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Análisis Costo Beneficio: Régimen Laboral en Venezuela. ¿Buenas intenciones? ¿Triste realidad?

En la Gaceta Oficial No. Extraordinario 6.076 de fecha 7 de mayo de 2012, se publicó el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras (DLOTTT), el cual establece el régimen jurídico-laboral venezolano que regula lo relativo a la jornada laboral, tercerización, utilidades y bono vacacional, entre otras materias. Luego, en la Gaceta Oficial No. Extraordinario 6.147 de fecha 17 de noviembre de 2014, se publicó el Decreto con Rango Valor y Fuerza de Ley de Alimentación para los Trabajadores y las Trabajadoras (DLATT), el cual establece el marco jurídico que deberán atender los patronos para cumplir con la obligación de otorgar el beneficio de alimentación a los trabajadores.

El Ejecutivo Nacional, a través de estos Decretos-Ley estableció los parámetros, principios, derechos de los trabajadores y obligaciones de los patronos que delimitarán el rango de actuación en cuanto a la jornada laboral, la tercerización, utilidades, bono vacacional y la base de cálculo del beneficio de alimentación.

Los efectos que sobre la propiedad privada tienen ambos decretos, el DLOTTT y DLATT, saltan a la vista, ya que ambos establecen imposiciones a los empleadores que en definitiva lo que hacen es generar pasivos que no se ven compensados con ninguna contraprestación y que deben asumir de manera obligatoria so pena de incurrir en infracción y ser objeto de sanciones. Pero además el DLOTTT también infringe la propiedad privada de los trabajadores, pues éste limita el uso de las capacidades de cada individuo, pues se decidió en forma imperativa (sin que pueda esto ser sometido a convenio entre el empleador y el trabajador) que el trabajador está capacitado para trabajar únicamente cuarenta (40) horas semanales -en el caso de la jornada diurna- y debe obligatoriamente tomar dos (2) días de descanso continuos. Se limitan de este modo las capacidades de cada trabajador y se coarta la libertad de asumir el trabajo como un contrato que puede ser modificado por las partes que intervienen en dicho proceso.

Por ello, consideramos en CEDICE que para la ciudadanía en general, y en especial para los venezolanos más pobres (ya que éstos son los que más necesitan de la inversión privada para conseguir empleos, bienes y servicios más baratos, y gozar de mayor calidad de vida), los costos de estos Decretos-Ley son mayores que sus beneficios, dado que estos últimos en realidad terminan por favorecer políticas partidistas que ejecuta el Gobierno únicamente para su provecho y que se ve reflejado en la aceptación que llega a tener a pesar de todos los aspectos negativos que lo rodean; en este sentido, el supuesto beneficio para el trabajador –al que cada vez le cuesta más pagar sus cuentas- se traduce en realidad en un mecanismo del Gobierno para logar sus objetivos en detrimento de los empleadores que son pieza fundamental para la generación de riquezas para el país. Será tarea de la próxima Asamblea Nacional revisar a fondo estos Decretos, lograr los consensos necesarios y ajustar sus preceptos a los principios que en esta materia establece la Constitución de 1999.

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