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Blyde, Uzcátegui y las trapacerías políticas. José Toro Hardy

La medida oficialista más que frustración está desencadenando en los baruteños gran indignación.

Los nombres de estos dos candidatos tienen que ser mencionados porque son representativos del contraste que existe en la política venezolana. Se dice que mientras la oposición está jugando ping pong, el oficialismo se vale de mecanismos perversos.

La regla de oro de la democracia es la separación e independencia de los Poderes Públicos. Aquella a la cual Montesquieu se refería en su obra “Del Espíritu de la Leyes” cuando decía: le pouvoir arrête le pouvoir (el poder frena el poder). Ningún poder podía prevalecer sobre los demás poderes. Ninguno podía abusar de sus atribuciones porque el otro lo frenaba a través de un sistema de pesos y contrapesos (check and balances) que servía para garantizar las libertades ciudadanas.

Cualquier parecido entre ese principio y la realidad actual es mera coincidencia. Aquí parecen prevalecer las vagabunderías a las cuales se refería Aponte Aponte al denunciar las reuniones matutinas de los viernes donde -a decir del exmagistrado- los poderes públicos (ahora con minúscula) se agavillaban para planificar decisiones y acciones para complacer al gobernante y su partido. A esas reuniones la Democracia nunca fue convidada.

Veamos ahora el contraste entre la forma de proceder de los dos candidatos cuyos nombres sirven para titular este artículo.

A través de un mecanismo esencialmente democrático la oposición convocó unas elecciones primarias para elegir los candidatos a alcaldes (cosa que por cierto no hizo el oficialismo, cuyos candidatos fueron seleccionados“dedocráticamente”).

En los comicios primarios de Baruta, David Uzcátegui -candidato de Primero Justicia con larga trayectoria de liderazgo estudiantil y comunal- aventaja por un reducido número de votos a Gerardo Blyde. Tan reducida fue la diferencia y tan encarnizada la contienda que se pensó que el Alcalde en funciones desconocería el resultado. Pero no, Gerardo Blyde es un demócrata a carta cabal y considerando que un acuerdo es un acuerdo, reconoció de inmediato el triunfo de su adversario.

Esas son las reglas, que aunque algunos consideran propias de un partido de ping pong, en realidad son la esencia de una convivencia política decente. Pero del lado del oficialismo no actúan así.

Convencidos de que los votos de Baruta podían contribuir de manera importante al triunfo de Antonio Ledezma en la Alcaldía Mayor, procedieron a planificar (quizás en una de esas reuniones de los viernes que mencionaba Aponte Aponte) la forma de frustrar el voto opositor.

Le concedieron inicialmente un amparo a David Uzcátegui (en un viejo caso que la Contraloría mantiene convenientemente pendiente) para que pudiese inscribir su candidatura. Luego, justo cuando vence el plazo para realizar cambios en las candidaturas y vía lo que algunos consideran una trapacería judicial, revocan la medida de amparo de forma de que si bien se puede inscribir un nuevo candidato, su nombre ya no figurara en el Tarjetón Electoral.

Lo que se pretende es desmotivar y confundir a los votantes opositores que anímicamente se habían preparado para apoyar la candidatura de Uzcátegui. Los gobiernistas pensaron que la oposición se vería obligada a lanzar a una figura menos conocida.

Pero no, el tiro les va a salir por la culata. Primero porque la decisión unitaria -con pleno apoyo de David Uzcátegui- de lanzar a Gerardo Blyde los va a dejar en la estacada. Segundo porque Blyde ha sido un excelente alcalde, además de un brillante constitucionalista y un destacado diputado constituyente. Tercero, porque la medida oficialista más que frustración está desencadenando en los baruteños una indignación que motivará un voto masivo. El lema es: Yo soy baruteño. Voy a votar por Gerardo y por Antonio Ledezma.

El abuso gobiernista es generalizado. Lo hemos vivido en los casos de Leopoldo López (donde se violaron acuerdos internacionales en materia de DDHH), Richard Mardo, Ana Mercedes Aranguren y ahora pretenden repetir con Miguel Cocchiola, candidato imbatible a la alcaldía de Valencia.

Mientras tanto, nada hace el Ministerio Público en el caso de la denuncia de El Nacional por la presunta publicidad de Jorge Rodríguez con el RIF de la Alcaldía de Caracas.

Esa misma arbitrariedad sirvió de base a la decisión anunciada el 9 de enero por aquella magistrada de ingrata recordación, quien retorciendo el texto constitucional convalidó que un vicepresidente pudiese lanzarse como candidato presidencial. La norma básica de los gobierneros es jugar sucio.

JOSÉ TORO HARDY ― EL UNIVERSAL
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@josetorohardy