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“El papel del Estado es evitar que se concentre el poder” Isabel Pereira

Hubo un germen en el nacimiento de la democracia criolla. Una tara genética incrustada en lo que, para muchos, fue el último contrato social de Venezuela: el Pacto de Punto Fijo de 1958. Una falla de origen que, paradójicamente, acompañó el gran acuerdo nacional de enrumbar al país hacia un proceso democratizador y de desarrollo económico y social. Era pues, el nacimiento de una era que llevaba en sus entrañas el germen de su propia destrucción: el estado como dueño y señor de la propiedad.

Esa mácula con la que inició la era democrática en Venezuela fue la lluvia que arrastró todos estos lodos: ese proceso de deterioro profundo de la institucionalidad y de manejo discrecional de recursos no para servir a los ciudadanos, sino para controlarlos en nombre de un proyecto político cuyos signatarios solo apuntan a mantenerse en el poder.

Esa es la premisa de la que parte la doctora en Sociología, Isabel Pereira, en su libro La quiebra moral de un país, hacia un nuevo contrato social, en el que expone cómo el Puntofijismo, desde su génesis, sembró en sus bases el caldo de cultivo perfecto para la asunción de un proyecto totalitario que se sirviera del poder económico para garantizar su dominio absoluto del Estado venezolano.

Pereira explica que los inicios de la democracia, si bien trajeron consigo la creación y el desarrollo institucional, el crecimiento económico, la movilidad social ascendente y la modernización del país, también iba creciendo, en paralelo, la fortaleza de un estado que era dueño de todo; en un país donde hablar de petróleo es hablar de todas las riquezas.

“Esa fue la gran falla del contrato social de 1958, porque todo el poder económico estaba en manos del Estado y por eso era el gran receptor de la renta petrolera. Si tú recibes la renta tienes la posibilidad de distribuirla, ahora si eres tú mismo el que tiene el poder político ¿quién te dice a ti cómo distribuir la renta? ¿Cuál es el modelo de distribución más justo? ¿Quién te obliga a ejecutar ese modelo de distribución más justo, más allá de tus propias interpretaciones e intereses o de grupos determinados?”, cuestiona la socióloga.

La democracia creció, efectivamente. De eso no duda Pereira. Pero en la medida en que la democracia crecía también lo hacía el poder del Estado. Un Estado dueño de la renta petrolera, que al distribuirla se convertía en el gran motor de la sociedad.

“No era una sociedad donde los ciudadanos participaban del desarrollo económico con libertades. La apertura a la participación económica no estaba abierta, sino que estaba condicionada a unas ciertas lealtades que me daban el acceso a la renta. Ese era el gran cuello de botella insalvable de este modelo, muy parecido al de los países socialistas comunistas, donde el Estado es la gran maquinaria”. De ahí surgió todo.

Era cuestión de tiempo. La falla de origen del “estado betancouriano” fue la condición perfecta que encontró el gobierno de Hugo Chávez para iniciar su tránsito hacia la instauración -a su juicio- de un modelo totalitario, donde el Estado sería no solo el dueño de la renta petrolera, sino de los medios de producción alternativos que, mal que bien, habían prosperado en los 40 años anteriores.

“Quizás su aspiración en un principio no era instaurar el comunismo en Venezuela, pero fueron girando hacia eso progresivamente y en muy poco tiempo. Entonces, cuando ellos se plantean la implantación del comunismo, de que hay que destruir la propiedad privada y expropiar a los ciudadanos, de hacer que la sociedad gire alrededor del Estado, se dan cuenta de que el mejor instrumento que tienen es el poder político y los recursos fiscales”.

– ¿Cree que esa tara genética pudo haberse evitado sabiendo que Venezuela no contaba con una institucionalidad lo suficientemente desarrollada y robusta como para democratizar los recursos?

– El gran reto de los partidos políticos era que a partir de esos inicios de la democracia, poder virar esa tara para que en realidad sean los ciudadanos los actores y no el Estado. Pudo haber sido si el liderazgo nuestro hubiera comprendido que ese cambio había que darlo porque eso era cederle poder a los ciudadanos. Porque, si yo pluralizo la sociedad y abro las puertas para que sean los venezolanos los que inviertan en la empresa petrolera, sin crear monopolios no estaríamos donde estamos hoy.

Yo creo que fue una respuesta a una coyuntura histórica, porque Gómez ejercía un manejo de la industria petrolera muy discrecional, y los que se enriquecían eran él y sus amigos. Frente a eso, la generación del 28 se planteó acabar con eso y crearon la consigna: ‘ni una concesión más a particulares’, para referirse a los grupos de poder alrededor del Estado. Entonces el Estado era el dueño del petróleo.

Ese viraje pudo haberse hecho en corto plazo, mientras se constituía un músculo económico para que los venezolanos participaran en el desarrollo de esa industria y que fuesen ellos los que manejaran el negocio, pero no fue así, el Estado siguió siendo el dueño de todas las riquezas. El único intento que hubo para mejorar ese contrato social fue en los años 80 con la descentralización.

