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Análisis Costo-Beneficio: Proyecto de Reforma 2009 de la Ley Orgánica del Trabajo de 1997

La Constitución de 1999, en su Disposición Transitoria Cuarta ordenó a la Asamblea Nacional que dentro del 1er año contado desde su instalación aprobara:

“…mediante la reforma de la Ley Orgánica del Trabajo, un nuevo régimen para el derecho a prestaciones sociales reconocido en el artículo 92 de esta Constitución, el cual integrará el pago de este derecho de forma proporcional al tiempo de servicio y calculado de conformidad con el último salario devengado, estableciendo un lapso para su prescripción de diez años. Durante este lapso, mientras no entre en vigencia la reforma de la ley seguirá aplicándose de forma transitoria el régimen de la
prestación de antigüedad establecido en la Ley Orgánica del Trabajo vigente. Asimismo, contemplará un conjunto de normas integrales que regulen la jornada laboral y propendan a su disminución progresiva, en los términos previstos en los acuerdos y convenios de la Organización Internacional del Trabajo suscritos por la República”.

Tal mandato ha sido, hasta la fecha, flagrantemente desobedecido por la Asamblea Nacional, ello a pesar de que, incluso, la Sala Constitucional dictó la sentencia n° 1.168, de 15/06/04, en la que declaró la inconstitucionalidad de esa omisión legislativa y le otorgó al Parlamento venezolano un plazo de seis meses desde la publicación de la sentencia para preparar, consultar, discutir y sancionar la ley de reforma de la Ley Orgánica del Trabajo vigente en Venezuela, publicada en Gaceta Oficial No. 5.152, Extraordinario, de 19/06/97(LOT).

Valga señalar, que la causa principal de tan escandalosa demora de ya casi una década es, precisamente, el altísimo costo económico que la reforma tendría para el Estado venezolano, dada su condición de patrono de un cada vez mayor número de venezolanos.

Al margen de lo anterior, se observa que la citada Disposición Transitoria, así como varios artículos de la misma Constitución (ver, por ejemplo, los artículos 87, 88, 90, 91, 92 y 93), obligan al legislador nacional a introducir, al margen de sus posiciones políticas, reformas en temas específicos, como las prestaciones sociales, la jornada laboral, la prescripción de las acciones judiciales y la estabilidad laboral, que ya no pueden ser desechadas en obsequio de otras opciones más beneficiosos para todos los afectados en forma directa o indirecta por la regulación laboral.

Ha sido, en este contexto, que la Asamblea Nacional retomó en este año 2009 la discusión del Proyecto de Ley de Reforma de la Ley Orgánica del Trabajo (PLR), iniciada en el lejano 2003, no sólo, según se desprende del texto consultado, para dar cumplimiento a las específicas exigencias constitucionales antes referidas, sino también para incluir otras modificaciones que, lejos de conseguir cobertura en la vigente Constitución, la encuentran en disposiciones y contenidos tanto de la Propuesta de Reforma Constitucional rechazada por los electores en 2007 y en el Primer Plan Socialista Simón Bolívar 2007-2013, en un todo contrario a normas de la Constitución de 1999.

Teniendo en cuenta lo expuesto, el presente estudio se divide en tres partes: la primera identifica y explica las principales modificaciones que el PLR propone introducir en la LOT; la segunda ensaya un preliminar análisis de los beneficios y los costos que se seguirán en estas materias de ser sancionado el PLR (sin todavía exponer datos cuantitativos de los
costos aproximados de la reforma), y la tercera ofrece una conclusión general derivada del análisis precedente.

Descargar Análisis Costo-Beneficio de las principales propuestas de modificación contenidas en el proyecto de reforma 2009 de la ley orgánica del trabajo de 199