Centro de Divulgación del Conocimiento Económico para la Libertad
"...La única forma de cambiar el curso de la sociedad
será cambiando las ideas" - Friedrich Hayek
"Una sociedad que priorice la igualdad por sobre la libertad no obtendrá ninguna de las dos cosas. Una sociedad que priorice la libertad por sobre la igualdad obtendrá un alto grado de ambas" - Milton Friedman
Economía acorralada por el Estado, la familia y los obreros. Jesús A. González

En función de intentar comprender (más allá de la obviedad cuantitativa) las causas del profundo desajuste macroeconómico que experimenta Venezuela, abordamos el basamento ideológico que sustenta la relación Estado-familia-obreros en lo que se refiere a las aspiraciones redistributivas de carácter igualador, que intenta promover (1) estándares elevados de vida o (2) una igualdad en las necesidades mínimas, con la intención soterrada de evitar que la movilidad social (nuevas clases medias) actúe en contrario al enfoque del proceso que adelanta la izquierda comunista. Al propio tiempo, visualizaremos la pretensión gubernamental por una ampliación de los derechos de los trabajadores para participar en la gestión económica (y empresarial), en un horizonte que procura una lucha de clases para controlar los medios y modos de producción con la finalidad ulterior de cambiar estructuralmente las relaciones sociales, y retornar a un  Estado (totalitario) como principal agente productor de bienes y servicios, que de igual modo asume (contradictoriamente) la garantía de los derechos civiles, sociales y políticos de todos los ciudadanos.

Resulta pertinente recordar, que las políticas liberales impulsadas por el Consenso de Washington (año 1989)  se orientaban al funcionamiento de un sistema de mercado sin regulaciones (autoregulado) en la producción y distribución de bienes, bajo el marco de la libre competencia; escenario que a la postre mostro una incapacidad para disminuir la desigualdad social (pobreza y exclusión). Tal situación, motivo la refundación del Estado interventor para que participara activamente en la instauración de una cohesión social,  asumiendo el rol de principal (y casi único) coordinador y facilitador de una específica matriz socioeconómica entre la sociedad y los agentes económicos, hasta constituirse (el Estado), en respuesta a un clamor asistencialista emanado de la sociedad, en la más relevante estructura social que podía inducir beneficios sociales colectivos en armonía con un obligante crecimiento económico sostenido; en un contexto donde los sindicatos obreros, aparte de luchar por mejorar sus condiciones laborales, también participarían para restringir la libertad empresarial.

Es evidente, que el mercado autoregulado y el principio de la igualdad tienen entre sí postulados incompatibles, ya que uno (el mercado) exige la no intervención del Estado mientras que en el otro (la igualdad) se infiere que el Estado debe asumir la caga de eliminar los obstáculos que impidan al ciudadano contar con una seguridad social a la luz de gozar de sus derechos (civiles, sociales, políticos y económicos); contradicción que origina una especie de economía mixta donde coexisten un sector privado (en vías de demolición) que participa en un mercado altamente controlado como mecanismo asignador (¿?), y un sector público con un marcado rol intervencionista al extremo de imponer (alejado de cualquier forma de “pacto social”) las políticas sociales y económicas hasta configurar una relación Estado-sociedad bajo una premisa de difícil logro: “que cada integrante de la sociedad se sienta como un miembro pleno, capaz de participar y de disfrutar de la vida en común” (Kymlicka y Norman, 1997) al establecer vínculos determinados entre los sectores sociales y el Estado, sin que medie el obligante compromiso entre el capital y el trabajo a los efectos de inducir tanto crecimiento económico y empleos dignos, como la generación de recursos financieros para sostener la inversión social.

