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CEDICE: Habilitante ha sido para centralizar recursos y controlar la economía

16/12/2011

“el Gobierno aprovechó los poderes especiales para seguir atacando al sector privado y acelerar la imposición del modelo socialista”, dice la economista Alicia Sepúlveda, del Observatorio Económico Legislativo de Cedice Libertad.

Por: Alejandro Hinds

La Ley Habilitante que la Asamblea Nacional dio al presidente Hugo Chávez el 17 de diciembre de 2010, con el argumento de atender a los damnificados que causaron las lluvias, ha servido para afianzar la centralización de los recursos públicos y el control gubernamental sobre la economía.

Entre las primeras leyes promulgadas por el mandatario había varias relacionadas con la situación de emergencia, como la que creó el Fondo Simón Bolívar para la Reconstrucción y la que reglamentó el funcionamiento de los refugios, pero el resto de los decretos publicados tiene otros objetivos.

“Lo que ha sucedido es lo que se advirtió hace un año: el Gobierno aprovechó los poderes especiales para seguir atacando al sector privado y acelerar la imposición del modelo socialista”, dice la economista Alicia Sepúlveda, del Observatorio Económico Legislativo de Cedice Libertad.

“La excusa fueron los damnificados, pero la habilitación fue muy amplia”, señala la diputada Vestalia Sampedro. La ley permite a Chávez legislar por 18 meses sobre cooperación internacional, defensa, finanzas, infraestructura, ordenación territorial, seguridad, transporte y vivienda.

Sampedro denuncia que el Ejecutivo decretó la Ley de Contribución Especial por Precios Extraordinarios y Exorbitantes del Petróleo y la reforma de la Ley Orgánica de Administración Financiera del Sector Público para centralizar el manejo de los recursos y reducir los aportes a las regiones.

La primera permite que parte de los ingresos adicionales que se generan cuando el precio del petróleo está por encima de lo presupuestado vayan directamente al Fonden en vez de entrar primero al Fisco, lo que obligaba a enviar 20% a gobernaciones y alcaldías.

La segunda eliminó el concepto de recurrencia para legitimar la calificación como ingresos extraordinarios de los recursos generados por la devaluación, cuando en realidad son ordinarios porque vienen de la exportación de crudo y deben ser incluidos en el cálculo del situado constitucional.

Sepúlveda agrega que el Gobierno también ha centralizado funciones, al quitar competencias a los municipios mediante normas como la Ley de Emergencia para Terrenos Urbanos y Vivienda y la Ley de Regularización Integral de la Tenencia de la Tierra.

Hacia el socialismo. El diputado Eduardo Gómez Sigala considera que los poderes especiales otorgados por la Asamblea Nacional saliente, para limitar la actividad de los parlamentarios que asumieron en enero de 2011, también han sido usados para marchar hacia el modelo socialista.

“Es obvio que el Gobierno avanza en ese sentido. No sólo a través de la Ley Habilitante, sino también por la vía de decisiones judiciales”, agrega Gómez Sigala en referencia a la decisión de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia que despenalizó el delito de invasión.

Sepúlveda coincide con el diputado y dice que los decretos de Chávez profundizan los ataques contra la propiedad privada (normativas en materia de vivienda) y la intervención estatal en la economía (legislaciones sobre costos y precios y nacionalización del oro).

Las leyes de vivienda, precisa, desdibujan las características constitucionales de la propiedad. “Todas condicionan el atributo de la disposición, porque tienes que estar en un registro para acceder a una vivienda o porque crean una especie de certificado que sustituye al documento de propiedad”.

La Ley de Costos y Precios Justos constituye una intervención directa del Estado en las decisiones empresariales.

“La estructura de costos dependerá de lo que apruebe una superintendencia y no de factores como la calidad, la cantidad y la diversidad de bienes producidos”.

La nacionalización del oro, añade Sepúlveda, obliga a los privados que operan en el sector (básicamente pequeños mineros) a asociarse con el Estado en condiciones desiguales. “Si no lo hacen serán expropiados”.

Sampedro lamenta que no se haya cumplido el objetivo primordial de la Habilitante. Gómez Sigala advierte que las leyes decretadas por Chávez no servirán para resolver los problemas del país.

El Nacional