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El bolívar y los derechos de propiedad en Venezuela

El bolívar y los derechos de propiedad en Venezuela: Una mirada a la situación del ciudadano común

La depreciación acelerada de la moneda en cualquier país, producto de la aplicación de una política monetaria de carácter inflacionario, conduce a la pérdida del poder de compra de los ciudadanos y, por ende, a un debilitamiento de los derechos de propiedad. Los bienes tasados a precios locales comienzan a experimentar una severa distorsión que impide el ejercicio, disposición e intercambio sobre aquel fruto del esfuerzo propio, sometido a permanentes saltos y variaciones, especialmente en países como Venezuela que además padece los efectos nocivos de un control de cambios y de precios.

Considerando este escenario, CEDICE-Libertad, en alianza con diversas organizaciones internacionales, llevó a cabo el foro ¿Ha llegado el tiempo de dolarizar? democratización de la moneda: opciones para Venezuela en donde se presentaron algunas propuestas para reducir los efectos del resquebrajamiento del bolívar y el aumento acelerado de la pobreza a nivel nacional, sobre todo en aquellas personas de menores recursos, quienes experimentan las consecuencias directas de la inflación de precios. Entre los variados temas tratados por el grupo de invitados nacionales e internacionales, se discutió acerca de cómo los derechos de propiedad se ven directa e indirectamente afectados por las marcadas alteraciones de nuestra moneda, debido a que el Banco Central de Venezuela (BCV) continúa engrosando el ya extenso período de impresión de dinero incontrolable que mantiene como política desde ya hace varios años, sin contar con ningún tipo de respaldo internacional y ante los graves problemas de índole fiscal –financiamiento- que atraviesa el Estado.

En la actualidad, el reducido número de empresarios y pequeños comerciantes que con grandes sacrificios continúa operando en el país, resienten los efectos de una confiscación de su propiedad como resultado de la caída acelerada del bolívar y la falta de acceso a divisas, lo cual reduce aceleradamente las posibilidades de adquisición de materias primas –importaciones- y, por consiguiente, la reposición de inventarios por parte del sector privado para cumplir con sus actividades de producción y comercialización, sumado a la constante modificación de la estructura de costos a los que se ven forzados para satisfacer las exigencias legales previstas en la Ley de Precios Justos (LOPJ).

Así, el resultado derivado de la combinación entre una fuerte política inflacionaria y otra basada en los controles es la escasez de productos y la intervención sobre los derechos de propiedad, transfiriendo la capacidad de cálculo y el destino de los recursos de cada venezolano hacia un gran administrador que sustituye al propietario en lo que respecta al uso y aprovechamiento de su patrimonio, aun cuando formalmente este último mantenga una titulación sobre cualquier bien que le pertenezca. La emisión de dinero injustificada de los últimos años ha hecho que el bolívar pierda valor –recordemos que la moneda juega un papel esencial en el proceso de transacción de derechos de propiedad entre las personas, su deterioro genera una desplome del ahorro y de la confianza para hacer negocios e inversiones- y se convierta en un símbolo de las privaciones que vive cualquier ciudadano común, muy contrario a la concepción que debería existir sobre la moneda, como producto cultural del hombre sobre la que descansa el respaldo de parte su producción individual y social.

En este sentido, propuestas como la del foro Dolarización de la economía, sumada a cualquier otra que pueda originarse para disminuir o, más importante, transformar esta realidad (como por ejemplo, la vuelta al patrón oro y desde luego el libre acceso a cualquier moneda), urgen en el debate público nacional, que estén dirigidas a sustraer el monopolio de la moneda local de las manos del Gobierno nacional y devuelva la confianza a los usuarios de la misma -los venezolanos- para realizar los intercambios y movimientos de su preferencia haciendo uso de su legítima propiedad, así como rescatar el concepto y función que la libre empresa posee para mejorar la calidad de vida de las personas, sin restricciones arbitrarias más allá de las establecidas bajo un sistema donde impere el Estado de Derecho.

CARLOS HERRERA – INVESTIGADOR OBSERVATORIO DERECHOS DE PROPIEDAD
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