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El imperio de la Ley

Con el 38% de los votos emitidos, Daniel Ortega Saavedra -el conocido comandante sandinista que ocupó el poder durante más de 10 años- logró la presidencia de Nicaragua en las elecciones del 5 de noviembre pasado.

El imperio de la Ley

Por: Carlos Sabino

A pesar de que el total de votos recibido estuvo obviamente muy lejos de la mayoría absoluta, Ortega no necesitó de una segunda vuelta para llegar a la presidencia: según la reciente reforma constitucional aprobada en ese país centroamericano y puesta en vigor, por primera vez, para esta elección, quien obtuviera el primer lugar en los comicios podía ser proclamado vencedor si obtenía más del 40% de los sufragios totales o menos aún, apenas un 35%, si lograba una diferencia de 5% o más que su inmediato competidor. Extraños estos números, ¿verdad?

Las segundas vueltas electorales, tan comunes ahora en América Latina que muy pocos países –como México y Venezuela- no las han incorporado a sus sistemas políticos, se han creado para evitar que alguien pueda llegar a la presidencia de un país con un escaso apoyo popular en condiciones en que el voto se haya dividido entre varias fuerzas políticas. Al tener que realizarse una segunda vuelta con los dos candidatos más votados –como es usual- el electorado tiene tiempo de reflexionar, de realinear sus preferencias, de poner en contacto sus deseos y aspiraciones con la realidad del país en que se encuentra. Se evita así la emergencia de gobiernos débiles, con escaso apoyo partidario o ciudadano, que pueden acercarse a situaciones de inestabilidad o de ingobernabilidad, como las que tuvo, por ejemplo, el ex presidente venezolano Rafael Caldera a fines del siglo pasado.

La curiosa reforma nicaragüense no ha tomado en cuenta ninguna de estas consideraciones: si Ortega puede darse por satisfecho con el 38% que ha logrado, porque es la votación que normalmente obtenía su partido en elecciones anteriores, los candidatos derrotados, en cambio, tienen razones para sentirse defraudados por un sistema que les ha negado la victoria: si se suman los votos obtenidos por Montealegre (Alianza Liberal, 30%) y por Rizo (Partido Liberal Constitucionalista, 26%) podemos apreciar que Daniel Ortega se encuentra en minoría ante las fuerzas de centro derecha, tanto en el voto popular como en el congreso. Su gobierno, por lo tanto, resultará debilitado y tal vez comprometido por esta circunstancia, ya que una clara mayoría del país no se siente representado por su controversial figura.

¿Por qué se ha llegado a esta situación, poco común en verdad, y hasta sorprendente para muchos? La principal razón es que la reforma constitucional mencionada provino de un pacto que realizaron los sandinistas y el PLC para impedir el triunfo de Montealegre y lograr el perdón para el ex mandatario Alemán, de este último partido, que ha sido condenado a una larga pena por comprobados cargos de corrupción. Conociendo los datos de pasadas elecciones y las predicciones de las encuestas estos dos grupos políticos se unieron para aprobar un sistema electoral diseñado a la medida para lograr el triunfo de Ortega pues, de haberse realizado una segunda vuelta, el veterano comandante seguramente hubiese perdido ante los votos conjuntos del electorado que se le opone. Pero ahora, por cierto, nadie podrá quejarse: todo se ha hecho conforme a la ley, respetando escrupulosamente su letra, y nadie podrá reclamar ahora contra el triunfo del discutido líder socialista.

Lo ocurrido en Nicaragua es un buen ejemplo de lo que sucede en casi todos los países de América Latina: se respeta la ley, no cabe duda, pero la ley es deficiente, a veces absurda, casi siempre elaborada con deliberación para favorecer a ciertas personas, partidos o grupos de interés. El imperio de la ley (el “rule of law” del cual se sienten tan orgullosos los anglosajones) es en nuestras tierras una burda caricatura gracias a la que se usa el poder del estado para favorecer o exculpar a ciertas personas. Es sólo una forma refinada de despotismo que sirve para que –desde el poder político- se puedan avasallar los derechos básicos de los ciudadanos. La politización de la justicia y la arbitrariedad de las leyes nos sitúan muy lejos de alcanzar el Estado de Derecho que resulta indispensable para nuestro progreso.