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Asamblea Nacional intenta destruir derecho de propiedad con normativas

Con la Ley de Tierras Agrícolas, la aún no publicada Ley de Tierras Urbanas y el proyecto de Ley de Propiedad Social, la Asamblea Nacional está conformando una base legal destructiva que busca erradicar el derechos de propiedad consagrado en la Constitución.

Gerardo Hernández

La advertencia corresponde a Isabel Pereira, directora de Políticas Públicas del Centro de Estudios para la Divulgación del Conocimiento Económico (Cedice), quien comentó que a través de procedimientos i y sin ninguna base legal el Instituto Nacional de Tierras (Inti) ha venido despojando de tierras a pequeños y grandes productores exigiendo demostración de propiedad desde tiempos ancestrales y desconociendo los derechos reales que hoy están plasmados en registro inmobiliarios.

Es precisamente este escenario el que se vivirá en los sectores urbanos una vez que el Ejecutivo Nacional firme y publique la Ley de Tierras Urbanas porque servirá de instrumento para desconocer la propiedad, incluso de bienechurías que se han levantado sobre tierras que son del Estado.

Pereira dice que cualquier derecho de propiedad quedará erradicado cuando la Asamblea Nacional apruebe la Ley de Propiedad Social, ya que eso además le daría la posibilidad al Estado de declarar de utilidad pública las actividades que desarrolle la empresa privada y de esta manera “va a barrer con todas las estructuras productivas que aún quedan en pie”.

“Si no nos defendemos ahora en unos cuantos años seremos un sistema totalmente comunista como ocurre en Cuba, donde toda propiedad fue borrada del mapa con un decreto y que en Venezuela se quiere aplicar con la ejecución de tres leyes”, dijo.

Pereira asegura que éste es un tema que trasciende a la polarización porque con estos instrumentos jurídicos se verán afectados opositores pero también simpatizantes del mandatario nacional.

Sin disposición de propiedad

El profesor de Derecho Administrativo de la Universidad Central de Venezuela (UCV) Luis Alfonso Herrera, advirtió que la disposición de la propiedad queda eliminada, pues si bien expresamente en la Ley de Tierras Urbanas no señala este punto, en el artículo 16 le otorga como privilegio al Estado tener la primera opción.

Esto se suma al hecho de que los edificios que tengan más de 60 años y se encuentren en estado de abandono pueden ser expropiados. “En otros países existe esta normativa, pero cuando esos Estados aplican una expropiación lo hacen mediante un procedimiento jurídico legal y no mediante un procedimiento irrito como pretende hacerse con esta ley”, dijo Herrera.

El instrumento legal aún no ha sido publicado en Gaceta Oficial por lo que no ha entrado en vigencia. El docente guarda esperanza de que las autoridades estén evaluando el impacto que puede tener esta ley y el costo político que ello puede acarrear.

Sin estado de derecho

Este tipo de leyes, según Víctor Maldonado, director ejecutivo de la Cámara de Comercio de Caracas, demuestra que el Gobierno Nacional está atentando contra todos los derechos humanos, incluyendo el de propiedad.

Maldonado asegura que las últimas actuaciones del Gobierno dejan claro que se “han deslindado de lo que establece la Constitución, convirtiéndose en una autoridad represiva donde no hay estado de derecho.

Publicado en El Carabobeño el 27 de agosto de 2009