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Análisis Costo Beneficio: de la Nacionalización del Oro y la Debilidad Institucional

Durante la vigencia de la Ley Habilitante otorgada al Presidente Nicolás Maduro, el funcionario llegó a aprobar más de 50 documentos de ley. Entre ellos, se encuentra el escrito centro del presente análisis, el cual materializa las disposiciones del Ejecutivo con respecto a la industria minera del oro, nacionalizada desde el 2011 bajo del Decreto de Ley Orgánica del mismo nombre. Desplazado así el sistema de concesiones, se esta-bleció un régimen de empresas mixtas con preeminencia del sector público, a la vez que se forzaba a los mi-neros a la venta obligatoria del oro al ministerio con competencia en la materia. A lo anterior se le puede des-cribir como poco menos que control virtualmente absoluto de la industria, y sin embargo, tres años después se hace necesario derogar el decreto del año 2011 y establecer una nueva legislación en la materia, ¿por qué?

Los distritos mineros del estado Bolívar han visto mutar la dinámica social de manera importante tras los altos y bajos de la industria (Lacabanna, 2012). Desde el resurgimiento de la minería del oro en el s. XIX, pasando por la crisis de 1983 y la apertura minera de los 90, los actores económicos han entrado y sido des-plazados de manera continua, erosionando la institucionalidad y gobernabilidad de la zona, especialmente tras posicionarse como extractores predominantes las mafias mineras una vez nacionalizada la industria. Así, en tanto el contrabando de oro se perfiló como la alternativa de venta más atractiva en comparación con las condiciones establecidas por el ministerio colocado, ningún órgano estatal o autoridad monetaria logró hacerse con el preciado metal, impidiendo así alimentar a las RRII, repatriadas durante el mismo año. Lo ante-rior hizo necesario establecer canales de comunicación y asociación con los pequeños mineros, por tanto haciendo necesario un nuevo acercamiento al obstáculo presentado.

Surge así el Decreto de Ley Orgánica vigente, foco del escrito, en el cual se formalizan tales asociacio-nes con los agentes económicos que operan en los sitios de extracción. Denominados Alianzas Estratégicas, y subdivididas en Brigadas Mineras, tales lazos pretenden garantizar la penetración necesaria en las institucio-nes informales de la región, y hacerse con el oro en consecuencia. Se establece además en el documento la creación de zonas con privilegio estatal para hacerse con capital de extracción y otras facilidades, denomina-das Núcleos de Desarrollo Minero (NUDEMIN), a la vez que se crea el Fondo Social Minero, cuyos recursos serían utilizados para “garantizar el desarrollo social” de comunidades mineras, aunque se estima se utilicen para incentivar la creación de las ya mencionadas Brigadas Mineras, o quizás pagar por el oro que compre el BCV.

De cualquier manera, la medida presentada se perfila como una de reforzamiento del carácter centra-lista asociado a la actual Administración Pública y al gobierno predecesor. Se apuesta en consecuencia por la profundización de ineficiencias, corrupción y control político ante un escenario que exige la liberalización y restablecimiento de instituciones fuertes que permitan el verdadero desarrollo de la región. Las leyes econó-micas, sin embargo, continúan imponiéndose sobre la miopía e hipertrofia estatal, aunque quizás a un ritmo menos imponente de lo necesario, haciendo del costo ambiental, entre otros, demasiado alto.

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