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Costo económico del Estado (des)Comunal. Alicia Sepúlveda

Hay una serie de medidas compulsivas que generan incertidumbre en el empresariado

En Venezuela los temas de la agenda pública tienen un boom comunicacional y luego desaparecen. Pero la maquinaria gubernamental sigue avanzando, a pesar de que el asunto no forme parte de las preocupaciones nacionales. Esto ocurre con la construcción del Estado Comunal, materia que con mucha fanfarria fue discutida a finales de 2012 por la prioridad que le dio el Gobierno. Hoy día la crisis institucional generada por la ausencia del Presidente, la escasez de bienes y servicios de primera necesidad, la masacre carcelaria y la devaluación anunciada en otro “viernes negro”, ocupan el centro del debate.

Conviene recordar el costo económico del Estado (des)Comunal considerando las leyes comunales vigentes desde 2010 y el Plan Socialista que aspira a que en seis años, 68% de la población haga vida en comunas (prevé crear 450 por año). El costo está íntimamente ligado al Estado clientelar, que presiona el gasto público, y al costo transaccional que la intervención directa de las organizaciones comunales genera en la gerencia de las empresas.

En cuanto al gasto clientelar, la Ley de Presupuesto de 2013, vía recursos ordinarios, contempla canalizar a los proyectos y planes comunales aproximadamente 8,8 millardos de bolívares, a través del Fondo de Compensación Interterritorial (FCI), principalmente para el fortalecimiento institucional de los ejes comunales. Ese monto es superior a los 5,2 millardos de bolívares asignados a los municipios, a pesar de ser éstos la instancia político administrativa establecida en la Constitución para abocarse a la solución de los problemas inmediatos de los ciudadanos. Los municipios tienen claramente establecidos sus mecanismos contralores en la administración y aplicación de los recursos. En las organizaciones comunales, en cambio, estos mecanismos de rendición de cuenta resultan opacos y propician el incumplimiento de los proyectos en tiempo y calidad, lo cual incentiva la corrupción. Datos de noviembre de 2012 señalan que 90% de las comunas han fracasado por corrupción, sin embargo, lo que se les asigna en el presupuesto de 2013 representa un incremento de 38%. Este tipo de decisiones les restan eficiencia a las políticas públicas y generan duplicidad de esfuerzos, lo cual se traduce en proyectos que, por falta de vigilancia, se ejecutan dos y tres veces (o los recursos desaparecen y no se hace nada).

Un ejemplo de esta anomalía es la parte de la Misión Vivienda asignada a los consejos comunales y la calidad de las viviendas construidas. En la página Web de Sundecop, al señalar que el “Poder Popular protagoniza Plan Nacional contra la Especulación y el Acaparamiento” y el “Poder Popular es la avanzada de Sundecop para cumplimiento de PMVP”, se destaca la formación de más de 1.000 personas que, junto a los funcionarios, se encargarán de fiscalizar y verificar el cumplimiento de la Ley de Costos. Allí se les “ofrecen a las comunidades las Actas de Verificación de Precios para que puedan constatar el cumplimiento de la priorización, y en caso de encontrar sobreprecios, envíen este instrumento a la Sundecop para que el ente designe un fiscal”. Estas medidas compulsivas generan incertidumbre en el empresariado y obligan a incrementar los costos vinculados a procesos internos para responder a posibles fiscalizaciones, mermando la productividad y posibilidad de ampliar la inversión para generar mayor cantidad de bienes y servicios.

El empresario privado se ve sometido a una competencia desleal por parte de las organizaciones comunales, a las cuales el Gobierno otorga prerrogativas e incentivos a los que no tienen acceso los empresarios privados. La última modificación de la Ley de Bancos obliga a los empresarios a aportar 5% de sus ganancias al Fondo de Proyectos Comunales administrado por el Ministerio de las Comunas. Ya en 2011 la contribución fue de Bs. 294 millones, de los cuales “disponen inmediatamente” las organizaciones comunales.

Venezuela padece un proceso inflacionario superior a 20% anual. La causa fundamental es la reducción de la oferta debido de los desincentivos a la producción y deterioro de los derechos de propiedad, como resultado, en parte, de la construcción del Estado Comunal y el fuerte gasto público que acomoda la asignación de recursos a estructuras clientelares como las agrupaciones comunales. Se acerca el pago de ISLR. Cabe preguntarse, ¿cuánto pagarán las organizaciones comunales y cuánto las empresas privadas?

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