Análisis Costo-Beneficio: Decreto-Ley del Centro y la Corporación Venezolana de Comercio Exterior y de las Reformas Cambiarias

"Todas las civilizaciones, hasta el presente, se han basado en la propiedad privada de los medios de producción. Civilización y propiedad privada fueron siempre de la mano" - Ludwig Von Mises

Análisis Costo-Beneficio: Decreto-Ley del Centro y la Corporación Venezolana de Comercio Exterior y de las Reformas Cambiarias

En medio de una situación económica caracterizada por la restricción de acceso a las divisas por parte del Gobierno Nacional para pagos de deuda, asunción de nuevas deudas y pago de importaciones tanto del sector público como en especial del sector privado, situación que es negada por el Ejecutivo, que atribuye el fenómeno a medidas que se adoptan ante la corrupción y el mal uso de las divisas por las empresas privadas, se publicó en la Gaceta Oficial Extraordinaria N° 6.116, de 29.11.13, el Decreto N° 601 con Rango, Valor y Fuerza de Ley del Centro Nacional de Comercio Exterior y de la Corporación Venezolana de Comercio Exterior (en adelante, DLCECV); en la Gaceta Oficial N° 40.307, de 03.12.13, el Decreto N° 608, por el cual se creó, con carácter temporal, la Comisión Presidencial para la Verificación de la Conformidad del Otorgamiento de Divisas por parte del Estado Venezolano y su Correcto Uso (en lo que sigue, DCPCOD); y en la Gaceta Oficial Extraordinaria N° 6.117, de 04.12.13, se publicó el Decreto N° 636 con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma Parcial de la Ley contra los Ilícitos Cambiarios (en lo sucesivo, DLRLCIC).

El DLCECV tiene por objeto regular la nueva institucionalidad y optimizar el sistema cambiario de acuerdo con los objetivos de la nueva política económica establecidos en el Plan de la Patria, lo que se concreta en: a) Crear el Centro Nacional de Comercio Exterior (CNCE); y b) Autorizar la creación de una empresa del Estado denominada Corporación Venezolana de Comercio Exterior (CVCE); el DCPCOD tiene por objeto permitir realizar las verificaciones necesarias, tanto del sector público como privado, para determinar que el otorgamiento de divisas por parte del Estado Nacional a empresas públicas y privadas durante los ejercicios fiscales 2011, 2012 y 2013; y por último, el DLRLCIC introduce un único cambio en el texto de la ley vigente en la materia, a saber, la incorporación de la Disposición Transitoria Tercera que establece: “Tercera: Quedan exentas de la aplicación de los artículos 5 y 9 de la presente ley, así como cualquier otra norma que colide con esta disposición, las personas naturales residentes en la República que abran o posean cuentas en moneda extranjera en la Banca Pública”.

La investigación realizada permitió comprobar, por un lado, que con esta nueva normativa cambiaria no se produjo la apertura o flexibilización que se demandaba (legalizar de nuevo el llamado dólar permuta o permitir el acceso a divisas a precio libre a través del mercado de valores), y que la normativa examinada en este Análisis Costo Beneficio, además de centralizar y burocratizar aún más el régimen y sistema de asignación de divisas oficiales a los particulares y a órganos estatales (estacando la economía y creando tratos discriminatorios propicios para la corrupción), y por otro, que como ha sido ya señalado, la actuación del Estado como importador en los últimos 10 años, que ha estado signada por una alta burocracia, que genera retrasos, corrupción, pérdida de mercancía y escasez de bienes es una tendencia que “se acentuará ahora que el gobierno pretende centralizar las compras externas y añadir nuevos rubros a la lista de importaciones” (ver declaraciones de varios expertos en: http://goo.gl/Xe1g1Q).

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