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Análisis Costo Beneficio: Ley Antimonopolio

El pasado 25 de noviembre de 2014, fue reimpreso en Gaceta Oficial, el decreto con valor y fuerza de Ley Antimonopolio, que le permitió al Gobierno Central concretar, por Ley Habilitante, una iniciativa particular contra monopolios, oligopolios, y fallas de mercado, que desde el año 2006 había tratado de implementar, primero con la propuesta de Ley Antimonopolio, Antioligopolio y la Promoción de la Competencia Justa, y luego con la propuesta de Ley Contra los Monopolios y Otras Prácticas de Similar Naturaleza en el 2012. Mediante el Decreto Ley Antimonopolio fue derogada la legislación sobre competencia vigente desde el año 1992 y se introducen importantes consideraciones conceptuales, y concesiones otorgadas por el Ejecutivo.

A lo largo del Decreto Ley de Monopolios, se presentan consideraciones preocupantes que llevan a dudar de la efectividad con la cual se pretende atacar a esta falla de mercado, pues si bien se busca disuadir a los agentes económicos de incurrir en las condiciones de mercado penadas, el exonerar de las prohibiciones estipuladas en la legislación a empresas estatales y estratégicas, terminan por incentivar el surgimiento de situaciones de competencia desleal, a la vez que se incentiva la búsqueda de ventajas a través del mercado político para desplazar rivales o asegurar posiciones de dominio creando barreras de entrada artificiales. Puesto que la finalidad de toda legislación antimonopolio es mantener en la medida de lo posible una condición generalizada de competencia económica, pues de esta manera se maximiza la eficiencia en el proceso
económico, las distinciones otorgadas a estas empresas privilegiadas imponen elevados costos sobre los consumidores, agentes cuya protección debiera ser prioritaria.

A través del análisis costo-beneficio presentado, se determinó que el decreto ley antimonopolio representa una imposición de costos generalizados sobre la sociedad venezolana debido a la pérdida de eficiencia en mercados nacionales, que al ser contrastados con las partes beneficiadas, principalmente aquellas empresas para las cuales las limitantes planteadas en el Decreto de Ley no aplican, logran perfilarse como el impacto más relevante. Se suman a los efectos perjudiciales de la ley los incentivos institucionalizados al momento de penalizar posiciones de dominio económico sin importar su origen, obviando así distinciones entre hegemonía por uso de precios predatorios, por ejemplo, y aquella correspondiente al ejercicio empresarial o desarrollo de nuevas tecnologías, efectivamente desincentivando la búsqueda de tales factores fundamentales.

Es bajo tales observaciones que el Observatorio Económico-Legislativo de CEDICE recomienda la derogación del documento de ley en cuestión, optando por una puesta en vigencia de una legislación eficiente que obedezca a la discriminación entre casos de dominio económico y un sistema legal que habilite tal acción, permitiendo así reconocer cuales situaciones de dominio de mercado son meritorias y cuales obedecen a circunstancias que coloquen en detrimento el bien público de la eficiencia de mercado. Esto en caso de ser necesaria la intervención del aparataje estatal. Se extiende además, como conclusión lógica, la ausencia de privilegios de cualquier tipo a ningún agente económico.

De cualquier manera, más allá del diseño y redacción de la regulación antimonopolio que se pretenda implementar, la misma depende fundamentalmente de la fortaleza institucional vigente en el país que tenga como objetivo buscar la eficiencia económica y la protección racional del consumidor. Es bajo tales aclaraciones que más allá de una derogación de ley, una redacción eficiente de nuevas propuestas y su posterior implementación a través de los mecanismos pertinentes, las reformas necesarias para garantizar el bienestar económico asociado a la competencia económica, son mucho más que un simple documento legal.

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