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Diez empresas por semana expropió el Gobierno en 2011

06/02/2012

Observatorio de la Propiedad (ODP) de Cedice: “El proceso de expropiaciones emprendido por el Gobierno no corresponde con el número de indemnizaciones a los que obliga la Ley de Expropiaciones”.

Por: Lisseth Boon

En la última década, sólo 10% de más de un millar de bienes “rescatados” por el Estado han recibido algún pago por sus bienes, y en menor proporción un “justiprecio” acordado por las partes.

En esta proporción coinciden entidades como Conindustia, Asociación de Propietarios de Inmuebles Urbanos (Apiur), Federación de Centros Españoles de Venezuela (Feceve), Confederación Nacional de Asociaciones de Productores Agropecuarios (Fedeagro) y el Observatorio de la Propiedad (ODP) de Cedice.

Únicamente el año pasado, se produjeron 499 expropiaciones en el sector industrial, equivalente a unas 10 por semana, según datos de Conindustria. El ritmo, lejos de desacelerarse, tiende a crecer: 80% del total de las ocupaciones se ha registrado a partir de 2009 en adelante.

Una muestra de los retrasos de los pagos son los juicios abiertos en tribunales internacionales por 22 transnacionales expropiadas, con las cuales el Gobierno no ha llegado a un acuerdo sobre el monto de las compensaciones, salvo el caso de la cementera mexicana Cemex (expropiada en 2008), con la cual finalmente decidió en diciembre de 2011 el pago de $240 millones de un total de $600 millones acordados.

Otro caso que se excluye es el de la mexicana Monaca (Grupo Gruma), cuya expropiación también revirtió dando paso a la negociación de una empresa mixta.

A $34 mil millones asciende la deuda del Estado con las empresas expropiadas nacionales y extranjeras (no se incluyen tierras ni inmuebles urbanos), según la firma Ecoanalítica. De ese total, sólo ha cumplido con unos $11.500 millones, es decir, aún debe responder por $22.500 millones, un poco menos de lo que Pdvsa invirtió en gasto social en 2010 ($20.549 millones).

“Se trata de un club selecto de empresas que pudieron recurrir a instancias internacionales para hacer valer sus derechos. Pero el venezolano común, el pequeño y mediano empresario, no tiene dónde reclamarlos en el contexto actual”, observa el abogado e investigador Antonio Canova.

Llevar un registro del número y monto de las expropiaciones oficiales a lo largo de 10 años no es tarea sencilla. Algunas son formalizadas vía decreto, otras anunciadas por el Presidente en una cadena nacional o en su programa dominical. Muchas, simplemente se materializan cuando funcionarios públicos acompañados por uniformados armados llegan a las puertas de edificios, empresas, galpones, fincas y estacionamientos, con o sin documentos que certifiquen la medida.

Pedro Benites, director del ODP, admite que muchos propietarios prefieren mantener silencio ante la violación a su propiedad con la esperanza de recuperarlos y por temor a mayores presiones por parte del Estado.

Ni el mismo Estado ofrece una lista detallada de la apropiación de bienes “de interés social o utilidad pública”, razones contempladas en la Ley de Expropiaciones con las que fundamenta estas adjudicaciones.

Siete años después de la toma de la finca La Marqueseña (caso emblemático cuando comenzó la ola de expropiaciones), el Gobierno creó en diciembre de 2011 el Consejo Superior Estratégico en materia de expropiaciones.

“Se vio obligado a poner en orden en sus propios procedimientos, que se elevan al millar”, considera Carlos Larrazábal, presidente de Conindustria. Esta instancia , además de armar una base de datos, estará facultada para indicar al Ejecutivo las potenciales expropiaciones.

Vía de hecho

La frase “expropiar es robar”, pronunciada por la diputada y precandidata María Corina Machado retumba especialmente entre aquellos propietarios que esperan aún por la cancelación de sus bienes que han pasado a manos del Estado.

Entre ellos se encuentran los 300 propietarios españoles representados por la Federación de Centros Españoles de Venezuela (Feceve), quienes reclaman que el Estado ha procedido inconstitucionalmente con las intervenciones de sus propiedades.

