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Análisis Costo Beneficio: Leyes y Decreto de Misiones, Grandes Misiones y Micro-misiones. ¿Estructura paralela a la institucionalidad prevista en la Constitución?

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En la Gaceta Oficial No. Extraordinario 6.148 de 18 de diciembre de 2014, se publicó la reforma de la Ley Orgánica de Planificación Pública y Popular, mediante Decreto con Rango Valor y Fuerza de Ley (en lo que sigue DLOP); cuyo principal objetivo, tanto en su primera versión de 2010 como en su reforma a través de este Decretoley de 2014, es establecer el régimen a seguir para que el Ejecutivo Nacional intervenga en la planificación de las políticas públicas tanto del ámbito nacional como estadal y municipal en pro de la “construcción de la sociedad socialista” (art. 1 DLOP).

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Por otro lado, en la Gaceta Oficial No. Extraordinario 6.154 de 19 de noviembre de 2014, se publicó el Decreto con Rango Valor y Fuerza de Ley Orgánica de Misiones, Grandes Misiones y Micro-misiones (en lo que sigue DLOM), el cual establece el marco jurídico que concierne a la creación, supresión y fusión de las diferentes misiones que existirán a fin de “…asegurar el ejercicio universal de los derechos sociales…”.

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De acuerdo con declaraciones del Presidente de la República, los Decretos objeto de este Análisis Costo Beneficio se promulgaron con el fin de favorecer la participación ciudadana y cubrir diferentes necesidades de los venezolanos. No obstante, cuando se hace una lectura crítica de ambos lo se halla es un compendio de poderes, instancias burocráticas y mecanismos que van engranando un gran sistema de centralización del poder, de alto costo económico para el presupuesto nacional, tanto de políticas públicas como económicas, que quedan concentradas en el Presidente de la República, quien tendrá la voz última según esos decretos-ley, poderes que por demás se ha otorgado a sí mismo el Presidente al ser el autor de los decretos bajo estudio.

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Ambos Decretos-Ley demandan destinar cuantiosos recursos para financiar los planes y todo el aparataje burocrático que crean y consolidan, los cuales provendrán no sólo de la renta petrolera, sino muy probablemente de la creación o alza en los impuestos vigentes, o de las innumerables contribuciones especiales que existen en leyes como la del deporte, la de bancos y la de ciencia y tecnología, entre otras, lo que dará lugar a nuevas tomas coactivas del patrimonio de empresas privadas y de los ciudadanos, que deberán asumir gastos públicos que no necesariamente se traducirán en su beneficio.

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Como conclusión general se debe señalar que para la ciudadanía en general, y para los más pobres en particular, los costos de estos Decretos-Ley son mayores que sus beneficios, dado que estos últimos en realidad terminan por otorgar más poderes al Gobierno, en especial al Presidente de la República, facultándole así para manejar y disponer cada vez más de fondos públicos que deberían destinarse a la satisfacción de las necesidades ciudadanas por vías institucionales y no a través de la creación de instancias que supuestamente buscan favorecer la participación ciudadana pero que terminan por someterla cada vez más a la voluntad presidencial, al tiempo que añaden nuevos motivos para extraer coactivamente más recursos privados y afectar derechos de propiedad, con tal de obtener recursos para mantener esa burocracia ineficiente.

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