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Argentina y la violencia subsidiada

La Feria del Libro de Buenos Aires, la mayor de todo el ámbito cultural en lengua española, invitó a Mario Vargas Llosa, reciente Premio Nobel de Literatura a inaugurar el evento el próximo 20 de abril.

Por: Carlos Alberto Montaner

Inmediatamente, un grupo de intelectuales argentinos, encabezados por el Director de la Biblioteca Nacional, se opuso mediante una carta pública, porque, supuestamente, la presencia del escritor peruano “ofende a un gran sector de la cultura argentina”, es decir, a la facción peronista. Con bastante sentido común, la presidente argentina, Cristina Fernández, llamó al fanático que la defendía con tanto ardor y le pidió que depusiera su actitud. Era contraproducente.

Vargas Llosa, en el pasado reciente, cuando vivía D. Néstor, fue un crítico acerbo del matrimonio Kirchner, especialmente por la asombrosa capacidad que tenían los esposos para multiplicar el patrimonio familiar de manera poco ortodoxa. El artículo que irritó hasta el cólico hepático a los peronistas se tituló Flor de pareja, y explicaba, en un tono irónico, con un toque de humor negro, basándose en información pública, cómo este dúo de políticos compraba grandes terrenos al costo (aproximado) de un dólar por metro cuadrado, para venderlos, un año más tarde, a setenta. De esa manera, en muy poco tiempo, los Kirchner multiplicaron por diez la fortuna familiar conocida, hasta convertirse en multimillonarios.

Uno de los rasgos más enigmáticos del peronismo, y en cierta medida de una parte sustancial de la sociedad argentina, es la indiferencia cómplice ante la manifiesta deshonestidad de muchos de sus políticos. No les importa que saque en el erario público, que reciban cuantiosas coimas o que vulneren medio código penal constantemente. Cuando llegan las elecciones, los candidatos peronistas que tienen ese comportamiento (no todos, afortunadamente) son respaldados por unos electores que no parecen entender que las riquezas que amasan estos ladrones, directa o indirectamente salen del bolsillo de la totalidad de los argentinos.

¿Por qué una parte, quizás mayoritaria, del electorado argentino es insensible ante estas violaciones de la ley y de las normas morales? A mi juicio, por tres razones:

  • Porque el peronismo introdujo en el país, desde hace sesenta años, una práctica política clientelista, mediante la cual el militante otorga su apoyo a cambio de algún privilegio o de alguna dádiva que le concede el político. Votan con el estómago, no con el corazón ni con la cabeza.
  • Porque prevalece una actitud cínica hacia el sistema democrático, forjada en la falsa premisa de que “todos los políticos son igualmente corruptos”. (No es verdad: en Argentina hay políticos y funcionarios honrados).
  • Porque muchos argentinos, tras varias generaciones de anomia continuada, están dispuestos a incumplir las leyes si obtienen de ello algún beneficio, lo que convierte en una quimera el ideal republicano de contar con una sociedad de ciudadanos responsables, voluntariamente colocados bajo la autoridad de la ley. Esa actitud, sencillamente, no es la que prevalece en un país en el que un sector notable de la población se ufana de romper las normas.

No es de extrañar, pues, que en este lamentable clima cívico, tan propicio para el surgimiento del fascismo y tan alejado de las virtudes republicanas, haya arraigado la costumbre de utilizar algún grado de violencia contra quienes denuncien las violaciones de la ley o, simplemente, manifiesten criterios contrarios a la corriente oficialista.

Aunque, a pedido de la presidente, se suspendió el movimiento de quienes pretendían impedir que Mario Vargas Llosa inaugurara la Feria, lo probable es que los sectores oficialistas del peronismo, ante la presencia del famoso novelista, monten lo que en Argentina llaman un “escrache”, extraña palabra que describe una especie de violento pogromo orquestado para callar a los conferenciantes o intimidar a los asistentes que desean oírlo.

¿Quiénes serán los escrachadores? Los hay de sobra. Argentina es uno de los pocos países del mundo cuyo gobierno subsidia a grupos violentos para que metódicamente destrocen la paz social y crispen las relaciones entre sectores de distintas vertientes. Son profesionales de la bronca, patoteros sostenidos con el dinero de los contribuyentes. Viven de eso y para eso. Son los agentes de la intolerancia tarifada.

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