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Crónicas de una muerte anunciada: El control de cambio en Venezuela.

Venezuela lleva casi una década conviviendo con un control cambiario que rige sobre el manejo de divisas de todo el país. Más allá de las justificaciones que abogan por la existencia de dicho control, su prolongada instrumentación sólo se explica por las características y objetivos ideológicos del modelo imperante, el del Socialismo del Siglo XXI. De ahí que para profesionales de la economía e intelectuales del ámbito social, que han seguido de cerca el comportamiento de la economía venezolana, las decisiones tomadas por el gobierno el pasado viernes no son sorpresa alguna, sino más bien las consecuencias de un sistema de controles e imposiciones que lentamente implosiona.

Nos referimos a nada más y nada menos que a la Providencia N°11, conjunta del Ministerio de Economía y Finanzas y el CENCOEX, publicada en la Gaceta Oficial 40636, la cual impone una reducción significativa de la asignación de divisas para los viajes al exterior, así como también la restricción de participación únicamente a la banca pública, como único sector autorizado para las tramitaciones de divisas, tanto para los viajes al exterior como las compras por internet.

Los venezolanos ahora sólo pueden disponer como tope un monto total de $3000 anuales, repartidos entre el cupo electrónico y el cupo de dólares para viajes al exterior sujeto a las restricciones expuestas en la siguiente tabla:

Esta medida responde al déficit de oferta de divisas que ingresan al  país, principalmente por la caída de los precios del crudo y el importante monto de compromisos en divisas del gobierno nacional. En este último aspecto se suman los compromisos a raíz de los dictámenes de los litigios por expropiación del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), por los cuales Venezuela debe pagar $1600 millones a Exxon Mobil, $740,3 millones a la minera Gold Reserve, $33,7 millones al consorcio aeroportuario liderado por la chilena IDC, entre otros; además del vencimiento del plazo del pago de Bonos de PDVSA por un monto alrededor de los $10.000 millones.

Esto por supuesto trae consigo consecuencias muy negativas para todos los venezolanos quienes además de sufrir las penurias de una inflación, que este 2015 se proyecta en tres dígitos, la escasez de productos básicos y medicamentos e índices de delincuencia elevados; tienen que lidiar con un control de cambio aún más restringido para poder preservar el valor de sus bienes y su trabajo. El gobierno por su parte tiene que asumir un costo político importante que puede afectar su permanencia en el poder y la continuación sus proyectos políticos. Un escenario en el que nadie gana, todos perdemos. Pero no es sorpresa, ya se sabía. La muerte de este sistema está anunciada.

GILBERT BARRETO – INVESTIGADOR OBSERVATORIO GASTO PÚBLICO
#CediceObserva