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Decreto Ley de Inversiones Extranjeras como Barrera de Salida y de Entrada. Enrique Gonzalez

Las barreras administrativas y de entrada a la inversión, así como los controles y las regulaciones de corte intrusivas sobre las actividades económicas, en la medida que no tengan por justificación y por efecto evitar situaciones de riesgo de lesión al interés público, terminan actuando como destructores de oportunidades de generar riqueza y bienestar, así como oportunidades para la corrupción, captura de rentas y del regulador.

Preocupa que en ocasiones las normativas y las disposiciones sobre la inversión extranjera que fungen como barreras de entrada en contra de estas, motivadas políticamente para evitar ciertas actuaciones abusivas o lesivas por parte de los agentes económicos –especialmente en materia económica-; no suelen limitar ni contener la producción legislativa o vía habilitante de leyes intrusivas que controlan y limitan las libertades y los derechos económicos. Lo anterior no solo ha ocurrido en Venezuela, estudiosos de la materia de las políticas públicas hacia las inversiones extranjeras reconocen empíricamente este lamentable hecho[1] a nivel mundial.

En el ranking de los países receptores de inversiones extranjeras se encuentran aquellos que poseen mercados profundos o aquellos provistos de numerosos recursos, factores productivos, materias primas o insumos. Estos países lejos de poner barreras a la entrada, entienden el beneficio que genera el financiamiento externo a la creación de riqueza, así como el valor agregado de la actividad económica asociada con estas inversiones. Una vez que Venezuela no constituiría un caso de un mercado profundo por población y especialmente ante su situación actual de merma en su poder de compra externa, definitivamente sí constituye un país dotado de numerosísimas oportunidades en recursos, que justifican el mejor de los climas de negocio para transformar recursos, crear valor y exportar productos, buscando mercados a nivel mundial.

En el Decreto Nº1.438 del 17 de noviembre de 2014, con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Inversiones Extranjeras, destaca disposiciones como la contenida en el artículo 29 sobre la Permanencia del Capital de la Inversión, el cual versa:

La inversión extranjera deberá permanecer en el territorio de la República por un lapso mínimo de cinco (5) años, contados a partir de la fecha en que haya sido otorgado el Registro. Cumplido este período los inversionistas podrán, previo pago de los tributos y otros pasivos a los que haya lugar, realizar remesas al extranjero por concepto del capital originalmente invertido, registrado y actualizado”.

De igual manera resalta la disposición establecida en el numeral 11 del artículo 15 sobre Competencias adicionales del Centro Nacional de Comercio Exterior (CENCOEX) en materia de inversiones extranjeras, la cual establece:

Aprobar o negar la solicitud de autorización de transferencia al extranjero de la propiedad sobre bienes de capital tangible e intangible, que se realice mediante operaciones financieras, previa opinión vinculante del ministro del poder popular con competencia en materia de comercio”.

Especialmente llama la atención el artículo 37 sobre la Transferencia de la inversión extranjera el cual versa:

En caso de liquidaciones de la empresa receptora de inversión extranjera, los inversionistas extranjeros tendrán derecho a remesar al país de origen la inversión extranjera registrada, de acuerdo a lo establecido en el presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley, y siempre que dicha liquidación se produzca a consecuencia de la venta de la empresa directamente a inversionistas nacionales, y a su vez, se compruebe por parte del Centro Nacional de Comercio Exterior, el funcionamiento pleno de las operaciones productivas y comerciales de la empresa receptora, con la permanencia de los bienes y los conocimientos tecnológicos que implicaron la inversión”.

Todas las disposiciones anteriormente mencionadas y la severidad con la que sean administradas al poder constituir barreras contra la repatriación y salida de capitales y de activos tangibles e intangibles, podrían erigirse como una barrera de entrada con efectos contraproducentes de desincentivos a la inversión en el país. Las disposiciones aludidas resultan especialmente discriminatorias en contra de los potenciales entrantes ya que elevan los costos de entrada al desconocer y en consecuencia aumentar los costos incrementales de largo plazo al imprimirle rasgos de costos hundidos a las inversiones que se pudieran realizar en el país.

En la medida que las empresas ya instaladas hayan superado los cinco años de permanencia como restricción para el inicio de los derechos de remesas al extranjero por concepto de capital originalmente invertido, se le estaría erigiendo un costo a los potenciales entrantes. Ante el hecho que pueda negarse la aprobación de la autorización de transferencia al extranjero de la propiedad de bienes de capital tangible o intangible; se le imprime cualidad de costos hundidos a unos activos que podrían constituir costos o activos evitables  –avoidable costs or assets-. En este orden de ideas, se le está otorgando una venta competitiva artificialmente creada a las empresas instaladas en detrimento de la eficiencia dinámica y los potenciales entrantes en mercados eventualmente competitivos.

Por otra parte, la discriminación a favor de inversionistas nacionales que hace el artículo 37 pudiera generar la necesidad de tener que esterilizar dinero de curso legal -en caso que se concrete la compra en bolívares-, produciéndose una reducción en el nivel de las reservas internacionales; en comparación a la situación de que sea otro inversionista extranjero quien adquiera la propiedad de la empresa.

Por último, disposiciones como la contenida en el artículo 38 sobre las Circunstancias económica extraordinarias constituyen amenazas que afectan tanto a potenciales entrantes como a las empresas ya instaladas en el país, deteriorando la seguridad jurídica y el clima de negocios e inversiones en el país.


[1] Jacques Morisset y Olivier Lumenga Neso: ADMINISTRATIVE BARRIERS TO FOREIGN INVESTMENT IN DEVELOPING COUNTRIES. Mayo 2002.

ENRIQUE GONZÁLEZ
Director del Centro de Estudios y Análisis de Políticas Públicas y Regulatorias www.ceapre.com Economista UCV. Master en Economía Industrial, Universidad Carlos III de Madrid. Master in Competition and Market Regulation, BGSE, Universidad Pompeu Fabra, Universidad Autónoma de Barcelona. Postgraduate Program in Economic for Competition Law, Kings College London. Especialización en Economía de los Sectores Telecomunicaciones, Energía, Farmacéutico, Transporte, Agua y Banca, Universidad Carlos III de Madrid y Universidad Pompeu Fabra. Maestría en Economía y Derecho del Consumo, Universidad Castilla La Mancha. Programa Avanzado en Política de Competencia, Instituto de Empresas, IE.