Centro de Divulgación del Conocimiento Económico para la Libertad
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Corrupción en “revolución”, con visión anclada en CAP

Permítasenos iniciar con una cita y dos conceptos: “La corrupción política no precisa de que el dinero cambie de mano; puede tomar la forma de “tráfico de influencias” o de la concreción de favores que envenenan la política y amenazan a la democracia.” (Robín Hoddes, 2004). Peculado: Utilización de fondos públicos en beneficio personal que ingresan a su patrimonio; siendo de carácter doloso cuando existe la intención de cometer el delito; Malversación: Uso de los fondos públicos en acciones que cambian su destino original.

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El modelo intervencionista de nuestra economía, se inicia en democracia a partir de 1958 con fundamento en pactos entre partidos y en crecientes ingresos petroleros que “esconden” las fallas del modelo mientras esté presente el flujo constante de divisas que facilita la tendencia creciente del Presupuesto Nacional; hecho que ocurrió luego del embargo petrolero árabe a nivel mundial como consecuencia de su guerra con Israel en 1973, cuando se eleva el precio de nuestro crudo en un 450% desde $2/b (vigente por muchos años) hasta $11/b; induciendo obviamente que el ingreso público por exportaciones petroleras creciera con la misma intensidad a partir de 1974, coincidiendo con la primera presidencia de Carlos Andrés Pérez (CAP) elegido en diciembre de 1973, quien desde el principio ensanchó el papel del Estado en la economía (al final de su mandato existían más de 250 empresas con vinculación estatal) fundamentalmente en las denominadas “industrias estratégicas” (petróleo, hierro, aluminio, electricidad), e igualmente propició un apalancamiento del rentismo petrolero acompañado de una indeseable socia: la corrupción. CAP alcanza de nuevo la presidencia en 1998 (53% de los votos), en un contexto económico donde las reservas liquidas apenas alcanzaban a $ 300 millones (vs un promedio de $ 10.000 millones) lo cual impedía sostener el valor oficial del bolívar (propiciando su devaluación) e igualmente se reflejaba un déficit fiscal (8% del PIB); siendo el problema más sensible la existencia de una doble percepción sobre el posible impacto de su mandato: (1) ¿se vivirá igual o mejor? (2) ¿se profundizará la corrupción? ambas inquietudes animadas por su anterior gobierno.

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Tal escenario impulsó, suponemos, la instrumentación de un programa para restablecer el equilibrio macroeconómico (Gran Viraje) perfilado por especialistas venezolanos con cooperación del FMI y otras fuentes financieras mundiales; que en honor a la realidad de las cifras indujo resultados económicos muy favorables a la luz de un PIB que creció un 7% en 1990, un 9,7% en el 91 y un 6,1% en el 92. Sin embargo, el plan de ajuste y las reformas no lograron el pleno control del déficit fiscal y de la inflación que se situó en una tasa anual promedio del 30% con manifiesto efecto negativo en lo social y político, lo cual fue aprovechado para “liberar” un de golpe de Estado (con repetición: 04/02/1992 y 27/11/1992) “atrapado” durante mucho tiempo cargado de ambición de poder, justo en el momento cuando el país experimentaba un permanente crecimiento económico; siendo que a partir de estas fracasadas intentonas golpistas se configuró una inestabilidad institucional aunada a la pérdida de apoyo popular y político-partidista al Gobierno al tiempo de poner a “soñar” a muchos sobre la necesidad de un movimiento “militar-cívico salvador” que en lo inmediato interrumpió (hasta el presente) la modernización de la economía con fundamento en el mercado, abriendo el espacio para el triunfo presidencial por vía electoral (¡como debe ser!) de H. Chávez en diciembre de 1998 (relegitimado en 1999) bajo la promesa de una democracia participativa y para terminar por siempre la corrupción (¡!). Su “Gobierno” (de corte ideológico), se favoreció con una subida del crudo nacional por encima de $100/b dándole la oportunidad de aumentar el gasto público con brújula populista y electoral ampliando en paralelo el control del Estado sobre la economía (¿alguna semejanza con el pasado?) con un norte de nacionalismo económico motorizado por un riguroso presidencialismo, “oculto” en un “proceso revolucionario” que refundó el rentismo petrolero y ha nutrido la corrupción. Vale recordar, que el país venia de transitar por las dificultades propias de un mandato como el de R. Caldera alcanzado con el 18% del padrón electoral, un 30% de los votos válidos y con un 6% de ventaja sobre Claudio Fermín, e igualmente condicionado por unos bajos precios del petróleo y por el pleno rechazo gubernamental a la economía de mercado.

