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¿Autonomía de la voluntad en Venezuela? Andrea Rondón

La autonomía de la voluntad es un principio de Derecho que está presente en nuestro día a día y en nuestras relaciones con otras personas. La autonomía de la voluntad es una manifestación de la libertad de la persona en el campo contractual, a través de la cual se manifiesta el poder común a todo individuo para ejercer sus facultades y someter su comportamiento a determinadas reglas en su relación con los demás.

Este principio es el que permite que las personas autorregulen las relaciones que establecen entre sí. Lo vemos en todas partes y a cada momento. Por ejemplo, cuando vamos a un quiosco a comprar un periódico vemos manifestarse este principio. Desde la elección del dueño del quiosco de los bienes que ofrecerá y la fijación del precio hasta el permitirnos entregar el dinero completo, a falta de sencillo, en otra oportunidad. Y de este lado, en la libertad de decidir comprar allí o no y aceptar o no esas condiciones de venta.

Ahora bien, en los derechos y libertades de los otros se manifiesta una limitación o restricción de este principio. Tan simple y sencillo como que mis derechos llegan hasta donde empiezan los derechos de los demás. Es una limitación razonable que no desnaturaliza el principio, es más, es cónsono con el mismo en la medida en que permite el ejercicio de los derechos y libertades de todos. Sin embargo en las últimas décadas este principio ha encontrado en nuestro país limitaciones, intervenciones y derogatorias en tal grado que nos obliga a preguntarnos sobre la efectiva vigencia de este principio.

Venezuela, de hecho, es un caso en el que prácticamente la pregunta se hace retórica. En la práctica no importa que no se hayan reformado el Código Civil y el Código de Comercio, en los que la regla es el principio de la autonomía de la voluntad y la excepción son disposiciones de orden público –aquellas que no pueden ser relajadas por las partes-, porque en los hechos es muy poco lo que queda de este principio.

Por ejemplo, si usted desea vender su vehículo usado deberá pasar por un sinnúmero de controles previos y cumplir con una serie de formalidades ante Notaría Pública –controles y formalidades no previstas en la ley- para finalmente obtener el título de propiedad a su nombre.

Otro ejemplo, para registrar una asamblea de accionistas ya no basta con cumplir con lo estipulado en los estatutos de la compañía –las reglas que acordaron libremente los accionistas-, o en ausencia de regulación, con lo establecido en el Código de Comercio, además deberá cumplir con las exigencias -no previstas en la ley- de los funcionarios del Registro.

Podemos continuar con los ejemplos (arrendamientos de viviendas, venta de tierras, etc.) en los que la autonomía de la voluntad de las partes se ha visto francamente disminuida en algunos casos y eliminada en otros, por limitaciones, restricciones, controles sin sentido.

La defensa de la autonomía de la voluntad no supone defender los abusos de unos contra otros supuestos débiles (discurso muy común hoy en día), supone defender el ejercicio pleno de las libertades de las personas a través de las cuales podrán alcanzar las metas, proyectos y objetivos que se propusieron, no los que les han impuesto.

ANDREA RONDÓN GARCÍA ― NOTITARDE (Trinchera Liberal)
*Abogado magna cum laude, profesora UCV. Miembro del comité académico de Cedice Libertad