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El socialismo también tiene cara violenta. Andrea Rondón

El socialismo también tiene una cara violenta, porque las desacertadas políticas que se adoptan en materia económica que conllevan a escasez e inflación, igualmente conllevan a situaciones de crisis y tensión en las calles que Gobiernos con estas características no atienden desde la raíz del problema sino atacando a la gente con sus ejércitos.

Recordemos que el Gobierno del presidente Allende tuvo un origen democrático pero devino en una tiranía al desconocer el Estado de Derecho y las libertades individuales. En esos 3 años de Gobierno hubo graves abusos y violaciones a los derechos humanos en nombre de una ideología colectivista, que están ampliamente documentados (Orígenes de la Violencia Política en Chile. 1960-1973, Instituto Libertad y Desarrollo, Santiago, 2001 y Los Hechos de Violencia en Chile: del discurso a la acción, Instituto Libertad y Desarrollo, Santiago, 2003).

Lamentablemente en Venezuela estamos viviendo una situación similar, y es más lamentable porque próximamente se cumplirá un año más de los infortunados incidentes del Caracazo, hechos que significaron luto para muchas familias, hechos que significaron pérdida de vidas, hechos que significaron proyectos de vida truncados, en fin, hechos que deben significar un constante recordatorio para que no se repitan.

Tampoco se debe olvidar que gracias al arduo trabajo del Comité de Familiares de las Víctimas de los sucesos ocurridos entre el 27 de febrero y los primeros días de marzo de 1989 (COFAVIC) la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictó la sentencia que establece las reparaciones que el Estado venezolano debe efectuar por las violaciones cometidas y lo insta a adoptar las medidas necesarias para formar y capacitar a los miembros de sus cuerpos armados y de sus organismos de seguridad sobre la protección de los derechos humanos y sobre los límites a los que debe estar sometido.

Pero en lugar de aprender de nuestra historia, ¿con qué nos conseguimos hoy en día? En el caso específico del Caracazo no se han determinado las responsabilidades individuales; no se ha dictado ni una sentencia condenatoria; no se han cumplido con la mayoría de las reparaciones que suponen actuaciones por parte del Estado dirigidas a evitar que estos hechos se repitan.

En materia de derechos humanos en general la situación no es diferente. El pasado 27 de enero el Ministerio de la Defensa dictó la Resolución No. 008610 “Normas sobre la actuación de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en funciones de control del orden público, la paz social y la convivencia ciudadana en reuniones públicas y manifestaciones”.

Retóricamente en la Resolución se invoca el “respeto y garantía al derecho humano a la vida como valor supremo”; “ponderación de los derechos humanos y garantías”; “protección de las poblaciones en situación de vulnerabilidad”; etc. Pero la Resolución tiene un grave problema de origen y es tratar de regular la actuación de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana para controlar el orden público, la paz social y la convivencia ciudadana en reuniones públicas y manifestaciones.

Justamente lo que motivó las graves violaciones al derecho a la vida, a la integridad física y a la libertad personal del Caracazo fue el uso del Ejército para funciones para las cuales no está diseñado. El Ejército, si es que debemos tolerar su existencia, es para combate de verdaderas situaciones de guerra, pero no para controlar a la población, para lo que existen otros órganos de seguridad como las policías municipales.

Si lo anterior es grave y contrario con los Tratados Internacionales, este Gobierno no hace nada a medias para lo que le interesa y estableció en la Resolución, específicamente el artículo 22, numeral 7, que ante una situación de “riesgo mortal”, el funcionario “aplicará el método del uso de la fuerza potencialmente mortal”.

Si lo del Caracazo fue una verdadera tragedia, actualmente están dadas las condiciones, incluso legales, para que puedan perderse muchas más vidas. Por experiencia propia puedo decir que los familiares y todo el personal que integra COFAVIC están marcando una diferencia en la vida de muchos que han vivido situaciones similares (Caso Montero Aranguren y otros 1992; Caso Blanco Romero y otros vs. Venezuela 1999; Caso Luis Uzcátegui y otros vs. Venezuela 2003; Caso Familia Barrios 2011), porque lamentablemente las violaciones al derecho a la vida, a la integridad personal y a la libertad individual se han incrementado los últimos años.

En fin, no podemos más que afirmar que esta Resolución es una cara más, la violenta, de lo que hemos visto por más de una década en la que el Estado reclama más espacios para sí y menos espacios para los individuos, todo lo cual se traduce en fuertes restricciones a las libertades individuales (civiles, políticas y económicas); ausencia de independencia de un Poder Judicial que es el llamado a garantizar los derechos y libertadese impunidad. Tal parece que sí puede existir una guerra después de todo, pero iniciada y aupada desde otro lado que no es precisamente el que señala el Gobierno.

ANDREA RONDÓN GARCÍA* | NOTITARDE
TRINCHERA LIBERAL

(*) Doctora en Derecho de la UCV. Profesora de la UCAB y UNIMET. Miembro del Comité Académico de CEDICE.