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Corrupción: ¿a quién castigar? Trino Márquez

Sólo los elegidos conocen los convenios con China, Cuba, Brasil, Bielorrusia, Rusia.

En su discurso en el Campo de Carabobo el 24 de junio, Nicolás Maduro calificó la corrupción como un azote al que su gobierno debe combatir porque está “destruyendo la Patria”. Desde entonces el dirigente del PSUV insiste en el tema cada vez que se presenta alguna oportunidad. Su intensidad forma parte de la estrategia dirigida a golpear los grupos que apoyan a Diosdado Cabello, señalados de haberse enriquecido de forma obscena a la sombra de negocios ilícitos, comisiones, tráfico de influencia, y de socavar las bases del poder de Maduro.

Sus palabras en Carabobo fueron pronunciadas luego de un gesto insólito de descortesía con quien se supone es el Comandante en Jefe de la Fuerza Armada. En ese acto, el comandante que dirigía el desfile le pidió permiso a Maduro para presentarle el parte militar (batallones, tanques, armas que se desplegarían) al presidente de la Asamblea Nacional. Este comportamiento desconsiderado, nada casual, lo enfureció.

Anécdotas e intrigas palaciegas aparte, la cruzada contra la corrupción emprendida por Maduro luce fingida e incoherente. El conflicto con Cabello no puede librarlo de forma abierta porque pondría en riesgo la unidad del régimen, aspecto esencial para su sobrevivencia. Toda diferencia interna se subordina a la necesidad de mantenerse cohesionados, y, sobre todo, parecer que lo están. Esa apariencia no es necesaria con la oposición. A ésta hay que tratar de aniquilarla. El “combate” a la corrupción apunta a aniquilar a Henrique Capriles, Henri Falcón y Liborio Guarulla, los tres gobernadores del campo opositor, tal como antes hicieron con Manuel Rosales y, parcialmente, con Leopoldo López. En la mira están Pablo Pérez y Richard Mardo. Como guillotina cuentan con un Poder Judicial obsecuente y una Contraloría, sin contralora designada por el Parlamento, sucursal de Miraflores. El ariete de esta operación destructiva es Pedro Carreño. Sin comentarios.

Si el régimen desease obtener resultados impactantes tendría que adoptar iniciativas ambiciosas. Debería comenzar por levantar progresivamente los controles de cambio y de precio, y eliminar las excesivas regulaciones y normas punitivas aprobadas. Parte significativa de la descomposición se encuentra asociada al régimen cambiario. Inmensas fortunas se han amasado al amparo de un mecanismo perverso que incentiva el tráfico de influencias y las coimas, y que solo se justifica por el dominio político que el régimen quiere mantener sobre los empresarios y la actividad económica. El control de precios es otra fuente de distorsiones. Eduardo Samán yerra cuando invoca la moral revolucionaria para preservar la pulcritud del esquema. Los precios regulados, en realidad congelados, representan un mecanismo perverso que deforma todo el sistema de precios, el cual debe estructurarse a partir de la libre competencia y la relación entre demanda y oferta. En todos los países socialistas, sometidos a férreos controles estatales, la corrupción campea. El socialismo del siglo XXI no es la excepción de esa ley universal.

Hay que desincentivar la corrupción. Crear motivos para que los funcionarios no delincan. Un Poder Judicial profesional, meritocrático y autónomo, capaz de perseguir, castigar e impedir la impunidad, razón principalísima de la corrupción, es una pieza clave de esa lucha. El sistema judicial forma parte de la red de complicidades que alimentan la corrupción. Los tribunales sirven para criminalizar a los opositores y proteger a los seguidores del Gobierno. Las investigaciones objetivas naufragaban en ese Mar de los Sargazos. Ningún caso de corrupción que comprometa seriamente al Gobierno, se examina. Por eso el Plan Bolívar 2000, Pdeval, el maletín del Antonini Wilson, la quiebra de las industrias de Guayana, los abusos electorales, forman parte de la historia de la picaresca criolla. Se castiga solo a los huérfanos, quienes sirven de chivos expiatorios.

La opacidad en la forma como el Gobierno otorga las licitaciones y los contratos forma otro capítulo de esta larga novela. Los convenidos con China, Cuba, Brasil, Bielorrusia, Rusia, son secretos tan bien guardados que solo los elegidos los conocen. Las firmas se estampan en el mundo del misterio. El país ignora arreglos irresponsables, entre ellos la compra de armas, firmados por el Ejecutivo, que comprometen el presente y el futuro de la nación.

Lo medular de la lucha contra la corrupción no se orienta a adecentar el Estado, sino a destruir la oposición.

TRINO MÁRQUEZ ― EL UNIVERSAL
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