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En Venezuela, todas las empresas corren el riesgo de Kimberly Clark

La expropiación directa podría definirse como una indemnización mediante pago justo ante la afectación de la propiedad privada (específicamente la transferencia de la titularidad) por causas establecidas por el legislador. Pero esta no es la única forma de afectación de la propiedad, porque medidas arbitrarias e injustificadas pueden afectar este derecho aun sin la transferencia de la titularidad.

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Podría decirse que esto último es lo más común en Venezuela. De acuerdo con las más recientes estadísticas, en Venezuela se han registrado 9 expropiaciones, 13.887 multas a comercios, 65.433 fiscalizaciones, 219 ocupaciones temporales e intervenciones, 296 comisos y 28.000 empresas cerradas.

 

A continuación un breve reporte de la situación actual en Venezuela: Medidas de ocupación temporal

 

2014

Mediante Resolución DM/N° 074 del 29 de octubre de 2014, el Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social del Trabajo, con fundamento en el artículo 149 de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras ordenó “La ocupación inmediata de la entidad de trabajo Clorox de Venezuela S.A.” y designó una Junta Administradora Especial.

 

Esta medida fue decretada inmediatamente después que la empresa anunciara la paralización de sus operaciones por las difíciles e inciertas condiciones del país, que como veremos, afectan a toda empresa que ejerce actividades económicas en Venezuela.

 

2015

Con ocasión de la fuerte escasez e inflación en el país, a través de diversos organismos públicos se han dictado una serie de medidas en contra de reconocidas cadenas de farmacias y alimentos. A comienzos de 2015 fueron varios los casos de atropello a la propiedad privada. Solo tomemos por ejemplo Zuly Milk, empresa con más de diez años de experiencia en la comercialización de productos lácteos y derivados, que posee su propia fuerza de venta y red de transporte, así como también una planta procesadora y envasadora de leche en polvo en donde envasa sus propias marcas comerciales.

 

En el mes de enero de 2015, funcionarios de la Superintendencia Nacional de Gestión Agroalimentaria (SUNAGRO), durante una inspección en las instalaciones de la empresa detectaron algunas supuestas inconsistencias entre los inventarios físicos y los efectivamente registrados en el Sistema Integral de Control Alimentario (SICA). La Superintendente Nacional de Gestión Agroalimentaria acordó medida preventiva de “Ocupación Temporal con acompañamiento operativo”, de conformidad con lo previsto en el artículo 147, numeral 4 de la Ley Orgánica de Seguridad y Soberanía Agroalimentaria.

 

2016

Recientemente, la empresa de consumo masivo Kimberly Clark anunció el cese de sus operaciones en el país. El pasado 9 de julio, mediante un comunicado, la compañía afirmó:

 

“Esta decisión es tomada después de años en los que la compañía ha procurado hacer frente a complicadas circunstancias más allá de su control, como la inhabilidad para comprar materia prima, lo que en los últimos dos meses ha ocasionado que la mayoría de las líneas de producción cierren, así como la carencia de divisas y el rápido aumento de la inflación”.

 

La respuesta del Poder Ejecutivo fue similar a la del caso Clorox y el Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social del Trabajo ordenó la ocupación temporal con fundamento en la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras.

 

Todas las empresas pueden ser Clorox y Kimberly Clark

Las empresas que operan en diversos sectores potencialmente se exponen a ocupación temporal o pueden ser llevadas al cierre por las adversas condiciones actuales del país. Precisamente a esto último es a lo que deseamos llamar la atención en estos momentos. Algunos podrán pensar que empresas de los rubros alimentos o medicinas. por operar en áreas altamente reguladas y en sectores de primera necesidad, serían el objetivo principal de las medidas antes mencionadas.

 

Pero lo cierto es que si analizamos el caso de Clorox y de Kimberly Clark llegaremos a la conclusión que las empresas que operan en diversos sectores en el país potencialmente se pueden encontrar en ese supuesto o, sin llegar al extremo de la ocupación, pueden ser llevadas al cierre por las condiciones actuales del país, que son adversas a la iniciativa privada, a la libre empresa y a la propiedad privada.

 

En este sentido, conviene recordar que desde el año 2003 existe un control de precios, que aunque no generalizado, ya afectaba a muchas empresas y se empezaron a ver las primeras señales de la escasez de ciertos productos. Ya muchos comerciantes no pueden decidir libremente el precio por el cual comercializarán sus productos.