– ¿Qué falló en ese proceso de descentralización?

– Falló algo fundamental, que no apuntaron al corazón del contrato social, sino que dijeron ‘vamos a redistribuir las funciones administrativas del Estado’, pero el modelo de propiedad ni siquiera fue tocado, y a los venezolanos lo que había que comenzarles a plantear era que el modelo de propiedad pública había que cambiarlo. Al final lo que se cambió fue la forma y no el fondo. Los estados recibieron una gran oxigenación, la gente comenzaba a sentir más participación cuando elegían sus alcaldes y gobernadores, pero las bases del contrato seguían sin ser tocadas. Por eso vemos ahorita que sí podemos elegir los gobernadores, pero el poder central le puede quitar los recursos. Yo te puedo ganar las elecciones, pero el poder ejecutivo te puede comprar o quitar el poder, te puede neutralizar…

Por eso hablamos de ruptura, porque lo que propone el gobierno no tiene una salida, es inviable. La historia lo ha demostrado y lo estamos viendo ahorita: no podemos exportar, la salud está en crisis, también la educación, la seguridad, cada día hay menos empleo, y hay menos empleos de calidad… hablamos de quiebre moral por eso: porque el Estado utiliza los recursos del pueblo para mantenerse en el poder en lugar de solucionar los problemas. ¡Están tratando de comprar al diputado 99 para tener más poder!

Ese poder -explica la doctora en sociología de la Universidad Panthéon-Sorbona, en París- fue el que alimentó las raíces del populismo en Venezuela, al implementar un sistema de repartición discrecional de la renta petrolera en nombre del reconocimiento de unos derechos que, según el “mito”, fueron arrebatados a los ciudadanos. De ahí el origen de los muchos Robin Hood que la autora maneja en su publicación.

“Eso que hizo Maduro hace poquito: ‘le voy a meter 100 millones de dólares al Sicad para la cuestión cambiaria’, como si ese dinero se lo estuviese sacando de su bolsillo. Eso no es de él, eso le corresponde administrarlo a las instituciones, ese dinero es de todos los venezolanos”, comenta Pereira, señalando además que el modelo “revolucionario” está llegado a su fin.

– ¿Cree que la ciudadanía piense de esa forma?

– Eso es lo que estamos buscando con este libro, que la gente entienda que este modelo no tiene salida. Los venezolanos tenemos que mirar hacia el futuro, y esa es la segunda parte del libro.

Cuatro pilares

Isabel Pereira, autora de La quiebra moral de un país, hacia un nuevo contrato social, propone 4 grandes pilares para un nuevo acuerdo de país, y el primero de ellos, sin ningún tapujo, es aceptar que Venezuela es y seguirá siendo un país capitalista. Que nunca lo ha dejado de ser, pero que ahora debe acercarse a una visión humanista del capitalismo.

“Eso es lo que se está haciendo en los países más desarrollados del mundo, que no solo el tema de la renta, que un grupo económico se va a hacer más rico, sino que haya esas mismas oportunidades para todos. Que Venezuela pase de ser un país propietario a un país de propietarios”.

– ¿Incluyendo la empresa petrolera?

– ¡En todo! Como están haciendo los mexicanos, en Brasil, en Suecia… el Estado está pluralizando la industria. Que 10 ingenieros se unan, reúnan un capital e inviertan en la industria petrolera, que compren acciones en la industria petrolera. Es una tesis controvertida por esa demonización del capitalismo. Porque van a decir que vamos a defender a los ricos, pero no, ¡estamos defendiendo las oportunidades de los que no tienen!

– ¿Cómo se representan esas oportunidades de los que no tienen en un grupo de particulares?

– Es que ese es el reto de crear un capitalismo humanitario, como se ha creado en buena parte del mundo. Donde nosotros podemos ser una enorme sociedad de clase media, que avance en todos los campos y que ellos participen en la generación de riquezas del país. Donde el papel del Estado sea regular que no existan monopolios, que no sean cinco millonarios los que se apoderen de todo, sino abrir un espectro de participación donde incluso el Estado promueva la participación de grupos medianos y pequeños.

– ¿Eso evitaría la instauración de un Estado totalitario?

– Es que ese es el papel del Estado: evitar que se concentre el poder. Por eso el segundo pilar de la propuesta es la descentralización: que el Estado ceda poder a los ciudadanos, a los estados, para que ellos tengan la capacidad de administrarse, porque la renta no va a estar concentrada en uno solo sujeto, sino en muchos que van a generar riquezas.

Desconcentrar el poder

La descentralización como pilar del nuevo contrato social -explica la socióloga egresada de la UCV- no solo es en lo económico, sino en lo político. Señala que ahora, si bien hay elecciones regionales, se dan para bajo presión, para evitar el recorte de un subsidio o para no perder un contrato con el gobierno, que sigue aportando jugosos dividendos. Esto pasa necesariamente por un fortalecimiento de las instituciones públicas.

