Centro de Divulgación del Conocimiento Económico para la Libertad
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Exclusión por partida doble

La informalidad, las pymes y las cooperativas adolecen de problemas que impiden su desarrollo efectivo y su participación real en la economía productiva. Hasta los momentos, los planes del Gobierno sólo han desarrollado distintas facetas de la economía rentista. El 99% de las pymes posee menos de cuatro empleados, son básicamente familiares, los servicios bancarios a los que acceden son muy restringidos y el apoyo tecnológico casi inexistente.

“El mismo problema de la informalidad ofrece su solución: utilizar la energía inherente de este fenómeno para crear riqueza y cambiar el orden existente”. Esta es, en pocas palabras, la tesis central de Hernando de Soto, reconocido economista peruano que se ha especializado en buscar alternativas para introducir al sistema financiero formal a las millones de personas en Latinoamérica y el mundo que laboran al margen de éste.

En su libro, El otro sendero (1986), De Soto plantea la integración del sector informal a través de una intensa campaña, idealmente dirigida por el Gobierno, de descartar las “malas leyes mercantilistas”, que, según el autor, “buscan regular cada emisión, cada transacción, cada propiedad”. Un arduo proceso de “simplificación” del sistema legal, para permitir un acceso más fácil al mercado, y de “desregulación”, lo que implica un relajamiento de los controles gubernamentales sobre las actividades empresariales, llevaría a la despolitización de la economía y, en consecuencia, se abrirían más caminos para los pequeños emprendedores.

Sin embargo, el problema de la informalidad va más allá de la inclusión de los pequeños empresarios informales al mercado formal. Investigaciones hechas por la Unidad de Análisis y Políticas Públicas de la Economía Informal _adjunto al instituto Cedice Libertad_ y la economista Isabel Pereira, apuntan hacia un problema de fondo en el Estado venezolano, que limita y hasta obstaculiza la entrada de los informales en el campo laboral productivo. Doble exclusión En un estudio titulado Capital umano e Informalidad, Pereira desglosa la situación de los informales en Venezuela y señala como gran culpable del creciente sector informal al esquema de economía rentista que han desarrollado los gobiernos venezolanos, llegando a su máxima expresión durante la actual bonanza de petrodólares bolivarianos. Según Pereira, “la renta petrolera es un ingreso no creado por el país, no tiene en el otro lado del balance la presencia económica del trabajo y del capital. Es un ingreso sin una contrapartida productiva”.

Situación que crea un vacío en la necesidad que tiene el Gobierno de generar empleo para cubrir los gastos corrientes. Pereira se refiere a esto como la “confiscación de las ventajas comparativas en el mercado de trabajo”: al no tener como prioridad la generación de empleo, la ausencia de actividad productiva es financiada por el Estado con gasto social y con la creación de puestos de trabajos excedentarios en el sector público.

Esto crea a su vez, dice Pereira, una doble exclusión de los informales, puesto que al Gobierno no le conviene enfrentar el problema de la informalidad _ésta sigue siendo una fuente de empleo importante, que no genera gastos a nivel social_ y los mismos informales se ven envueltos en un ciclo vicioso, ya que mientras más tiempo pasen en este sector más difícil será su inclusión definitiva en el mercado laboral legal. Solución oficialista La respuesta del Gobierno Nacional al problema de la informalidad ha sido, hasta cierto punto, impulsar la creación de las llamadas cooperativas. Sin embargo, este mecanismo de organización no ha sido utilizado como herramienta para establecer una base empresarial con fines de lucro, sino más bien busca impulsar el nuevo socialismo. En este sentido, las cooperativas bolivarianas rechazan las ideas capitalistas de búsqueda de la riqueza y crecimiento económico.

Carlos Molina, superintendente de Cooperativas, explica, en declaraciones a la prensa, que sus instituciones y organismos adscritos están impulsando el movimiento cooperativista como una estrategia para fomentar el llamado desarrollo endógeno. Cifras de la Superintendencia Nacional de Cooperativas (Sunacoop) estiman que para finales de este año el número de cooperativas podría llegar a 240 mil. La ministra de Economía Popular, Olly Millán, dijo en declaraciones que “nosotros creemos que hay que promover el movimiento cooperativista venezolano para que se convierta en una herramienta importante de transformación de nuestro país. Obviamente es el camino necesario para edificar el proyecto de país que hemos decidido darnos”. De este modo, el sector informal, formado por la mitad de los venezolanos trabajadores (51,7%, según cifras del Instituto Nacional de Estadísticas para 2004), queda rezagado a un segundo plano en las políticas públicas del Gobierno Nacional.

Para Pereira, las cooperativas en sí no son una respuesta errada a la organización laboral, siempre y cuando surja de los propios individuos. El cooperativismo impuesto y financiado por cualquier gobierno es simplemente otra faceta de la economía rentista. Nuevas políticas públicas De Soto plantea la desregulación de las leyes para facilitar el ingreso de los microempresarios paralegales al sector formal. Pereira asegura que, además de esta campaña de simplificación legal, el Gobierno debe impulsar políticas públicas que a largo plazo permitan la movilización social a gran escala del sector informal hacia la formalidad.

Como propuestas para empezar a solucionar este problema, Pereira propone la superación del modelo rentista, a través de la revalorización del trabajador informal y de dar prioridad a la educación en todos los niveles, devolviendo a los ciudadanos la posibilidad de invertir en sectores con ventajas comparativas (salarios fijos, beneficios, seguro social, etcétera). Para esto se necesitaría la concertación de los sectores públicos y privados, más una fuerte inversión en diversos mercados. Para Pereira, “el Gobierno no está proponiendo alternativas dirigidas a solventar el problema de la informalidad”. Hasta que no se cree un consenso nacional que acepte la vigencia de este problema, la informalidad seguirá creciendo de manera incontrolable.

Publicado 14 de mayo Diario El Universal