Centro de Divulgación del Conocimiento Económico para la Libertad
"...La única forma de cambiar el curso de la sociedad
será cambiando las ideas" - Friedrich Hayek
"Una sociedad que priorice la igualdad por sobre la libertad no obtendrá ninguna de las dos cosas. Una sociedad que priorice la libertad por sobre la igualdad obtendrá un alto grado de ambas" - Milton Friedman
Ausencia de políticas públicas profundizan caos citadino

Balance de 9 años de gestión: Comercio informal, invasiones y motorizados, 3 retos para las autoridades

En los nueve años que lleva en el poder el presidente Hugo Chávez, Caracas ha tenido el privilegio de mantener a sus principales gobernantes. Y es que todos los alcaldes, excluyendo a Juan Barreto en la Alcaldía Metropolitana, han repetido en sus cargos. Sin embargo, hay problemas que se vienen arrastrando desde el año 1999 y que en este período se han escapado del control de las autoridades.

Beatriz Cruz Salazar

Informalidad gana terreno

Los comerciantes informales han sido el dolor de cabeza de Caracas desde hace años. A su llegada al poder, Chávez se encontró con un sector informal que alcanzaba un 45%. No obstante, en el año 2003 alcanzó su pico histórico, colocándose por encima del sector formal con un 53% del mercado y las calles de la capital se convirtieron en reflejo de esta preocupante cifra.

Para Isabel Pereira, de la Unidad de Análisis y Políticas Públicas de la Economía Informal del Centro de Divulgación del Conocimiento Económico, Cedice, el manejo de la economía informal ha sido el fracaso social más grande de este gobierno. En su opinión, las medidas del alcalde Bernal aplicadas a los buhoneros de Sabana Grande y el casco central son represivas, pues antes de quitarle la fuente de ingreso a los vendedores se ha tenido que realizar un censo y ofrecer una opción concreta de traslado. “Eso no es gobernar, es reprimir”, advirtió.

Desde su punto de vista, cuando se quieren ganar puntos con los ciudadanos es que se toman este tipo de decisiones. Mientras tanto, del otro lado se encuentran los buhoneros, quienes señalan que fueron utilizados por el alcalde Freddy Bernal para alcanzar votos, tal como lo aseguró Expedito Rivera, coordinador de trabajadores informales del casco central.

Es así que la acciones tomadas en torno a este problema se han convertido casi en una carrera por los votos. “Sin políticas públicas concretas no se logra nada, sólo profundizar la miseria”, recuerda Pereira.

Invasiones sin castigo

Las tomas ilegales de edificios y terrenos privados por parte de grupos organizados ha sido otro de los elementos que no ha podido manejar de manera adecuada el gobierno nacional en conjunto con el municipal.

A juicio de Roberto Orta, vicepresidente de la Asociación de Propietarios de Inmuebles Urbanos (Apiur), existe un factor clave en el incremento de las tomas ilegales dirigidas por delincuentes organizados. “Aquí hay grupos coordinados que se dedican a invadir para luego sacar provecho de los inmuebles a través de traspasos. Esto, sumado a la escasez de viviendas y la negligencia política que existe para castigar a los autores de este delito incide en el aumento de las invasiones”, explica Orta.

Fue a partir del año 2001 que se empezaron a reseñar en los medios las noticias sobre las tomas ilegales. “Invadir es un delito y está tipificado, pero son pocos los casos en los que actúa la fiscalía y en los que el Cicpc identifica a los autores”, dice este abogado, quien confirma que hasta la fecha 154 edificios han sido tomados a la fuerza, 6 de los cuales han sido expropiados en fechas posteriores a las tomas, eliminando así la culpabilidad de los implicados en el delito de invasión.

Asimismo, Orta considera que la imprudencia de funcionarios como el alcalde mayor Juan Barreto, quien señaló en el año 2006 que “en Caracas no hay invasiones sino ocupaciones urbanas”, o comentarios como los de la dirigente popular Lina Ron, quien en una entrevista para Globovisión dijo: “Yo sí convoco al pueblo a que tomen los edificios que estén vacíos”, han entorpecido el proceso de regulación de invasiones.

En este caso, al igual como sucede con los buhoneros según apunta Orta, la mayoría de las invasiones están acompañadas del tinte político. “Muchos de ellos llevan pancartas de partidos y se sienten apoyados por el gobierno nacional y la palabra del presidente”, explica el abogado, quien además señala que la Guardia Nacional perdió la potestad de intervenir en las invasiones sin la autorización previa de un tribunal.

Motorizados sin ley

“Es un tema de cultura. No les estamos impidiendo que circulen, sólo les pedimos que cumplan la ley”. Así respondió Franklin Pérez Colina, presidente del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre, cuando se le preguntó por las infracciones que cometen con frecuencia los motorizados. Y es que el mismo presidente del ente de circulación reconoce que sus propios funcionarios han sido vejados por conductores de motos cuando se les hace cumplir con las normas.

Los hechos ocurridos en la autopista Francisco Fajardo el pasado 6 de diciembre, cuando un conjunto de motorizados exaltados quemaron el módulo del Vivex ubicado en Plaza Venezuela o lo que sucedió en noviembre del año pasado, cuando un grupo de estudiantes de la Universidad Católica Andrés Bello fueron rodeados y atacados mientras realizaban una manifestación, son una muestra de la pérdida de control sobre este grupo.

“El problema es que si la autoridad no pone mano dura, no se logra controlar a los infractores y después la costumbre se convierte en ley”, comenta el concejal de Libertador Evelio Arrieta, quien adelanta en el cabildo la aprobación de una ordenanza sobre la Circulación de Motociclistas o Motorizados en esa jurisdicción.

Arrieta asegura que para finales de febrero se promulgará esta ley municipal, con la cual aspira controlar la anarquía de aquellos motorizados que viajan con más de un parrillero o circulan por las aceras y estacionan en espacios públicos.

En cuanto al derecho a protestar, Arrieta señala que no existe un apartado que limite esta posibilidad. “El que quiera protestar tiene que hacerlo pidiendo permiso, como se hace en las marchas. Si lo hacen anárquicamente hay otras leyes que los castigarán”, dice el concejal, quien comentó que la ordenanza regulará el trabajo de las 515 líneas de moto taxi que se han censado en la ciudad.

Publicado en El Universal