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Análisis Costo Beneficio: Ley de Registro y Alistamiento para la Defensa Integral de la Nación

En la Gaceta Oficial No. 40.440, de 25.06.14, se publicó la Ley de Registro y Alistamiento Militar (en lo que sigue, Ley de Registro Militar), cuyo objetivo es “regular el registro y el alistamiento para la defensa, la seguridad y el desarrollo integral de la Nación, de conformidad con lo establecido en la Constitución de la República y demás leyes que rigen la materia”.

El contexto en el cual se pone en vigencia este nuevo texto legal se caracteriza por una acción del Gobierno Nacional, y dentro de él, del componente militar, de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y sus casi ya innumerables unidades administrativas, basada en la existencia de una supuesta “guerra económica” ejecutada por el sector privado, de “un golpe lento” llevado a cabo por la oposición democrática contra quien ejerce el cargo de Presidente de la República y de “agentes traidores a la patria” como las organizaciones e instituciones privadas que reciben fondos vía cooperación nacional o internacional para trabajar con la debida autonomía y calidad en ámbitos como derechos humanos, defensa de los consumidores, protección de la propiedad o rendición de cuentas en áreas como la lucha contra la corrupción o seguridad y defensa.

El principal impacto de esta Ley de Registro Militar sobre la propiedad una vez esté plenamente en vigencia serán los costos que los particulares, y en especial las empresas privadas, tendrán que asumir para lograr no sólo la inscripción en el Registro para la Defensa Integral (RPFI), sino en especial para (i) mantener actualizada su información en dicho Registro y (ii) para verificar que todas las personas naturales o jurídicas con las que se relacionen en lo laboral, contractual y académico estén al día con el RPFI, a fin de evitar sanciones. También serán un impacto sobre la propiedad las interrupciones, vulnerabilidad y dificultades para funcionar que la aplicación de este nuevo control generará sobre los procesos productivos, comerciales, financieros, etc., en especial para obtener la solvencia laboral, e igualmente para intentar cumplir con sus demás exigencias (de entregar la información que les pida el RPFI) y evitar sanciones administrativas o de otra índole.

Como conclusión general desde CEDICE se afirma que los costos de crear esta organización burocrática, el RPFI, así como los derivados de su cumplimiento por los particulares, en especial las empresas privadas, no serán compensados por los beneficios que pueda producir la Ley de Registro Militar, ya que tales beneficios serán exclusivamente para la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, desde el punto de vista del poder y el control que ésta asumirá sobre el resto del Estado y la sociedad, pues esta Ley, lejos de ser un instrumento necesario y útil para garantizar la seguridad en el territorio nacional y sus fronteras, será solo una fuente más de burocratización, espionaje, intervención en la vida de las personas y la economía y acaso también una vía más de persecución de la disidencia dado los poderes discrecionales ilimitados que se dan al RPFI (que es parte del Ministerio del Poder Popular para la Defensa, según los artículos 15 y siguientes de la Ley).

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