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Análisis Costo Beneficio: Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica para la Transferencia al Poder Popular, de la Gestión y Administración Comunitaria de Servicios, Bienes y otras Atribuciones

A mediados de noviembre del 2014, al culminar sus atribuciones legislativas especiales, el Presidente Nicolás Maduro dictó alrededor de cincuenta decretos-ley. Entre ellos el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica para la Gestión Comunitaria de Competencias, Servicios y Otras Atribuciones, reforma orientada a modificar aquella promulgada por el fallecido Presidente Chávez en noviembre del año 2012.

Esta normativa comparte el escenario con numerosas otras leyes de rango orgánico u ordinario, siendo todas producto de un proceso de diseño y promulgación en el que se incurrió en irregularidades que atentan contra el pluralismo político y democrático de la nación, aprovechando el control absoluto de la Asamblea Nacional por parte del oficialismo en el año 2010, o bajo el extensivo uso de las propiedades legislativas otorgadas al Presidente de la República por Ley Habilitante. Bajo estas características, estas normativas carecen de exposición de motivo, por lo que deben ser abordadas desde la consideración de su capacidad para cumplir el mandato constitucional que pretenden instrumentar.

El contenido específico del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica para la Gestión Comunitaria de Competencias, Servicios y Otras Atribuciones establece los mecanismos para la transferencia de la gestión y administración de servicios, actividades, bienes y recursos del Poder Público a Organizaciones de base del Poder Popular, específicamente en materia de atención primaria de salud, mantenimiento de centros educativos, producción de materiales y construcción de viviendas, políticas comunitarias de deporte y mantenimiento de instalaciones deportivas, actividades culturales, administración de programas sociales, protección del ambiente y recolección de desechos sólidos, entre otros. Para la planificación y seguimiento de esta transferencia están involucrados el Consejo Federal de Gobierno y el Ministerio del Poder Popular para las Comunas y los Movimientos Sociales.

Dada la forma en que está estructurado este Decreto-Ley y las atribuciones que se otorgan a un ministerio, ente directamente subordinado a la Presidencia de la República, la aplicación de esta normativa no profundiza un proceso de descentralización del poder, sino más bien drena de competencias y atribuciones a las Alcaldías y Gobernaciones que se transferirán a organizaciones clientelar e ideológicamente atadas al Ministerio para las Comunas, y como tal subordinadas a la Presidencia de la República. El Decreto-Ley analizado termina haciendo retroceder la descentralización del Estado venezolano en favor de una desconcentración del poder que reside jerárquicamente bajo la potestad del Presidente. La principal recomendación que se puede hacer para este caso es modificar el contenido del decreto para limitar a la Presidencia de la República, a través de su ministerio, del proceso de descentralización que es potestad propia del Consejo Federal de Gobierno, que se eliminen los sesgos ideológicos en su contenido, que se abra la posibilidad de transferencia de competencias a entes privados y, por último, que se aumente la cuota de responsabilidad y participación en el diseño y seguimiento de los efectos de este decreto a las Alcaldías y Gobernaciones, quienes podrían llevar un seguimiento más efectivo del proceso.

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