El tercer punto de la agenda, relacionado con los dos anteriores, es emprender una cruzada contra los monopolios, especialmente en el sector público, para evitar la reproducción del sistema subsidiario y rentístico que, a su juicio, ha llevado a la quiebra a todas las empresas del Estado.

“Esto es muy controversial porque la gente nos dice ‘¿van a privatizar?’ ¿Y qué es privatizar? Que la gente pueda tener empresas pequeñas medianas o grandes, que haya una desconcentración del poder económico. Que haya miles de empresas para que sean miles los que puedan generar riquezas”, explica.

Esa generación de riquezas es la que lleva al último punto del nuevo contrato: la lucha contra la pobreza. La pluralización del poder económico debe servir para que las personas de menos recursos, lejos de conformarse con el subsidio del Estado, tengan oportunidades para generar sus propios ingresos y hacer que la elevación de su calidad de vida dependa de ellos mismos, y no de lo que pueda entregarle el Estado. Dicho en otras palabras: es generar oportunidades para que los pobres no reciban el pescado, sino dotarlos de todas las herramientas necesarias para que aprendan a pescar… y que pesquen.

Una tesis pos-liberal

Aclara que su tesis no es un reducto del capitalismo clásico, ni mucho menos, del neoliberalismo. Recalca que se trata de un “capitalismo mucho más humano”, ajustado a la moral, que aprendió de sus errores históricos y que orienta sus esfuerzos hacia la dignificación del ciudadano: alfa y omega de toda su propuesta. Si pudiera ubicarla bajo una etiqueta diría que se trata de una idea pos-liberal.

– No es liberalismo, porque tú puedes confinarlo simplemente a un dominio económico y político, y este es social, cultural y humanitario y esta es la lucha moral que se está dando en el mundo.

Pereira habla de capitalismo sin complejos. Como inmunizada contra el bombardeo ideológico de un gobierno que no ha escatimado esfuerzos en demonizar este modo de producción. “Capitalismo esto”, “capitalismo lo otro”, se les oye decir, ante una población que, al votar por ellos, pareciera respaldar su repudio al capital y la plusvalía.

– ¿Venezuela está preparada para pasar de un modelo de Estado que ha demonizado al capitalismo y que, de alguna forma u otra, le ha dado participación y empoderamiento a la gente, para ir hacia esta propuesta que plantea incluso la privatización del petróleo?

– El gran beneficio que hemos recibido en las últimas décadas ha sido la construcción de una conciencia democrática. ¿Cómo puedes entender que en una sociedad donde el Estado controla todo sea cada vez más la gente que vota por la democracia? En cada elección vemos que el gobierno está retrocediendo y nosotros estamos creciendo.

– ¿Cuándo Venezuela ve la luz de un nuevo contrato social?

– Ese es el trabajo que tenemos por delante. Yo lo que propongo es que comencemos a transitar ese camino y reflexionar. Tenemos que relanzar las instituciones, incluyendo los partidos políticos.

– ¿Y cómo se logra eso?

– Ese es el trabajo de los ciudadanos. ¿Cómo hacemos para tener instituciones que defiendan nuestros derechos en lugar de funcionarios puestos por un partido político. Tenemos que apostar a partidos políticos que apuesten por la reconstrucción de la democracia sobre bases pos-liberales, de humanismo, capitalismo, de propiedad de los ciudadanos, de libertades, de emergencia de la clase media y de un estado que esté al servicio de los ciudadanos.

 Producir para ser rentables

La descentralización, a los ojos de la socióloga Isabel Pereira, también significa que cada región tenga la capacidad de desarrollarse según su camino. “¿Qué va a pasar con Guayana? ¿Qué van a hacer con esas empresas básicas arruinadas? ¿Le van a seguir metiendo plata o van a cambiarlas? ¿Qué va a pasar con un monstruo como Sidor, que es inoperante, que está dando pérdidas, que la nómina está subsidiada?”, cuestiona.

– ¿Debería privatizarse Sidor?

– Plantearse nuevas formas de pluralización. Que los trabajadores se organicen, que se conviertan en accionistas, pero que también sean accionistas algunos grupos…

– Pero eso se planteó. Ahí estaban los accionistas clase B

– Pero eso era un modelo particular en el que se intentó favorecer a un grupo. Se trata de pluralizar en la esencia. Abrirse. Este modelo en las empresas básicas de Guayana no funciona y ahí está el resultado, son unas empresas subsidiadas en lugar de producir riqueza, y cuando firman contratos colectivos eso es pan para hoy y hambre para mañana, porque ¿cómo hace el Estado para pagar esos beneficios si las empresas no están produciendo?

ENTREVISTA A ISABEL PEREIRA ― CORREO DEL CARONÍ

Escrito por: Ramsés Ulises Siverio
rsiverio@correodelcaroni.com