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Análisis Costo Beneficio: Providencia Administrativa 00042

En esta oportunidad, el Observatorio Económico Legislativo de Cedice Libertad, les Análisis Costo Beneficio: Providencia Administrativa 00042. ¿Obligar a vender a los arrendadores inmuebles con más de 20 años, solución para el acceso a la vivienda?

Resumen Ejecutivo

Ya hace tres años, en la GO. Extraordinaria No. 6.053 del 12.11.11, fue publicada la Ley para la Regularización y Control de los Arrendamientos de Vivienda (LRCAV), legislación que como se indicó desde el tiempo de su “discusión” por la Asamblea Nacional resulta contraria tanto al fomento del mercado de arrendamientos inmobiliarios, como a los derechos de propiedad de los propietarios de inmuebles aptos para ser arrendados con fines de vivienda, pues suprimió el régimen contractual de los alquileres imponiendo a través de mandatos, un régimen jurídico administrativo, casi sin revisión judicial y de control pleno por parte del Gobierno Nacional sobre el uso, goce y disposición de los inmuebles para arrendar, los cánones, el valor del inmueble, la duración del alquiler, la obligación de venta definitiva de los inmuebles, entre otros aspectos, el cual genera desconfianza y desincentivó la construcción de nuevos inmuebles para estos fines.Por atribuciones conferidas por la LRCAV, la Superintendencia Nacional de Arrendamiento de Viviendas (SUNAVI) publicó en la GO. 40.382, de 28.03.14, la Providencia Administrativa No. 00042, en la cual se establecieron las normas para que los propietarios y arrendadores de edificios que tengan veinte años o más dedicados al arrendamiento los oferten en venta a sus arrendatarios o arrendatarias (Providencia No. 00042), dando entonces aplicación a la obligación legal que la LRCAV creó en su Disposición Transitoria Quinta.

La Providencia No. 00042 priva directamente a los dueños de inmuebles con más de 20 años de arrendados con fines de vivienda de la libertad de mantener o disponer mediante la venta de bienes legítimamente adquiridos por ellos o sus familias (por ello es cínico decir que “ofertarán”). Además se les quita el derecho a mantener ingresos (frutos) por el alquiler de esos bienes que lícitamente forman parte de su patrimonio familiar o personal, y, por último, se desconoce su derecho a fijar el precio de venta, aún en contra de su propia voluntad, del inmueble arrendado, según el mercado inmobiliario, ya que será la SUNAVI la que establecerá en forma unilateral ese precio.

Al revisar la Providencia No. 00042, se puede concluir que además de inconstitucional igual que la LRCAV, ya que desconoce la propiedad privada, la libertad de contratación y el debido proceso judicial, es económicamente irracional, pues en lugar de contribuir con la libre asignación por vía de contratos y del mercado inmobiliario de los derechos de propiedad sobre inmuebles con fines de vivienda, así como de fomentar tanto la oferta de inmuebles para alquiler como la construcción de nuevos inmuebles con ese fin, pretende obligar y planificar por vía de la SUNAVI la asignación de esos derechos pero a partir del expolio, estableciendo con ello el más fuerte desincentivo para que otros particulares y constructores, ante el temor a perder su propiedad y esfuerzo, contribuyan a dar solución al problema de las familias sin inmuebles con fines de vivienda.

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