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Cedice cuestiona Ley de precios justos

Como limitante de la libertad y del derecho a la propiedad, califica la nueva norma Alicia Sepúlveda, coordinadora del Observatorio Económico Legislativo del Centro de Divulgación del Conocimiento Económico (Cedice).

Juan Pablo Arocha

DINERO inicia esta semana una serie de reportajes especiales para profundizar en la recién aprobada Ley de Costos y Precios Justos. La iniciativa, que el Ejecutivo asegura servirá para estabilizar los precios, preocupa a los sectores privados de la economía

Alimentos, salud, construcción, educación, textiles, calzados y útiles escolares. Los precios de estos rubros estarán –en una primera etapa– controlados por el Ejecutivo Nacional, gracias a la aprobación vía Habilitante del Decreto-Ley de Costos y Precios Justos. Sin embargo, el dominio del Estado sobre el valor de venta al público podrá extenderse a otros productos, pues la norma especifica que las disposiciones podrán alcanzar en todas las relaciones establecidas entre sujetos de derecho público o privado.

El Ejecutivo justificó la iniciativa de ley, publicada en Gaceta Oficial el 18 de julio, como la forma de lograr la estabilidad de precios y propiciar el acceso a los bienes y servicios en igualdad de condiciones para toda la población. Quienes violen las disposiciones se exponen, de acuerdo al grado y la reincidencia, a amonestaciones escritas, multas por hasta 30 salarios mínimos, inhabilitaciones para ejercer la actividad comercial, ocupación de establecimientos, intervenciones y expropiaciones.

Aunque todavía se trabaja en los reglamentos de la norma para que su vigencia sea completa, se prevé la creación de un Registro Nacional de Precios de Bienes y Servicios, al que deberán suscribirse todos los sujetos sobre los que impacte el decreto. El nuevo articulado legal amplía los controles que el Ejecutivo ya tenía sobre algunos sectores como alimentos y educación.

Limitaciones

Como limitante de la libertad y del derecho a la propiedad, califica la nueva norma Alicia Sepúlveda, coordinadora del Observatorio Económico Legislativo del Centro de Divulgación del Conocimiento Económico (Cedice). “Las distorsiones de precios no se combaten solo con leyes, sino con confianza y es un error pensar que la regulación a la rentabilidad implica protección al consumidor, es todo lo contrario, crea mercados negros y escasez que dificultan el acceso a los bienes y servicios y a condiciones que mejoren su calidad de vida”.

Este grupo considera que es contraria a la Constitución la pretensión del Estado de establecer mecanismos de administración y control para mantener la estabilidad de precios, pues recuerdan que de acuerdo al artículo 318 de la Carta Magna esta función es potestad exclusiva del Banco Central de Venezuela. “En un país donde existe una inseguridad para las inversiones y una elevada tasa de inflación generada por un gasto público descontrolado, se desprende de esta función que el Estado Venezolano se convertirá en un Estado Policial”, refutan.

Rechazan además que se cree un nuevo ente gubernamental, como el Registro Nacional de Precios de Bienes y Servicios, pues estiman que servirá para crear mayor burocracia. Además, dice que la facultad que tendrá el Vicepresidente de la República para exigir que las empresas muestren su inscripción para determinados trámites administrativos, es contraria al “Artículo 112 de la Constitución que señala que todas las personas pueden dedicarse libremente a la actividad económica de su preferencia”.

Publicado en Revista Dinero el Miércoles 24 de Agosto de 2011