Centro de Divulgación del Conocimiento Económico para la Libertad
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Economía informal y libertad económica. Pedro Méndez Dager

En años recientes el volumen de investigación que se ha realizado sobre la economía informal ha aumentado significativamente. Pero este campo de investigación alberga una dificultad intrínse-ca para su desarrollo y es que la Economía y las ciencias sociales se enfrentan a la limitación de no poder acceder a información sobre un sector que justamente prefiere mantenerse en la sombra y no facilitar datos sobre sus actividades, desempeño y el volumen de sus transacciones, entre otros. Así Tanzi (2002) comenta que “pareciera que la economía, inmersa en sus teorías, no ha podido o no ha querido enfrentar el complicado mundo del Sector Informal”. Lo que sí pareciera ser una constante en la literatura que estudia el tema es que los sistemas con instituciones sólidas desmotivan el ingreso en el sector informal de la economía. 

En meses pasados el Gobierno Nacional inició una campaña contra la economía informal que, como muchos de sus esfuerzos, descoordinados y gaseosos, no ataca las verdaderas causas de un fenómeno extremadamente complicado. El Gobierno, una vez más, confunde el orden de las causas con el orden de las consecuencias, sin entender que es el estado de la economía lo que ocasiona el éxodo de las personas de la economía formal hacia la informal.

Los gobiernos locales han intentado, en los últimos años, atacar el fenómeno pero sus raíces están demasiado atadas a los problemas estructurales del país como para ser resueltos con los recursos, las capacidades y las competencias de los gobiernos locales.

Para mencionar solo algunos ejemplos de las causas estructurales que conforman los incentivos para el crecimiento de este sector, podemos nombrar la inexistente política migratoria del go-bierno, el desempleo endémico en una economía sobre regulada y raquítica; la mala planificación urbana y los enormes incentivos que las regulaciones generan para la existencia de un sector que ofrezca, a precios más altos pero con un mejor servicio, lo que la economía formal es incapaz de ofrecer, presa, como está de un control de precios y regulaciones laborales inviables, aplicadas con tozuda insistencia.

Los gobiernos locales, pueden y deben actuar en la medida de sus capacidades, para resolver algunas de las consecuencias del problema. Pero el gran reto está en manos del Gobierno Nacio-nal que debería no solo cambiar el rumbo de la política económica sino también ocuparse de ge-nerar un marco institucional que, como la literatura sobre el tema lo demuestra, sea un incentivo poderoso para permanecer en el sector formal y no emigrar hacia la informalidad. Las impresio-nes, fundamentadas o no, que los pueblos tienen acerca de sus instituciones, son un componen-te importantísimo para la toma de decisiones por parte de los actores económicos.

Cuando hablamos de este marco institucional existe literatura que se ha ocupado de observar los cambios institucionales y sus consecuencias en los países que han salido de los modelos socialis-tas para ingresar en la economía de mercado. Así Abed y Gupta (2002) comentan: “la transforma-ción de las economías socialistas ha sido una de las principales razones para el desarrollo de estu-dios que han demostrado que la debilidad institucional y la corrupción es una de los principales obstáculos para emprender reformas de mercado”.

Para quien escribe estas líneas la implementación de una economía abierta y libre generará in-centivos para la creación de un marco institucional que le dé soporte a esa misma economía, pe-ro esto no implica que deje de ser per se una tarea pendiente para los estadistas del futuro. Es decir, para poder reducir a su mínima expresión la economía informal se debe emprender en paralelo y con vigor, dos tipos de acciones: por una parte la apertura de la economía y, por otra, la reestructuración y simplificación de un marco institucional que le dé respaldo.

PEDRO MÉNDEZ DAGER
@pedro_mendez_d