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¿Crisis bancaria?

06/12/09

Un punto esencial a revisar es la normativa de Fogade

Por: Domingo Fontiveros

El desplome esta semana de los cuatro bancos cuyos nombres sobra repetir, vuelve a poner de manifiesto el pésimo concepto que se tiene de lo económico y financiero en las altas esferas de control del Estado.

Cerrar estos bancos, después de haber asegurado su continuidad operativa, derrumba en forma instantánea la credibilidad del gobierno en asuntos de inmediata y directa repercusión en el bolsillo de las personas, que tienen todo el derecho a confiar en las declaraciones oficiales en materia tan concreta. Que este daño sea reversible está por verse.

Estos bancos no eran de banqueros. Eso es conocido. Se usaron para potenciar otros negocios, muy jugosos, y las instancias fiscalizadoras del Estado lo sabían también desde tiempo atrás. Demorar la intervención no hizo sino empeorar la situación. El gobierno falló gruesamente por razones que esperemos se conozcan ahora que las investigaciones oficiales y periodísticas pueden avanzar con mayor amplitud. Estos no era bancos del Estado, pero actuaban como sus causahabientes.

Estos bancos fallidos no tienen entidad material para provocar una crisis del sistema bancario. Sin embargo, los banqueros de verdad deben cuidar sus instituciones y al público que confía en ellas. No tanto de las repercusiones directas que la situación descrita pueda tener, sino de la enorme impericia que han demostrado las autoridades al momento de manejar un problema focalizado en un grupo de aprovechadores organizados para distribuirse entre ellos recursos del gobierno y de la gente común. También de los ataques retóricos injustificados. Ya el discurso político la vuelve a emprender contra el capitalismo, la propiedad privada y la banca profesional, en un nuevo desarrollo de esa jerga dañina a los intereses económicos de las clases medias y trabajadoras, y del público en general.

Un punto esencial a revisar es la normativa de Fogade. Este fondo está convertido en una tristeza después de múltiples expoliaciones ordenadas desde lo más alto del poder, en activos inmobiliarios y financieros. A los depositantes les ofrecen un seguro de Bs. 10.000, que es una miseria a los precios actuales y no llega al 1% del seguro de depósitos que existe en EEUU. Según informa la prensa (la página web de Fogade tiene desactivada la opción para examinar su balance al momento de visitarla), sus disponibilidades no alcanzan sino para atender a una fracción de los derechos de los depositantes en los entes intervenidos. Cualquier gobierno normal entendería la urgencia para una reforma de la ley con carácter retroactivo en beneficio de los depositantes particulares con un aporte presupuestario sustancial por parte del gobierno, que pudiera lograrse suspendiendo por tiempo indefinido, ordenado por la Asamblea Nacional, de compra o pago de cualquier tipo de armamento.

Afortunadamente hay otras instituciones bancarias que no han caído en vicios ni en jugarretas políticas para continuar la prestación de su servicio en forma rentable para ellos y sus clientes. El sector privado, con estos acontecimientos, de todas formas vuelve a ser golpeado con saña, tanto en lo que se refiere al ciudadano común como a las empresas que han contribuido, ambos, a la construcción de lo que sigue siendo un país que resiste como cocotero playero la embestida de estos huracanes.

dfontiveros@cantv.net

El Universal