¿Especulación y acaparamiento?

"Todas las civilizaciones, hasta el presente, se han basado en la propiedad privada de los medios de producción. Civilización y propiedad privada fueron siempre de la mano" - Ludwig Von Mises

¿Especulación y acaparamiento?

Para la sociedad será preferible se redistribuya riqueza y no pobreza

15/06/09

Por: Rafael González

La especulación, como cualquier conducta que pudiera representar un abuso directo hacia los consumidores, tiene una inequívoca solución vía más y mejor mercado y mayor competencia. En contraste, tanto el actual modelo económico como la instrumentación de políticas públicas regulatorias, han lesionado y mitigado el mejor mecanismo autorregulatorio, que permite a los consumidores disciplinar eventuales prácticas abusivas: el mercado libre profundo.

La búsqueda cortoplacista de objetivos de equidad sin ponderar el mediano y el largo plazo, facilita el diseño de políticas públicas que lesionan principios consagrados en la Constitución, como la libertad económica y la propiedad privada, que garantizan los incentivos a favor del despliegue de esfuerzos que implican generación de bienestar, y multiplican sus efectos positivos a lo largo de toda la sociedad. El agotamiento del modelo basado en los preceptos de inmediatez electoral y efectismo político resulta evidente, especialmente cuando se derrumba la renta petrolera y no se resguardan los objetivos e incentivos de mediano y largo plazo de inversión, generación de empleos y bienestar.

Lo anterior resulta lamentable, toda vez que los fines de equidad y eficiencia económica no son excluyentes; por el contrario, un resguardo de la eficiencia económica permite en el mediano plazo, cuando menos, evitar cualquier resultado negativo de una política exclusivamente redistributiva. Para la sociedad será preferible que la riqueza a repartir sea cada vez mayor, es decir, redistribuir riqueza y no pobreza.

Aseverar que la inflación en Venezuela constituye un fenómeno especulativo producto del ejercicio de poder de mercado de los privados, evade la corrección y equivoca el objetivo de la política económica. Las empresas no poseen incentivos irrestrictos para aumentar sus niveles de precios, ni siquiera cuando existe un monopolio natural. A través del mercado siempre se alcanzará un nivel de precios en el cual la pérdida de demanda superará cualquier ingreso adicional sobre la demanda inframarginal. Es así como las políticas disuasivas vía controles y decretos conseguirán resultados pobres en comparación con cualquier política regulatoria basada en incentivos (competencia por el mercado y en el mercado, mecanismos de price-cap, etc.).

En Venezuela desde el inicio de los 90 ha existido un instrumento legal regulatorio que da vida a un ente regulador, facultado y especializado (Procompetencia) en prohibir conductas abusivas como la especulación, el boicot y el acaparamiento. En la actualidad existen dos instrumentos regulatorios que podrían ser aplicados a este tipo de prácticas. Sin embargo, la inclusión de la prohibición de estas conductas en la Ley de Acceso a los Bienes y Servicios no sólo implica un proceso de inflación regulatoria, sino que, igualmente, introduce un instrumento regulatorio distinto a las competencias y objetivos regulatorios no propios de su naturaleza.

La redacción de esta normativa menoscaba la predictibilidad de la norma y resulta contradictoria. Difícilmente, si no imposible, la industria productiva podrá especular con bienes regulados que, por lo general, salen marcados con sus precios fijos regulados desde las plantas de producción. Adicionalmente, estos productores industriales operan en mercados formales tipo pool, no bilaterales, lo que imposibilita que puedan discriminar directamente a los consumidores finales.

En la medida que los controles de precios asfixien a la industria productiva, reduciendo los estímulos a la oferta y a la producción, mayores serán los alicientes para que los informales desarrollen mercados paralelos bilaterales donde prosperen sacando rentas de la escasez. De esta manera la política pública regulatoria lesiona a la sociedad en la medida que destruye eficiencia y oferta, crea demanda insatisfecha y rentas de escasez, donde los productores y los consumidores subsidian a los informales arbitristas.

La dinámica anterior quedó expresada en la sustitución de la Ley Contra la Especulación, el Boicot y el Acaparamiento y la Ley de Protección del Consumidor, por la Ley de Acceso a los Bienes y Servicios, que incluye, Art. 65, el castigo a quien compre productos de primera necesidad con fines de lucro. En los mercados de pool donde operan los industriales y productores difícilmente puede especularse con productos regulados, sin embargo, en el informal bilateral sí, precisamente debido a las políticas públicas.

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