Centro de Divulgación del Conocimiento Económico para la Libertad
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Cedice: Ley de Costos es un instrumento más del Gobierno venezolano para el cerco empresarial

Ricardo López Murphy, presidente de la Fundación Cívico Republicana de Argentina, considera que “si se crea un sistema de precios, es porque no se entiende el sistema operacional. No se premia al que ha innovado, al que asume riesgos”. Por su parrte, el presidente del Centro de Divulgación del Conocimiento Económico para la Libertad (Cedice Libertad), Rafael Alfonzo, dijo que la Ley de Costos y Precios Justos “es un instrumento más del cerco industrial” que el Gobierno ha impuesto al aparato productivo nacional durante su gestión.

Señaló que ese instrumento legal “no debe verse fuera de contexto” ya que el mismo es un componente que se adiciona a las diversas políticas adelantadas por al Administración de Hugo Chávez contra la empresa, la libre iniciativa y la propiedad privada.

Refirió que el propósito de las expropiaciones, controles, fiscalizaciones, leyes, entre otros, es “aplicar un cerco y acabar con el aparato productivo nacional”.

Alfonzo indicó, en el foro internacional realizado por Cedice para disertar sobre la propiedad privada, que muchas veces a estas decisiones oficiales se les deja pasar sin ponerles la atención requerida. “Siempre creemos que no nos va a alcanzar, que no nos va a tocar, y todos lo venezolanos tenemos un número y a cada uno nos llegará la hora”.

Destacó la presencia de “mecanismos adicionales que atentan contra la empresa, como son la tributación, el centralismo, la hegemonía educativa y alimentaria”.

Comentó que “el resultado de los regímenes colectivistas es la depredación del capital. El vasallaje, la decadencia, la sumisión, son el correlato del patrón único”.

La Gaceta Oficial N° 39.804, del lunes 21 de noviembre, publicó el reglamento interno de la Superintendencia de Costos y Precios Justos, en el cual se especifican las funciones tanto del superintendente como de las Intendencias que conforman el nuevo ente.
En el texto se crean las Intendencias de Inspección y Fiscalización, de Costos y Precios, y de Gestión Integral.

La Intendencia de Costos y Precios “realizará los análisis y evaluaciones” para “recomendar la fijación de precios”; la Intendencia de Inspección y Fiscalización ejecutará los procedimientos para la verificación de la información aportada; y la Oficina de Participación Popular articulará la labor de las comunidades organizadas.

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