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Analisis Costo Beneficio: Resolución 058: El establecimiento de la normativa y procedimiento para el funcionamiento del Consejo Educativo

Entender a la educación como un derecho universal cuya provisión gratuita es deber del Estado es considerado hoy como una especie de dogma moderno. Se ignora con este imperativo moral, que la educación es un bien económico y que la misma requiere inversiones en capital físico y humano para su funcionamiento. Los gastos en este tipo de recursos, no suelen ser percibidos por el consumidor, sino que recaen en terceros en forma de impuestos.

Si bien en Venezuela la violaciones a la propiedad de un tercero no es apreciable debido a la renta petrolera, imagine entonces el costo de oportunidad de la provisión educativa pública. Educación que perfectamente es capaz de impartir el sector privado sin la necesidad de recursos estatales, e incluso con una mayor calidad. Se renuncia así a importantes y necesarias inversiones públicas por garantizar una educación ineficiente que ha presentado elevadas tasas de deserción estudiantil.

Se perfila entonces en la realidad nacional un sector educativo atado a este pensamiento ineficiente del acceso público y universal, cuya provisión parte de un Gobierno con débil manejo de las instituciones estatales. El suministro de un servicio cada vez menos adecuado, debido a la continua difusión de responsabilidades gubernamentales es, además, uno de los focos de las políticas públicas controversiales que dirige el Gobierno de Nicolás Maduro en los últimos 18 meses. Esto a través del establecimiento de la infame resolución 058 y la “Consulta Educativa por la Calidad Educativa”.

La reformulación legal de la comunidad educativa, además del establecimiento de un total de 10 comités (con posibilidad de introducir nuevos mientras se considere pertinente), cuyas responsabilidades se solapan entre sí, ignora la especialización de cada actor del proceso educativo, y en consecuencia, las bondades del concepto de Adam Smith (1776) de la división del trabajo. A esto se le suma la dificultad artificial que se le otorga a la toma de decisiones debido a la necesidad de llegar al consenso de varias partes, cada una con sus intereses particulares.

Se observa también que el establecimiento de los consejos educativos diluye la capacidad de los padres, madres,
representantes y responsables, de escoger qué tipo de educación desean que sea impartida a sus hijos, mientras que el profesorado y autoridades del plantel ven su derecho a la libertad académica derogado, además de atentar contra la libertad de pensamiento y no politización de la educación.

Lo expuesto anteriormente es especialmente cierto si se considera el objetivo del cambio curricular detrás de la Consulta Educativa, y el carácter orientador de la misma, más no determinante. Es de esta manera que se establecen las bases para justificar a través del colectivo y su mayoría, el establecimiento de un plan educativo impulsado por el Gobierno Central que obedece al establecimiento de la ideología socialista en el sistema educativo venezolano de forma general, violando así la libertad de pensamiento como principio democrático.

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