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El Estado no tiene derechos

Por: Marisol García Delgado

Ya es usual ver y escuchar agradecimientos por cualquier obra o servicio gubernamental, sea nacional, estadal o municipal. Presidentes, gobernadores y alcaldes se miran y se hacen ver como benefactores, dadores, proveedores, mientras los ciudadanos se sienten y perciben cada vez más débiles y sumisos frente al poder. La autoridad siembra de propaganda a todo el país, invade nuestra privacidad, atenaza nuestra vista y oídos con cada mención de su nombre, de su obra, de su servicio, de su buenaventuranza, magnanimidad, bondad o caridad infinitas. Autoridades a quienes nosotros, todos los ciudadanos, que no se nos olvide, les debemos eterna gratitud, lealtad, fidelidad y honras. ¡Por favor!

Pareciera, por cierto, que la tardanza, la mora, la desidia, la incapacidad por años demostrada, es una fórmula infalible para arrancarle al pueblo la mayor sensación de felicidad y gratificación posibles: ¡agua! ¡vivienda! ¡educación! ¡beca! ¡pensión! ¡empleo! Gracias Presidente, Gracias Gobernador. Gracias Alcalde. El asfaltado de una calle, la recolección de la basura, la obtención del pasaporte, el registro de una empresa o cooperativa, el préstamo aprobado, la beca, el servicio de salud, la sentencia en un juicio, son actos de auténtica gracia gubernamental.

Como el Estado está para protegernos y concedernos favores, la retahíla de derechos que consagra la Constitución quedan reducidos al “si-me-da-la gana” del gobernante o funcionario de turno, o condicionados a las demostraciones de fe que haga el ciudadano. A la vista está que en este país el Estado otorga derechos, premia a periodistas –agudo contrasentido- da y quita concesiones, confiere condecoraciones, provee salud, calma la sed, atiende peticiones. Y si no cumple, o por pura casualidad se demora, se le implora que oiga al pueblo con la misma devoción que a cualquier miembro del santoral. Por eso a diario oímos que hacer o deshacer, dar o negar es “un derecho del Estado”.

No extraña, entonces, que el Estado de Derecho haya devenido en un Estado con Derechos. La diferencia entre uno y otro no es pequeña. Tiene el significado más importante para los tiempos actuales y futuros, porque la partido-dependencia, la cultura de la escasez, la figura del líder caudillo, la explotación de la esperanza y la miseria para apuntalar la acción caritativa y justiciera del Gobierno, han ocasionado que en este país no sea la religión, sino el Estado el opio del pueblo.

Esta tradición política bien amalgamada, pérfida y criminal, necesita desmontarse rápidamente: el Estado no tiene derecho a nada. El Estado sólo tiene obligaciones, deberes, responsabilidades para con sus ciudadanos. El Estado no otorga derechos, está obligado a respetarlos y hacerlos respetar. Todos los bienes pertenecen a la sociedad. El Estado no puede conceder lo que no es suyo, simplemente los distribuye bajo determinados parámetros legales. El Estado representa a la sociedad, no puede suplantarla y está obligado a oír y acatar sus órdenes y dictados.

Sin embargo, los políticos del Gobierno y de la oposición no cesan en promover y alimentar esa insana relación Estado-sociedad. Una relación perversa, dañina para los ciudadanos y para los propios líderes. El Estado sólo tiene derechos frente a los demás Estados, como representación de un pueblo asentado en un territorio determinado. Pero con relación a sus ciudadanos, jamás, ningún derecho tiene el Estado. Ninguno.

La verdad es que el Estado con Derechos frente a sus ciudadanos no existe. Afirmar que el Estado tiene derecho a hacer esto o lo otro es una aberración jurídica. Un abuso, un atraco, una confiscación de los derechos ciudadanos. Lo que existe es el Estado de Derecho, primero, para diferenciar al Estado de los gobernantes, que siempre se han empeñado en hacernos creer que es lo mismo; y segundo, para someter la autoridad al Derecho, es decir, para obligar al gobernante a realizar sólo lo que la Constitución y las leyes le ordenan.

En el Estado de Derecho, la autoridad, los políticos, el Gobierno nacional, estadal o municipal, están obligados a obedecer y servirle a la sociedad conforme a la Constitución y las leyes. En el Estado de Derecho la soberanía popular es intransferible. El poder jamás se transfiere al líder o al gobierno. Por eso, el Estado con Derechos no existe, lo inventaron unos cuantos vivos para alzarse con la mecha y el candil. Para ganar billetes e indulgencias con el escapulario nuestro. cedice@cedice.org