden por el resto del documento en aspectos fundamentales, como lo serían la conformación del reglamento o los mecanismos de financiamiento de los mismos.

Se suma a lo anterior uno de los reclamos más resonados al documento: la flexibilización de la colegiación, pues, bajo el término de “Comunicador Social”, la propuesta incluye, de acuerdo a lo estipulado en el Artículo 2, a personas que informen a través de las redes sociales, sin mayores consideraciones formativas. Tales inclusiones permiten a las personas sin capacitación en el área, acceder a medios de comunicación masivos, afectando cualitativamente a todas las fases del oficio periodístico, pues la recopilación de datos, contacto con fuentes, síntesis y presentación de la información, etc. requieren de una preparación específica y fundamental.

Resaltan también las implicaciones de censura en los Artículos 17 y 18 del documento legal, de los cuales se extrae “Se consideran faltas inexcusables, publicar o difundir informaciones o noticias que expongan, causen la muerte o provoquen daño grave o irreparable a personas que desconozcan cuanto vaya a publicar o difundir el comunicador social…” y “… Se considera inexcusable publicar o difundir hechos que exponen al desprecio público o pueden producir males irreparables (…) a personas sobre las cuales se informa de estados (…) irrelevantes…”, respectivamente. Tales extractos presentan una imprecisión legal que se presta al abuso del poder judicial venezolano, desencadenando en un importante incentivo a la autocensura y perpetuando la hegemonía comunicacional,la cual el Gobierno Central ha reconocido como objetivo estratégico en su guía de gobierno, punto 1.1.6.

En el presente análisis se profundiza en los aspectos ya mencionados, además de considerar los principales costos que se impondrían a la ciudadanía, los beneficios captados por el Gobierno Central, el cual profundizaría su dominio comunicacional en el país de mantenerse la esencia de censura y control que presentó la ya rechazada propuesta de “debate” del referido anteproyecto… ¡Descarga el documento y continúa leyendo!

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