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Análisis Costo Beneficio: Sistema Integral de Control Agroalimentario y recientes medidas de la SUNAGRO

En fecha 7 de abril de 2015 se publicó en Gaceta Oficial Nro. 40.634, las Providencias Administrativas Nro. 004/2015 y 006/2015, dictadas por la Superintendencia Nacional de Gestión Agroalimentaria (SUNAGRO) de la Vicepresidencia para la Seguridad y Soberanía Agroalimentaria, en la que se establecieron las Normas para el Registro en el Sistema Integral de Control Agroalimentario (SICA) y las Normas Relativas a Actividades Relacionadas con Productos Agroalimentarios.

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La justificación dada por la SUNAGRO figura en los “considerando” de la Providencia 004/2015, en los que se lee “Que es deber del Estado la adopción de políticas y medidas que garanticen la gestión y planificación eficiente de la seguridad alimentaria”, y “Que la SUNAGRO es la responsable del diseño de una plataforma tecnológica destinada a controlar y monitorear la distribución justa y equilibrada de los productos alimenticios a nivel nacional, de todo el ciclo agroalimentario, desde el productor primario hasta el consumidor final”.

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En realidad, el fin de crear el SICA y las Guías de Movilización, Seguimiento y Control es bastante clara: “controlar y monitorear todo el proceso agroalimentario”, lo que afecta directamente el derecho que tienen las personas según el artículo 112 de la Constitución de llevar a cabo libremente la actividad económica en el sector alimentación, sin imposiciones que resultan arbitrarias, así como disponer de sus propios bienes. El fundamento dado al SICA es falso, pues no es cierto que según el artículo 305 de la Constitución el Estado esté llamado a “garantizar y planificar” la alimentación de los ciudadanos, lo que debe es limitarse a fijar reglas claras para que los competidores en el sector alimentación ofrezcan productos de calidad y puedan cubrir la demanda que los consumidores requieran. Lo que se busca es controlar qué se consume, cuánto se consume, cuándo se consume, quién lo distribuye, quién lo comercializa, etc. El Gobierno pretende a través de este mecanismo sustituirse en la voluntad de las personas y pasar de ser árbitro a ser parte, sometiendo todo el proceso a sus políticas y criterios. Así queda garantizado que quien no obedezca, no come.

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Como conclusión general cabe señalar que para la ciudadanía en general, y en especial para los que menos recursos tienen para comprar alimentos, los costos generados con la creación del SICA son mucho mayores que sus beneficios, dado que estos últimos existen solo en apariencia; costos que se agravarán aún más con la nueva medida de SUNAGRO que obliga a los productores a “pasar” a la red estatal de venta de alimentos entre el 30% y el 100% de su producción, en abierta violación de la libertad económica y la propiedad.

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El llamado es a que la ciudadanía cobre conciencia de los resultados de las economías planificadas e intervenidas por el Gobierno sin límites, violando el Estado de Derecho, y a exigir a las próximas autoridades de la Asamblea Nacional a que revisen y pongan fin con base en la Constitución a este medidas como las examinadas en este análisis, por ser ellas contrarias a las personas, a su bienestar y su libertad.

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