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Cámara de Caracas deplora vías de hecho tomadas contra SIDETUR

La Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Caracas rechaza la forma como el Ministerio del Poder Popular de Industrias procedió a la ocupación total de la empresa SIDETUR, la remoción de su personal ejecutivo y gerencial, y la confiscación de los fondos que dicha empresa mantenía en sus cuentas bancarias al día 29 de octubre de 2012.

Este tipo de medidas que lamentablemente han sido ejecutadas anteriormente en contra de cientos de empresas venezolanas, manifiestan una lamentable y costosa degradación continuada del derecho fundamental de la propiedad, al no respetar los términos y condiciones consagrados en los Artículos 115 y 116 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Lo que es y debe seguir siendo una garantía y un derecho para todos los venezolanos, viene siendo ignorado destruyendo el resultado de esfuerzos privados concretos y del aporte que cada uno de esos emprendimientos ha hecho al país a lo largo de muchos años.

El texto de la Constitución es absolutamente claro cuando reza en su Art. 115 que “Se garantiza el derecho de propiedad”. Tampoco puede haber equívocos cuando de inmediato confirma que “toda persona tiene derecho al uso, goce, disfrute y disposición de sus bienes… y que sólo por causa de utilidad pública o de interés social, mediante sentencia firme, y pago oportuno de justa indemnización, podrá ser declarada la expropiación de cualquier clase de bienes”.

El Art. 116 especifica taxativamente: “No se decretarán ni ejecutarán confiscaciones de bienes sino en los casos permitidos por esta Constitución”. El gobierno desconoce las garantías constitucionales en relación con el uso de acciones expropiatorias, interpretando discrecionalmente las invocaciones de utilidad pública o interés social. Una sociedad organizada no puede permitirse el uso de la potestad expropiatoria violando su Carta Magna. El “debido proceso” previsto en la Constitución exige al gobierno justificaciones legítimas para realizar expropiaciones y cumplir con los procesos legales que impone el Estado de Derecho, hasta acordar una justa indemnización. La propiedad es un derecho ciudadano inalienable que debe ser tutelado por el Estado y tales procesos tienen que ejecutarse conforme a la ley. El objetivo o fin último que justifica una medida excepcional de expropiación debe ser preciso, identificable y definido. La apropiación de activos productivos con el fin de engrosar la capacidad del Complejo Siderúrgico Nacional no satisface ese requisito sustantivo, y al no cumplir tal condición, no se identifican fines legítimos que justifiquen esa medida, razón por la cual la expoliación de la empresa se convierte en un acto de dudosa consistencia constitucional.

Las garantías expropiatorias imponen la realización de una indemnización justa como requisito previo a la ocupación y disposición del activo. Es incomprensible como en el caso de SIDETUR pueda ocurrir lo contrario, ordenando además la transferencia de la totalidad de los fondos depositados en las cuentas bancarias de SIDETUR a una cuenta del complejo estatal Complejo Siderúrgico Nacional. Previo a la transferencia de cualquier activo debe acordarse y pagarse la justa indemnización que tiene que otorgarse a sus dueños por el daño patrimonial que les ocasionan. Cuando el gobierno se comporta de esta manera, envía señales equívocas que desalientan el espíritu emprendedor de los venezolanos y de quienes evalúan invertir en Venezuela. Este tipo de medidas afecta negativamente la promoción de inversiones, expone al país a demandas ante el CIADI por inversionistas afectados, y obstaculiza la generación de empleo productivo en Venezuela, requisito esencial para apuntalar el bienestar y la prosperidad que aspiramos todos los ciudadanos.

La Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Caracas hace un llamado al Ejecutivo Nacional para que cesen las medidas que violan la Constitución, vulneran los derechos de propiedad y estigmatizan la imagen del empresario. El país, por el contrario, necesita unidad, respeto a la ley y la formulación de unos consensos mínimos que permitan el progreso social y la prosperidad ciudadana, que bien podrían comenzar con el combate a la inseguridad y la creación de sesenta mil nuevas empresas para posibilitar los seis millones de empleos que necesitamos para enfrentar la pobreza.

Caracas, 31 de octubre de 2012