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Análisis Costo Beneficio: Decreto de Protección a los Arrendatarios de Inmuebles Destinados a Actividades Comerciales

Finales de 2013 estuvo signado por una campaña electoral para la elección de Alcaldes y de Concejales (representantes ante los parlamentos locales) en más de 300 Municipios existentes en el territorio de Venezuela, la cual tuvo una inusual trascendencia nacional al ser asumida tanto por el Gobierno Nacional y el partido de Gobierno (PSUV) como por los partidos y las organizaciones políticas que integran la Mesa de la Unidad Democrática como una elección de aprobación o desaprobación de Nicolás Maduro Moros como Presidente de la República, así mismo por la aplicación de una seria de medidas administrativas en contra del sector comercio de la economía (acusado de especulación y usura) en vísperas de las fechas de navidad y año nuevo, publicándose en Gaceta Oficial No.40.305, de 29.11.13, el Decreto No. 602 de Protección a los Arrendatarios de Inmuebles Comerciales, por el cual se estableció un canon máximo de arrendamiento a inmuebles para comercios, oficinas y demás establecimientos con fines comerciales (en adelante, Decreto No. 602).

Según el Presidente de la República: “Este decreto tiene el objetivo central de proteger a todos los venezolanos que trabajan”, y se dicta en forma “urgente mientras establecemos una nueva ley que se regularice todo esto, para que se desaten las fuerzas productivas del país”. Según el Ministro para Vivienda y Hábitat, Ricardo Molina “lo que está contenido en el instrumento legal es la ‘sinceración arrendaticia’ (…) el cobro de 250 bolívares mensuales por metro cuadrado de cada local comercial es ‘un monto justo’” (ver declaraciones en: http://goo.gl/RzTm7S).

El Decreto No. 602 establece un “régimen transitorio de protección de arrendatarios de inmuebles”, por el cual se regulan los cánones de arrendamiento de locales destinados a las actividades comerciales, industriales y de producción, los cuales no podrán exceder de Bs. 250,00 el metro cuadrado; por otro lado, se señala en el acto que el monto por concepto de condominio no podrá exceder de 25% del canon de arrendamiento mensual; finalmente, suspende en forma automática cláusulas contenidas en los vigentes contratos de arrendamiento, tales como: cánones en moneda extranjera, ajustes periódicos de canon, multas al arrendador por no abrir el local, por abrir fuera del horario o por cierre anticipado, y las imposiciones de arreglo de fachadas y vitrinas, y la resolución unilateral. El Decreto, además, prohíbe la aplicación de medidas cautelares judiciales de secuestro de bienes comerciales o inmuebles vinculados con la relación del arrendatario, así como el arbitraje.

La investigación realizada permitió concluir que la puesta en vigencia del referido decreto generará respecto de los arrendamientos de inmuebles para fines comerciales efectos negativos y contrarios al crecimiento y estabilidad del sector tal como los generados por la Ley para la Regularización y el Control de los Arrendamientos de Viviendas en el área de la oferta de inmuebles para uso como vivienda; entre otros: abuso en el ejercicio de derechos de los arrendatarios, pérdida del derecho de propiedad, eliminación de la figura del contrato e imposición del acto administrativo como medio de arrendar, pérdida de la inversión hecha por los constructores de los establecimientos al no poder ya obtener la utilidad que esperaban, eliminación de incentivos para la construcción en el área.

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