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Toda esa arremetida “revolucionaria “ejercida sin contrapeso, fue abonada por el rechazo a una “deficiente democracia”, malograda, asumían, por el comportamiento de los partidos políticos; pensamiento en mucho alimentado por el largo juicio seguido a CAP que sirvió de escuela para la antipolitica apoyada en unos “notables” maestros; juicio sustentado en una rectificación presupuestaria (22/02/1989) por la cantidad de doscientos cincuenta millones de bolívares (Bs 250.000.000,00) que luego fueron cambiados a una tasa preferencial de Bs 14/$ por un total de 17.241.379,31 dólares USA teniendo como beneficiario al Ministerio de Relaciones Interiores (MRI). Dicha operación, se conoció el 08/11/1992 (¡luego de 4 años!) por la televisora Televen ocupando casi de inmediato los titulares de la prensa nacional, siendo que el Fiscal General en una desconocida agilidad de la burocracia Estatal solicita ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) un Antejuicio de Mérito contra CAP (11/03/1993) a tan solo ¡4 meses después de la denuncia televisiva! Imputándolo por la “presunta comisión de hechos delictuosos contra la cosa pública” y por la “comisión de delitos de malversación y peculado”; hasta que el 30/05/1996 (7 años después de haberse efectuado la rectificación presupuestaria) la CSJ dicta la sentencia definitiva condenándolo a 2 años y 4 meses de arresto domiciliario por la comisión del delito de malversación agravada al tiempo de ser absuelto del cargo de peculado doloso.

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A propósito de una visión de la corrupción actual en “revolución”, nos servimos de datos contenidos en La Ruina de la Democracia (Allan R. Brewer-Carías, Caracas 2015) en su aparte contentivo de la ausencia de sentencias condenatorias del Estado dentro de las 45.474 sentencias dictadas por las Salas Político Administrativa y Constitucional del tsj (minúscula intencional) en materia de peculado y corrupción, que por razones de espacio nos limitamos a ¡17 por un monto de $ 42.881,5 millones!: Plan Bolívar 2000, $150MM (2000-2001); Sobornos Siemens, $18,7MM (2001-2007);Notas Estructuradas, $300MM (2003); Bonos Bandagro, $1.000MM (2003); Tesorería Nacional, $9.000MM (2006); Puente Nigale, $57MM (2006); Antonini Wilson, $0,8MM (2007); Fideicomiso Bandes-Argentina, $13MM (2010); Fonden, $29MM (2011); Derwick, $1.000MM (2011); Pdvsa/desfalco Fondo Chino, $84MM(2011-2012); Ferrominera, $1.200MM (2013); SITME, $25.000MM (2013); Bioart/arroz argentino, $39MM (2013); Tesorería Nacional/HSBC, $700mm (2015); Aquilera/Banco Madrid, $90MM (2015); BP Andorra, $4.200MM (2015).

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Reflexión final: Se infiere con facilidad, que los delitos de corrupción en “revolución” superan con creces los cometidos no solo en el “Gobierno corrupto de CAP” (¡!) sino en toda nuestra historia republicana; siendo que en lo especifico de CAPII los 17 casos citados están un 2.500% por encima del delito de la rectificación presupuestaria; a quienes igualmente (y a todos)se les debe aplicar la ley ya que ningún ciudadano puede desbordar los limites constitucionales más aún si se es ¡¡Presidente de la Republica!!

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Economista Jesús Alexis González
jagp611@gmail.com
@jesusalexisgon

Fuente: Pedagogía Económica