A tenor de lo expuesto, puede inferirse que la perturbación económica (con implícita desestabilización política e institucional) que en la actualidad impera en Venezuela, es en mucho consecuencia de una errática gestión fiscal del Estado ante el exceso de recursos (humanos y financieros) que concentra habida cuenta de su cuantiosa e improvisada (y populista) participación directa en materias de índole social con el consecuente efecto sobre el crecimiento del gasto público (en dependencia exclusiva de la renta petrolera), al tiempo de convertirse en un obstáculo para el desenvolvimiento de la economía al desatender el impulso que debe prestar a la acumulación de capital (y su rentabilidad) en favor de magnificar los planes sociales compensatorios (renunciando a la debida eventualidad de algunos de ellos) propiciando una esperanza creciente hacia el Estado (la mano extendida),  hasta materializar una contradicción que conduce a una disminución en la eficiencia funcional (y burocrática) de las políticas públicas  y a una pérdida de legitimidad en la actuación del Gobierno, incluida la ruptura del consenso social.

En lo referente a la intervención del Gobierno en la economía, debería condicionarse su participación a la eficiencia (o ineficiencia)  en razón a la obligación de hacer buen uso de los recursos fiscales siempre escasos y a su costo de oportunidad (escoger implica renunciar) so pena de apuntalar, por una parte, un déficit fiscal continuado y por la otra, estimular en las familias el fácil sendero de delegar en el sector público la procura de recursos para financiar la satisfacción de ciertas necesidades (rentismo mental) que ellos mismos pudieran asumir, con la sola condición de contar con un empleo decente.

En fin, ha de estar suficientemente claro que la supervivencia del Estado social (y benefactor) está limitada tanto por el tipo (y condicionantes) de las prestaciones que aspira (y puede) suministrar, como por la fase del ciclo económico en que se encuentre el país, ya que en una etapa expansiva variados componentes de la inversión social tienden a disminuir al ser absorbidos por el aparato productivo; mientras que por el contrario  en una fase recesiva algunos elementos del gasto social se contraen ( o deberían) por la elemental circunstancia de hacerse más difícil la recaudación de ingresos para atender el crecimiento natural y los incrementos en materia de política social.

Es justamente una situación de desequilibrio macroeconómico y crisis recesiva, lo que debe impulsar hacia una redefinición del sector público en su rol de operador para la satisfacción de las necesidades inherentes al bienestar de la familia, previa revisión del esfuerzo compartido. En consecuente comportamiento, ha de revisarse lo relacionado con el desplazamiento que ha sufrido el sector empresarial en su participación en la conformación del PIB como reacción a la imposibilidad de competir con las perversas importaciones subsidiadas, con obvio efecto sobre la desaparición de su responsabilidad social, que en lo sucesivo lo intenta cubrir el Estado en un papel de máximo patrón aumentando de tal forma su tamaño y por ende cambiando su ya complicada estructura organizativa por una más pesada, lenta e ineficiente.

En la existencia de un Estado social de gran tamaño, que ahora aumentará sus complicaciones ante el anuncio que el venidero 28/11 se instalará para la reactivación del tejido empresarial el Consejo Presidencial del Gobierno Popular de la Clase Obrera ,  puede  encontrarse la razón de la ausencia de materia económica fundamental al momento de aprobarse el pasado 18/11 según Gaceta Oficial No 40.543 unas 28 leyes “vinculadas con la economía” y destinadas a “la diversificación, el crecimiento y el desarrollo económico de la patria”, donde no se incluyeron temas trascendentes como la sobrevaluación, un plan antiinflacionario, el ajuste cambiario (reducción del subsidio cambiario), una flexibilización del control de cambio, una política monetaria, la monetización del déficit fiscal (emisión de dinero inorgánico), caída del PIB, desequilibrio de la balanza de pagos, desabastecimiento y escasez, dependencia alimentaria, situación critica de las reservas internacionales (especialmente las operativas), estímulo a la inversión productiva (nacional y extranjera, pública y privada) y un largo etcétera.

Se desprende entonces, que las leyes en comento están dirigidas al hecho fiscal (reforma tributaria y fiscal) con la finalidad de aumentar los ingresos, cuyo monto reducirá muy poco (cerca del 2% del PIB) el actual déficit fiscal (superior al 20% del PIB), con el agravante que no se hace mención alguna sobre la obligante reestructuración del tamaño del Estado, con la finalidad de elevar la eficiencia del gasto público y así poder disminuir su monto; lo cual debe complementarse con la  devolución a la economía del uso de los factores de la producción.

JESÚS ALEXIS GONZÁLEZ
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@JESUSALEXIS2020