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El gobierno intenta “capitalizar las necesidades de los venezolanos”

El gobierno dentro de su estrategia de imponer un modelo ideológico intenta “capitalizar las necesidades de los venezolanos” con leyes de carácter populista que a largo plazo perjudican al sector que intenta ser beneficiado. Esa es la conclusión de laMesa de Análisis ¿Leyes para el sector habitacional? ¿Propiedad o concesión? ¿Quienes Ganan, quienes pierden?

En Mesa de análisis organizada por el Observatorio Económico Legislativo de CEDICE Libertad, que se realizó este miércoles 05 de Mayo de 2010, se analizaron temas relacionados con las nuevas leyes dirigidas al sector habitacional. Francisco Neri, Presidente de la Cámara Inmobiliaria y Roberto León Parilli, Presidente de Anauco, junto a Felipe Benites de Liderazgo y Visión detallaron el costo-beneficio del Proyecto de LEY DE PREVENTA DE VIVIENDAS EN PROCESO DE CONSTRUCCIÓN O AUN NO CONSTRUIDAS resaltando las implicaciones de tipo social y económicas que representa la implementación de estas nuevas leyes, que constituyen “reglas de juego” que parecieran beneficiar a un sector de la población, en este caso compradores de viviendas, pero que a la larga perjudicará tanto a productores o promotores como a consumidores, disminuyendo la posibilidad de acceder a viviendas dignas.

En su presentación, Francisco Neri hizo énfasis en los artículos 10 y 11 que referidos a las rescisiones de los contratos. Allí se establece que el promotor no podrá rescindir unilateralmente el contrato de preventa a menos que el comprador incumpla por más de 90 días en las cuotas de pago previstas por el contrato, más sin embargo, el comprador sí podrá rescindir unilateralmente del contrato a pesar de no existir causa imputable al promotor. Igualmente señaló el peligro del artículo 20 que establece que los organismos competentes podrían declarar intervenida una obra cuando exista alguna interrupción que perjudique a los compradores y la culminación de la obra pasaría a manos de dichos organismos públicos, considera está normativa como una inherencia más del gobierno en los asuntos de los privados.

Señaló que las dificultades actuales para acceder a una vivienda digna son resultado de la volatilidad de los precios y la inestabilidad económica que tienen efectos en la estimación de costo de producción exacto al inicio de cada proyecto. Neri concluye que para incrementar la producción de viviendas sería necesario bajar la inflación a un digito de manera que sea posible una planificación previa. Considera que asegurar el derecho a la propiedad es fundamental para el buen desarrollo del sector inmobiliario.

Por su parte, Roberto Leon Parilli, señaló que con leyes como las analizadas el gobierno procura aumentar la dependencia del Estado por parte de los consumidores. El gobierno dentro de su estrategia de imponer un modelo ideológico intenta “capitalizar las necesidades de los venezolanos” con leyes de carácter populista que a largo plazo perjudican al sector que intenta ser beneficiado. Considera importante que todos los sectores se unan en recomendaciones conjuntas para el rescate del país.

Finalmente, Felipe Benites, destacó que la propiedad social, promovida particularmente en la Ley de Asentamientos Urbanos, no es tal, puesto que termina siendo propiedad estatal, con la concentración de poder que ello implica.

Caracas, 06 de mayo de 2010

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