“Cada caso es una tragedia. Más que derechos de propiedad, debemos hablar de derechos humanos porque en muchos casos se ha recurrido a la violencia, saltándose todo el ordenamiento jurídico”, dice Félix Barbero, presidente de Feceve.

Únicamente a ocho de un total de 300 propietarios le han reconocido el pago “incompleto o sólo de bienechurías”, alega Barbero. Entre ellos, está el caso de los hermanos Solórzano que debieron hacer huelga de hambre frente a la Embajada de España en Caracas para que reconocieran sus derechos.

Esperan por la aplicación del acuerdo bilateral de promoción y protección recíproca de inversiones, suscrito en 2005 entre España y Venezuela.

Entre 10% de los casos reconocidos del campo se encuentra el de La Marqueseña en Cojedes, que pasó a convertirse en el Centro Genético Productivo Florentino, bajo el llamado “método chaz”, que implicó la toma por parte del Estado de 4.500 hectáreas de un total de 6.000.

A Carlos Azpúrua, su propietario original, le pagaron las bienechurías y se quedó con 1.500 hectáreas. Pero siete años después, aún “espera por justicia”. Se han abierto cuatro juicios ante el TSJ y aguarda por el reconocimiento de la titularidad de la propiedad.

“La Ley de Expropiaciones promulgada en 2003 es clara”, puntualiza el presidente de Conindustria. “Se debe cumplir con varias premisas: que el bien sea declarado de utilidad pública, que participen tres peritos para el avalúo, que haya un acuerdo del justiprecio entre las partes y, finalmente, un tribunal dicte una sentencia que avale la intervención. Pero en la gran mayoría de los casos, el gobierno se ha saltado estos pasos”.

Larrazábal establece que “las expropiaciones se han convertido en la apropiación ilegal de bienes por parte del Estado. Si no se llama robar, al menos se le acerca mucho”.

Canova las califica abiertamente como vías de hecho. “Son robos y así debería juzgarse la responsabilidad de los funcionarios. Se trata de la toma arbitraria de los bienes por parte del Gobierno sin cumplir el ordenamiento legal”.

Descarta identificar las intervenciones como confiscación porque de acuerdo con la Constitución, se refiere a la recuperación de bienes producto de hechos ilícitos (como tráfico de drogas, por ejemplo), por lo que no hay indemnización.

El vicepresidente de Fedeagro, Carlos Albornoz, prefiere hablar de despojo y no de robo. “No estamos de acuerdo con el latifundio, pero exigimos legalidad. La desaparición de la propiedad privada en el campo amenaza la agricultura sustentable en el país”.

Sí cumplimos

El Gobierno insiste en que ha cumplido con sus obligaciones tal y como lo contempla la Ley de Expropiaciones.

El propio Presidente afirmó que sí ha respondido a los compromisos adquiridos por las expropiaciones en la presentación de la Memoria y Cuenta de 2011 ante la Asamblea Nacional del pasado 13 de enero. No mostró el monto de las compensaciones.

Al menos en los gastos ordinarios para este año no está contemplado el pago de las indemnizaciones por las propiedades intervenidas, de acuerdo con el Presupuesto Nacional 2012.

Los críticos de la política oficial de expropiaciones alegan que el interés del Gobierno es destruir el sector privado, siguiendo los lineamientos del Plan Socialista.

Para el economista Asdrúbal Oliveros, director de Ecoanalítica, el retraso en los pagos puede ser una manera de ganar tiempo, de “correr la arruga” para responder con los pasivos.

El analista cree que el año electoral en curso no detendrá las expropiaciones. “Quizás ya no se intervengan grandes empresas sino que se concentre en el sector inmobiliario con la excusa de resolver el problema de la vivienda”.

Canova piensa que con las expropiaciones “no sólo resultan afectados los empresarios, sino también los trabajadores y la sociedad en general. Al Gobierno no le interesa aumentar la productividad, sino lograr el control de todos los sectores de la sociedad para mantenerse en el poder”.

lboon@cadena−capriles.com

El Mundo