Centro de Divulgación del Conocimiento Económico para la Libertad
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Dividir el poder

Hablar de la división del poder supone referirse a dos separaciones básicas ocurridas en la modernidad occidental: la separación entre Estado y Religión, y la separación funcional del poder público ejercido por el Estado, como garantía de la libertad, adicional a la que se deriva de reconocer derechos individuales como límites a ese poder. La primera, como rechazo al absolutismo moral por la imposición de una fe única. La segunda, como rechazo al absolutismo político por la concentración en una sola figura de todo el poder no sujeto a controles con peso real como para limitarlo.

Pero existe otra división del poder no menos importante, aunque sí menos destacada, que postula la separación entre poder político y poder económico como condición para salir del absolutismo económico propio de los despotismos políticos. Sin que ello fuera un objetivo deliberado de la modernidad, en algunas sociedades -luego de la Revolución Industrial- esa autonomía se materializó, y el poder económico (la propiedad privada sobre medios de producción y otros bienes con valor económico) fue acumulándose por la innovación y el emprendimiento o trasladándose, por reconocimiento de la propiedad privada, del Estado a los particulares, conservando aquél solo los bienes necesarios para cumplir con sus cometidos públicos.

Es ese proceso el que explica, según Asdrúbal Baptista, por qué en las sociedades más prósperas la propiedad privada es mucho mayor que la propiedad estatal (ver Bases del Poder en Venezuela. SIC 697, 2007, p. 304). En estas sociedades, sin perjuicio de las regulaciones aplicadas para evitar perjudiciales concentraciones económicas al interior del sector privado, se ha logrado algo esencial para la democracia, la libertad y el Estado de Derecho: deslindar el poder de gobernar, de legislar y de juzgar, del lado del Estado, del poder de crear, producir, prestar servicios, innovar, emprender y elegir qué adquirir, del lado del mercado.

2. ¿Hemos superado en Venezuela el absolutismo económico heredado de la Corona española? Puede decirse que entre 1830 y 1947 ese absolutismo prevaleció bajo el compadrazgo, la corrupción y el patrimonialismo, pues no se adoptaron efectivas medidas para proteger los derechos de propiedad sobre medios de producción y demás bienes con valor económico: no se empoderó a los ciudadanos del fruto de su esfuerzo. Desde 1947 hasta 1989 se desarrolló un proceso deliberado de estatización de los medios de producción cuya nota más alta fue la estatización, en los años 70 del siglo XX, del hierro y el petróleo, que en lugar de acabar con el absolutismo económico, lo fortaleció, pero con la promesa socialdemócrata de usarlo para bien, no para oprimir. (Ver Baptista, op, cit., p. 305).

Tal tendencia, instaurada con la Constitución de 1947, se ha agravado -paradójicamente, en contra de la Constitución de 1999- en la última década, y más desde 2008 cuando la estatización de medios de producción privados se radicalizó violentamente, con el agravante de que el absolutismo económico practicado hoy día desde el Estado persigue imponer en Venezuela un absolutismo político y moral. Una vuelta a la monarquía absolutista del XIX, según Enrique Krauze.

Así las cosas, mientras Venezuela logró en el siglo XIX separar Estado y Religión, y luego, bajo la vigencia de la Constitución de 1961, avanzó hacia la separación efectiva en ramas del poder público -instituyendo algunos pesos y contrapesos y descentralizando el poder-, en el deslinde entre poder político y poder económico no ha habido avances, ni apoyo, a los intentos serios de lograrlo. Quizá por los mitos derivados del petróleo, el poderío económico del Estado -que solo favorece a quienes lo controlan y a sus aliados- no se cuestiona, sin reparar con ello en que tal poderío no solo es garantía de pobreza, exclusión y corrupción, sino de discriminación, despotismo y ausencia de Estado de Derecho, solo que nadie se atreverá a demandar o condenar al Estado por su ineptitud.

3. Es tiempo de aceptar que el absolutismo económico vigente -con alguna excepción- desde 1975 a la fecha, ha sido catastrófico, y de convencer al país de que es necesario lograr la democrática separación entre Estado y poder económico, y que el camino es el efectivo reconocimiento, protección y promoción de los derechos económicos (propiedad, libre empresa, laborales y de consumidores y usuarios) previstos en la actual Constitución para todos los nacionales y extranjeros.

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