Centro de Divulgación del Conocimiento Económico para la Libertad
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Derechos de propiedad y proyecto de Ley de venta de vehículos. Luis A. Herrera

Responder al problema de la escasez relativa (existencia de bienes limitados para satisfacer necesidades ilimitadas de un número siempre creciente de personas), que se manifiesta en los diferentes ámbitos de la vida humana (alimentación, salud, vestido, vivienda, acceso a servicios, educación, informática o recreación), es el reto central de la ciencia económica.

Y dependerá de la teoría económica que se adopte para enfrentar el problema, el que las necesidades no sean satisfechas, que aquellas se agraven e incluso hasta se pierda la libertad individual, o que por el contrario, las necesidades sí sean satisfechas, sin discriminaciones y sin sacrificar la libertad individual, sino más bien apoyándose en ella para lograr ese fin.

La teoría económica socialista asume como dogmas el que la riqueza (cantidad disponible de bienes y servicios) es de suma cero (sólo cuentan los ya existentes, y su apropiación por unos implica la exclusión de otros), que los propietarios de los medios de producción no tienen interés en satisfacer los intereses de consumidores y usuarios, que el alza de precios y la escasez derivan del egoísmo del productor y que sólo el Gobierno es capaz (por la fuerza) de asegurar una “justa distribución” de los bienes, e “impedir” que los propietarios de los medios de producción dejen a personas sin acceso a bienes y servicios que requieren para desarrollar sus vidas.

El proyecto de ley que regula la compra y venta de vehículos automotores nuevos y usados, nacionales o importados, en discusión en la Asamblea Nacional, se apoya en los dogmas descritos. En efecto, con el fin de frenar el “abuso” de ensambladoras, concesionarios y propietarios de autos usados al fijar el precio de los vehículos e impedir que éstos se usen como “inversión”, el proyecto prevé que será el Gobierno quien fijará el precio de venta de los vehículos (hasta por 10 años para los usados), repuestos, partes y accesorios, que se notificará a aquél la identidad de quienes esperen por comprar, compren y vendan, modelos y cantidad de vehículos vendidos, etc., por lo que también en este ámbito desaparece la autonomía contractual. Por demás, se asume que los vehículos, repuestos, partes y accesorios comercializados, ensamblados y vendidos en el país, derivan del uso de divisas entregadas por el Gobierno, de modo que la propiedad sobre ellos es precaria.

La teoría económica liberal rechaza los dogmas socialistas aplicados por el Gobierno actual y sus antecesores. Postula que la riqueza no es un juego de suma cero (es posible crear más bienes y servicios de los que existen), que la búsqueda del propio interés sí es compatible con los intereses del colectivo (los otros individuos), que son la falta de competencia, la aplicación de políticas inflacionarias y el intervencionismo estatal, en lugar de la supuesta inmoralidad del productor, las causas del aumento de precios, escasez e insatisfacción de las necesidades humanas, y que no es mediante controles y saqueo de la propiedad privada que podrá darse respuesta al problema de la escasez relativa, sino garantizando los derechos de propiedad, promoviendo la competencia en la oferta de bienes y servicios y respetando el intercambio entre individuos libres. El proyecto de ley de vehículos aumentará la escasez de carros y agravará el problema de la falta de acceso a esos bienes, al seguir la inviable teoría económica socialista.

LUIS ALFONSO HERRERA ORELLAN ― NOTITARDE
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