Centro de Divulgación del Conocimiento Económico para la Libertad
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Análisis de Cedice sobre la Ley de Costos y Precios Justos

El Centro de Divulgación del Conocimiento Económico (Cedice-Libertad), a través de un comunicado sobre la Ley de Costos y Precios Justos, alerta que la norma cercena aun más las libertades y el derecho de propiedad de los ciudadanos.

Cedice-Libertad manifiesta que con esta nueva ley se sigue configurando un régimen cuyo norte es eliminar la libre iniciativa, el emprendimiento y las libertades de los ciudadanos, para convertirlos en esclavos dependientes de un Estado que cada vez se hace más ineficiente.

El Observatorio Económico Legislativo de Cedice asegura que los mecanismos de administración y control para mantener la estabilidad de precios son competencias del Banco Central de Venezuela (BCV); recuerdan que “el artículo 1 tiene por objeto establecer las regulaciones, así como los mecanismos de administración y control para mantener la estabilidad de precios. Cabe destacar que de acuerdo a lo establecido en el artículo 318 de la Constitución, esta función es competencia exclusiva del Banco Central de Venezuela, que a través de sanas políticas monetarias debe lograr la estabilidad de precios y preservar el valor interno y externo de la moneda”.

El texto señala que se crea un nuevo ente burocrático, que procurará establecer un sistema con el cual controlar la cadena de producción, comercialización y distribución de cualquier tipo de bien o servicio. Cedice apunta que con esta Ley se crea un Sistema Nacional Integrado de Costos y Precios cuyo fin será, entre otros, “identificar agentes económicos que, por la contraprestación de servicios, o ventas de productos, fijen precios excesivos” y agrega que en un país en el cual existen una inseguridad para las inversiones y una elevada tasa de inflación, generada por un gasto público descontrolado, se desprende de esta función que el Estado venezolano se convertirá en un Estado policial, en el cual el principio constitucional de presunción de inocencia queda derogado por vías de hecho.

Agrega al gran número de registros que deben hacer las empresas uno nuevo, que es el Registro Nacional de Precios de Bienes y Servicios, el cual estará a cargo de la Superintendencia Nacional de Costos y Precios; además destaca que las estructuras de costos no pueden ser estandarizadas porque son particulares en cada empresa (eficiencia, eficacia y productividad) y toma en consideración una serie de factores, cuyas distorsiones no se solucionan por una imposición gubernamental.

Finalmente indican que condiciona la protección de la propiedad privada a la seguridad y soberanía nacional y a la utilidad pública o interés general y social, como señala el artículo 46, prevé como sanción la ocupación temporal, ya prevista en la Ley de Indepabis.

Publicado en Notitarde