 

En este mismo año 2003, también se establece el control de cambio –vigente hasta la fecha–, que es aplicado más como política de Estado para ejercer un mayor control sobre los individuos que como una medida económica coyuntural. Ya los comerciantes no pueden importar libremente las materias primas, los productos intermedios o terminados; tienen dificultades para repatriar las ganancias; deben vender al Banco Central de Venezuela (BCV) las divisas que obtengan de sus exportaciones; etc.

 

También consideremos la engorrosa y complicada regulación del día a día de las empresas que deben aplicar la “regulación” del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), del Centro de Comercio Exterior (CENCOEX), de la Superintendencia de Precios Justos (SUNDDE), las Inspectorías del Trabajo, etc. Las empresas también deben lidiar con las tasas y gravámenes establecidos por diversos organismos públicos (ver: ABACHE CARVAJAL, Serviliano y BURGOS IRAZÁBAL, Ramón: Parafiscalidad, Sistema Tributario y Libertad. Academia de Ciencias Políticas y Sociales, Caracas, 2013, pp. 253-330).

 

Luego de más de una década con este escenario es evidente que se afectan las finanzas de una empresa. Con férreos controles de cambio y de precios, en los últimos años las empresas han debido lidiar con una pérdida importante del capital social, que las coloca prácticamente al borde de la quiebra.

 

En los últimos años, las empresas han debido idear innumerables alternativas para retrasar una solución que es inevitable si se mantienen los precios de los productos congelados, si no se otorgan divisas para importar, etc. En los últimos 2 años la situación empeoró irremediablemente. Si ya era difícil para la empresa manejar su contabilidad con el control de cambio y el control de precios, hoy en día, con varias tasas de cambio, la dificultad es mayor.

 

Con los casos recientes de empresas que han cerrado sus operaciones en el país y que han sido objeto de medidas de ocupación por parte del Gobierno, podemos ver una vez más los ataques contra la propiedad privada. En el primer caso, aunque de forma tal vez silente, está igualmente presente la amenaza a los derechos de propiedad. En estos casos, las violaciones contra la propiedad no se concretan solo con las medidas de ocupación, que son las medidas más claras y obvias. Las violaciones a la propiedad privada también se concretan con una aplicación sistemática de políticas (monetarias que generan inflación, por ejemplo) y mecanismos desde las diversas instancias administrativas bajo la forma de criterios “técnicos”, “interpretaciones”, “prácticas administrativas” que se traducen en verdaderos cercos para el desarrollo de la actividad económica de empresas.

 

Política sistemática de desconocimiento de la propiedad privada

Clorox y Kimberly Clark son casos emblemáticos de la política sistemática de desconocimiento de la propiedad privada que se viene aplicando con mayor intensidad desde el año 2007 porque:

 

  • Constituyen un ejemplo de expropiación indirecta. Es decir, se afectan los atributos del derecho de propiedad aunque no se sustituya al titular de este derecho
  • Constituyen un ejemplo de afectación silente de la propiedad privada, porque antes de la ocupación temporal, fueron tantas las compañías llevadas prácticamente a su cierre por la infinidad de regulaciones, que día a día tuvieron que resolver la constante pérdida del capital social y seguir funcionando y produciendo
  • Fueron de las primeras empresas afectadas con el control de precios en el año 2003, que al inicio era para ciertos rubros y hoy en día es generalizado. Lo cual, junto con el control de cambio, afectó negativamente a las compañías y la obligó a cerrar operaciones.

 

Dentro de unos meses, los empleados de Kimberly Clark estarán en las mismas condiciones que los de Clorox, quienes en el año pasado reclamaron aumento de precio de los productos y suministro de materias primas.

 

Estas empresas en manos del Gobierno enseñan lo que está ampliamente documentado y es que “…en el libre mercado el consumidor es el rey, y cualquier empresa comercial que quiera obtener ganancias y evitar pérdidas hace todo cuanto está a su alcance para servirlo con la mayor eficiencia y menor costo posible (…). En la oficina del gobierno el ingreso no depende, como en la empresa privada, del buen servicio al consumidor y de que éste compre sus productos a un precio superior a sus costos operativos. Allí los ingresos provienen del asedio al acoso contribuyente…” (Rothbard, Murray: Hacia una nueva libertad. El manifiesto libertario. Unión Editorial, Madrid, 2013, p. 231).

 

Por Andrea Rondón, Panampost