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Análisis Costo Beneficio: Leyes del Poder Popular. ¿Para qué han servido?

En diciembre de 2010, luego de celebradas las elecciones a diputados a la Asamblea Nacional de ese año (es decir con un Parlamento sin legitimidad popular para ello) se sancionaron y pusieron en vigencia las denominadas Leyes del Poder Popular, las cuales incluyen los siguientes textos legislativos con carácter orgánico: Ley del Poder Popular, Ley de los Consejos Comunales (puesta en vigencia años antes que las demás), Ley de las Comunas, Ley de la Contraloría Social y Ley del Sistema Económico Comunal, entre otras.

Para entender por qué estas Leyes del Poder Popular, a pesar de ir contra los Estados, los Municipios, la Constitución y la libre participación ciudadana en los asuntos públicos, han tenido apoyo en una parte importante de la ciudadanía, se debe tener en cuenta que el Gobierno Nacional ha indicado que sólo gracias a ellas será posible lograr importantes beneficios para la población en general. Entonces, cabe preguntarse: ¿Cuáles son esos beneficios que el Gobierno Nacional podrán generar si y sólo sí se mantienen vigentes las Leyes del Poder Popular?
Pues bien, las respuestas supuestamente serían:

  1. Disminuir costos de funcionamiento de la Administración Pública, pues se ahorraría en gastos burocráticos, de personal, etc., e invertiría esos recursos directamente en la ciudadanía;
  2. Disminuir y casi erradicar los casos de corrupción, pues al manejar los fondos públicos “el pueblo” y no la burocracia aquél “no se robaría a sí mismo”;
  3. Profundizar la “democracia participativa” y superar la “democracia representativa” al transferir más decisiones a la población quitándoselas a los burócratas;
  4. Mejorar la calidad de los servicios públicos y construcción de obras, pues los responsables y los supervisores de todo ello sería ahora “el pueblo” directamente y no la Administración; y
  5. Aumentar la seguridad jurídica y respeto a la legalidad, ya que serían los mismos beneficiarios y no funcionarios públicos quienes se encargarían de contratar, interpretar y aplicar las normas jurídicas que rigen el funcionamiento de las instancias del Poder Popular.

El Análisis Costo Beneficio que a continuación se presenta permitió comprobar que la aplicación de las Leyes del Poder Popular:

  1. No han disminuido los costos de funcionamiento, pues las instancias del Poder Popular consumen más recursos que los Municipios y Estados;
  2. No han disminuido los casos de corrupción, pues ésta se ha desbordado debido a la falta de control fiscal;
  3. Demostró que la “democracia participativa” es inviable y que al debilitar o aniquilar la “democracia representativa” se complica y patrimonializa el proceso de toma de decisiones;
  4. No mejoró la calidad de servicios públicos y construcción de obras, ya que las instancias del Poder Popular no han adquirido el grado de institucionalidad y capacidad técnica de los funcionarios estatales y municipales; y
  5. Aumentó la inseguridad jurídica y redujo o acabó con el respeto a la legalidad, pues a las ambigüedades y problemas de las Leyes del Poder Popular se suman complicadas reglamentaciones dictadas por el Gobierno Nacional para cumplir con su inscripción y regir su funcionamiento.

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