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Economistas a los venezolanos: Los Riesgos Económicos de la Reforma Constitucional

Documento público de los economistas al país.

El proyecto de Reforma Constitucional aprobado por la Asamblea Nacional entraña un severo riesgo para estabilidad monetaria y financiera de Venezuela al tiempo que representa un cambio fundamental en la estructura del Estado toda vez que se pretende instaurar un Estado y economía socialistas, que alteran los principios fundamentales del texto constitucional vigente, lo que claramente debe ser objeto de una Asamblea Nacional Constituyente. En lo relativo al modelo económico, en el artículo 112 de la reforma propuesta, se plantea que: “El Estado promoverá el desarrollo de un modelo económico productivo, intermedio, diversificado e independiente, fundado en los valores humanísticos de la cooperación y la preponderancia de los intereses comunes sobre los individuales…”, todo ello con el objeto de crear “las mejores condiciones para la construcción de una economía socialista”. Se desconoce el significado de un “modelo productivo, intermedio” y la orientación productiva no ha sido el signo de la política económica que ha aplicado este gobierno. En lo concerniente al “modelo intermedio”, nadie está en condiciones de explicar su alcance y persiste la indefinición. La “economía socialista” en el lenguaje de la reforma significa un predominio absoluto del Estado sobre la actividad económica.

En el artículo 115 del proyecto de Reforma Constitucional se establecen, entre otras, distintas modalidades de propiedad, a saber: la propiedad pública, perteneciente a los entes del Estado y la propiedad social, que nominalmente reposaría en manos del pueblo. Ésta puede ser de dos tipos la propiedad social directa cuando es ejercida por el Estado a nombre de la comunidad y la propiedad social indirecta cuando el Estado la asigna a una o varias comunidades (cursivas nuestras). También se especifica en el citado artículo la propiedad mixta conformada por el Estado en conjunción con cualquier particular o entidad colectiva. Es de resaltar en que en la Constitución vigente se pauta claramente un principio cardinal sobre el uso y disposición de los bienes, el cual fue redactado de forma ambigua en la reforma que se propone para que de esa manera impere la discrecionalidad en su interpretación y aplicación de ese principio constitucional.

Mediante el artículo 156, numeral 12, se pretende facultar al Presidente de la República para “La regulación de la banca central, del sistema monetario, del régimen cambiario, del sistema financiero y del mercado de capitales; la emisión y acuñación de moneda”. El hecho de que un presidente tenga estas atribuciones lo convierte en la práctica en un monarca al disponer de las emisiones monetarias todo lo cual crearía el peligro de una desestabilización financiera en el país. Este peligro aumentaría con lo contemplado en el artículo 236, numeral 13, en el cual se incorporó que entre las atribuciones y obligaciones del Presidente de la República está la de “Administrar la Hacienda Pública Nacional, así como el establecimiento y regulación de la política monetaria”. Una interpretación apropiada para estos tiempos en Venezuela sugiere que en realidad los lineamientos de la política monetaria y financiera serían delineados por el Presidente de la República, hecho éste en si mismo peligroso para la salud económica de Venezuela, por cuanto principios de una sana política económica sugieren que debe existir una separación entre el acto de emitir dinero y el de gastarlo y por esa razón los bancos centrales tienden a ser entes autónomos del gobierno. Esa autonomía del banco central, necesaria para garantizar niveles bajos de inflación se eliminó, al normarse en el artículo 318 que el sistema monetario debe estar en función del socialismo y no de la estabilidad de los precios, al tiempo que se supedita al BCV a las directrices del gobierno para de esa forma incurrir en una práctica cuestionable de financiar los déficits fiscales con impresión de dinero.

En el artículo 321 se le otorga al presidente de la República la facultad de manejar las reservas internacionales. Ello entraña un ejercicio delicado por cuanto son esas reservas el sustento de la moneda circulante, con lo cual se podría ver envilecido su poder de compra si se dispone de ellas para el financiamiento del gasto público, tal como ha venido ocurriendo con los activos externos que el gobierno le confiscó al BCV para financiar el FONDEN.

Debe destacarse que la disposición transitoria novena prevé que “Hasta tanto se dicten las normas que desarrollen los principios establecidos en el artículo 112 de esta Constitución, el Ejecutivo Nacional podrá, mediante decretos o decreto ley, regular la transición al Modelo de Economía Socialista”. Con ello se le confiere al gobierno poderes ilimitados para legislar en materia económica mediante una especie de ley habilitante continuada, lo cual podría ser una fuente generadora de mayor incertidumbre e inestabilidad económica y financiera.

Afirmamos que Venezuela sufre actualmente un cuadro preocupante de tensiones inflacionarias, escasez de bienes esenciales, una caída considerable de la producción petrolera, estancamiento de la producción en sectores industriales y agrícolas, una brecha significativa entre los tipos de cambio oficial y paralelos y un contexto de debilidad institucional de los entes a cargo del diseño y ejecución de la política económica, todo lo cual conforma una situación crítica que se potenciaría de ser aprobada la Reforma Constitucional.