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Análisis Costo Beneficio: Decreto con Rango, Fuerza y Valor de Ley Orgánica de Precios Justos

Luego de más de una década de controles (mandatos) normativos y administrativos sobre las actividades económicas supuestamente abiertas a la libre competencia, que incluyen control de precios, control cambiario, planificación central de las actividades bancarias, de construcción, de alimentos, de medicamentos, etc., y de haber aplicado a dichas actividades normativas tales como el Decreto-Ley contra el Acaparamiento, el Decreto-Ley (luego ley) para la Defensa de las Personas en el Acceso a Bienes y Servicios (Ley del INDEPABIS) y el Decreto-Ley de Costos y Precios Justos (DLCPJ), cada una de ellas con peores resultados jurídicos y económicos que la anterior, el Presidente de la República, en uso de la Ley Habilitante que le otorgó la mayoría oficialista de la Asamblea Nacional, luego de varias semanas anunciándolo, publicó en la Gaceta Oficial No. 40.340, de 23.01.14, el Decreto con Fuerza y Rango de Ley Orgánica de Precios Justos (DLOPJ), a fin de no sólo establecer por actos normativos o particulares los costos y precios “justos” de toda actividad económica no sujeta ya, según otras leyes, a otros entes administrativos (seguros, bancos, empresas de telecomunicaciones, etc.) sino también la ganancia “justa”, y castigar penalmente con mayor severidad “delitos” como la usura, la especulación y el contrabando de extracción, entre otros.

Ha dicho el Presidente de la República, que con el DLOPJ en el Gobierno Nacional “queremos establecer un equilibrio necesario entre el costo de producción, de importación, la ganancia que se limita máximo a 30 % y el precio justo de todos los productos, para que la economía vaya tomando el equilibrio que necesita (…) estas medidas son necesarias para fortalecer la economía nacional que fue perturbada por la guerra económica de especulación y acaparamiento de la derecha nacional en 2013”. No obstante, según el artículo 3° del DLOPJ su fin es “consolidar el orden económico socialista” contemplado en el Plan de la Patria (G.O No. Extra. 6.118, de 04.12.13), el cual exige “democratizar los medios de producción, impulsando nuevas formas de propiedad, colocándolas al servicio de la sociedad”. Otros son “proteger al pueblo contra distorsiones del modelo capitalista” y “cualquier otro que determine el Ejecutivo Nacional”.

La investigación efectuada permitió concluir que el DLOPJ es inconstitucional, tanto por el modo en que se elaboró (inconsulto y violatorio de la reserva legal), como por su contenido en general, opuesto al sistema de economía social de mercado y violatorio de los derechos a la libertad económica, propiedad privada y libertad de elegir en el mercado, que produce una deslegalización y no una desregulación, de la materia de protección a los consumidores, con aumento desproporcional de las potestades normativa, discrecional y sancionatoria del Gobierno Nacional, en perjuicio del debido procedimiento, tutela judicial, defensa y presunción de inocencia de las empresas, por lo que su objetivo no es proteger los derechos de los consumidores, sino otorgar al Gobierno Nacional poder de control y planificación de la economía ilimitados, así como profundizar la criminalización de la actividad económica privada, conforme a lo señalado en el Segundo Plan Socialista, Plan de la Patria 2014-2019.

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